Durante una rueda de prensa virtual celebrada este 12 de marzo de 2026, tras su actualización oral ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, los expertos Alex Neve y María Eloísa Quintero explicaron que en febrero reiteraron una comunicación oficial y formal dirigida a quien ejerce el mandato de gobierno en este momento.
Al ser consultados durante la ronda de preguntas sobre si Delcy Rodríguez había sido señalada en informes anteriores por crímenes de lesa humanidad, los expertos indicaron no recordar que se le hubiera nombrado de manera particular como presunta autora individual. En su respuesta, explicaron la diferencia metodológica entre investigar a las «instituciones» involucradas y señalar a «presuntos autores».
Sin embargo, frente a esta declaración, es imperativo aclarar que sí existen señalamientos previos explícitos en los documentos de la Misión que la vinculan con el aparato represivo. Las determinaciones de la ONU han establecido claramente la responsabilidad de la Vicepresidencia de la República —cargo que ella ocupa desde 2018— en la supervisión jerárquica y administrativa del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Además, informes anteriores la nombran directamente al documentar cómo recibía reportes de inteligencia sobre opositores y cómo utilizó su cargo para criminalizarlos públicamente.
La conferencia de prensa sirvió para profundizar en los datos expuestos horas antes en la actualización oral, la cual abarcó el período desde septiembre de 2025 hasta la fecha.
Los expertos dividieron su análisis en dos fases, revelando cifras que evidencian que el aparato represivo y las instituciones responsables de los abusos «se mantienen firmemente intactos».
Un dato revelador es que un tercio de estas personas eran familiares de los objetivos principales de las autoridades, una táctica de castigo que ha afectado desproporcionadamente a las mujeres, quienes a menudo realizaron huelgas de hambre esperando información a las afueras de los centros de detención.
Pese a los drásticos cambios políticos de enero, la represión interna mutó, pero no desapareció. La Misión documentó al menos 87 nuevas detenciones posteriores al 3 de enero. Entre estas destacan 14 periodistas detenidos temporalmente mientras cubrían la juramentación de Delcy Rodríguez, y al menos 27 personas apresadas por presuntamente celebrar la captura de Maduro, incluyendo 15 niños. Además, se reportó la detención de unas 30 personas del Cicpc que se habrían negado a falsear evidencias relacionadas con el ataque militar.
Amnistía, presos políticos y el futuro del escrutinio
Otro tema central de la rueda de prensa fue la evaluación de la Ley de Amnistía. Aunque los expertos la valoraron como un paso «positivo» y «alentador», expresaron graves reservas. Advirtieron que la ley se adoptó en un plazo acelerado sin consultas transparentes, excluye a numerosos detenidos y no reconoce la responsabilidad del Estado, tratando a las víctimas como «delincuentes» sin otorgarles mecanismos de verdad o reparación.
El organismo advirtió que cientos de presos políticos, incluyendo al menos 76 personas extranjeras o con doble nacionalidad, siguen encarcelados, y exigieron su liberación «inmediata e incondicional».
A la par, los expertos revelaron que el número de víctimas y personas excarceladas que se están acercando a la Misión para brindar su testimonio se ha incrementado de manera «muy considerable», triplicando sus labores, debido a que sienten un nuevo contexto nacional de seguridad para hablar. También señalaron cómo estructuras represivas como los «colectivos» (grupos armados) están mutando; tras un incremento de actividad a principios de enero, hacia finales de febrero adoptaron un rol mucho más pacífico y menos violento.
Para finalizar, Alex Neve envió un mensaje de alerta a la comunidad internacional: ante el escenario transicional, podría ser tentador para algunos gobiernos concluir que «es momento de pasar la página», sin embargo, insistió en que es precisamente ahora, en medio de la incertidumbre, cuando el mandato de la Misión cobra una importancia fundamental para asegurar la justicia, la rendición de cuentas y la verdadera reconciliación nacional en Venezuela.
12-03-2026
