Carmen Teresa Navas, madre del preso político Víctor Hugo Quero Navas, falleció este domingo 17 de mayo a los 81 años, apenas días después de que el Estado venezolano confirmara oficialmente la muerte de su hijo bajo custodia. Durante más de un año, convirtió su vejez en una búsqueda incansable entre cárceles y organismos públicos, exigiendo información que las autoridades le negaron sistemáticamente.
Tras la detención de Quero Navas, quien fue llevado inicialmente a la sede de la Dgcim en Boleíta y posteriormente trasladado a El Rodeo I, Carmen Teresa inició un recorrido marcado por el silencio institucional. En cada centro de reclusión al que acudía recibía la misma respuesta: «no está». Mientras el Estado evitaba confirmar su paradero, ella insistía en una demanda básica… saber si su hijo seguía vivo.
La noticia de su muerte fue difundida por el fotoperiodista Rafael Hernández Marcano, quien acompañó y documentó durante meses el desgaste físico y emocional que atravesó la mujer en medio de la búsqueda.
El pasado 7 de mayo, el Ministerio de Servicios Penitenciarios informó que Víctor Hugo Quero Navas había fallecido el 24 de julio de 2025 en el Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo, presuntamente por una insuficiencia respiratoria aguda asociada a un tromboembolismo pulmonar. La confirmación llegó más de un año después de su muerte y tras reiteradas denuncias de desaparición forzada hechas por familiares y organizaciones de derechos humanos.
Carmen Teresa murió apenas diez días después de conocer oficialmente la muerte de su hijo. Su caso expone cómo la opacidad estatal y la ausencia de respuestas terminan extendiendo el castigo más allá de los presos políticos, alcanzando también a sus familias.
Sólo entre abril y lo que va de mayo de este año se han registrado 16 muetes bajo custodio del Estado. Según la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, aún hay 663 presos políticos y 21 personas en desaparición forzada, como lo estuvo Víctor Quero Navas.
En un país como Venezuela, el caso de Carmen Teresa Navas se suma a la cadena de muertes que organizaciones de derechos humanos han venido advirtiendo como un impacto indirecto de la prisión política sobre las familias, especialmente sobre las madres.
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos ha documentado el fallecimiento de al menos cuatro madres de personas detenidas por razones políticas en los últimos meses, en contextos marcados por el deterioro físico, el desgaste emocional y años de peregrinación institucional en busca de respuestas. Esta sería la quinta.
Entre esos casos se encuentra el de la madre del médico Jorge Yéspica Dávila, fallecida el 22 de enero de 2026 a los 90 años, apenas dos días después de que su hijo recuperara la libertad. No se dio el reencuentro que había esperado durante años.
A ello se suma el caso de Omaira Navas, madre del periodista Ramón Centeno, fallecida el 27 de enero de 2026, trece días después de la excarcelación de su hijo; y el de Yenny Barrios, expresa política y madre del preso político Diego Sierralta, quien murió el 5 de noviembre de 2025 tras enfrentar una enfermedad oncológica mientras su hijo continuaba detenido.
Estas muertes, registradas en un lapso de seis meses, han sido interpretadas por organizaciones de derechos humanos como la expresión de una violencia prolongada y menos visible; la que recae sobre las mujeres que sostienen la búsqueda, la denuncia y la resistencia cotidiana frente a la detención de sus familiares. En ese contexto, la muerte de Carmen Teresa Navas no aparece como un hecho aislado, sino como parte de una crisis que se extiende más allá de las cárceles y alcanza de forma directa la salud y la vida de quienes esperan afuera.
17-05-2026
