Comunicado
La nación vive uno de los más terribles y oscuros momentos de nuestra historia. Sin exageraciones ni equívocos, nos encontramos realmente en medio de un desastre nacional, de un Estado fallido, de un desmembramiento planificado que peligrosamente va demoliendo los cimientos, erosionando y contaminando como una enfermedad terminal todo lo que toca. La violencia se ha apoderado de todo lo público y lo privado. La familia como institución y núcleo básico de la sociedad venezolana requiere de atención urgente, pues la tendencia a desintegrarse se acelera de forma elíptica con los usurpadores que conducen el régimen corporativo, corrupto y militarista, que no solo ha devorado las instituciones sino que hoy también es la mayor amenaza al libre pensamiento de quienes apostaron por un cambio político en 1998. La convocatoria del fraude electoral parlamentario del 6 de diciembre del presente año obliga a una oportuna reflexión sobre el proceso de destrucción institucional que aqueja a nuestro país. Es así como, conforme con la tradición libertaria, independentista, democrática y de lucha que ha caracterizado a la sociedad merideña, hacemos del conocimiento público lo siguiente:
1.- Con el triunfo en las Elecciones Parlamentarias de 2015, producto del esfuerzo unitario de actores sociales y políticos agrupados en la entonces Mesa de la Unidad, así como de la convicción democrática mayoritaria de los venezolanos por generar un cambio a través de un nuevo equilibrio de fuerzas en la Asamblea Nacional, el gobierno de Nicolás Maduro, con la complicidad de la gestión legislativa saliente, en franca violación la Constitución Nacional y la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, procedió a nombrar de manera express a 13 Magistrados principales y 20 suplentes, iniciando con esto el camino del boicot a la nueva gestión legislativa democrática.
2.- Recién instalada la nueva gestión legislativa en enero de 2016, la Sala Electoral del TSJ, integrada por magistrados express, dejó sin efecto la voluntad soberana que eligió a los diputados del estado Amazonas, así como a la representación indígena por la Circunscripción Electoral Sur (Amazonas y Apure), dando pie al alegato del presunto desacato por parte de la Asamblea Nacional, sin fundamento jurídico alguno y sin debido proceso. Con esta decisión política, ejecutada a través de la vía judicial, comenzó el cercenamiento de las competencias parlamentarias para la aprobación de leyes, el control político, la designación de los titulares de los demás poderes, y para la presentación de un mecanismo que abriera las puertas del cambio democrático. Con esto, la cúpula militar y civil del Psuv avanzó en el mutilación de las garantías constitucionales que regulan el funcionamiento del Poder Legislativo Nacional, la violación de la inmunidad parlamentaria y la persecución a magistrados del TSJ, así como otros representantes institucionales designados por la mayoría parlamentaria democrática, conforme al poder otorgado por el pueblo venezolano; además, de los 112 diputados principales que integran la mayoría democrática, 67 han sido sometidos a procesos judiciales.
3.- Aunado a esto, el desconocimiento a la Asamblea Nacional ha tenido uno de sus puntos más preocupantes en la instalación de una ilegítima Constituyente en 2017, violando los preceptos legales que regulan la convocatoria, elección de diputados, la transparencia y verificabilidad de los resultados, la instalación y fines de tal figura institucional. No conforme con la ilegitimidad de origen, atribuyéndose poderes plenipotenciarios, esta ilegítima Asamblea aprobó la tristemente célebre Ley contra el Odio, para dotar al gobierno de Nicolás Maduro y sus órganos represivos de un instrumento para perseguir a la disidencia.
4.- Ante esto, toda vez que venció el periodo presidencial 2013-2019, habiendo sido desconocidas las elecciones presidenciales del 20 de mayo de 2018 –convocadas por la ilegítima Constituyente-, por los venezolanos y la mayoría de los países democráticos del mundo, en enero de 2019 la Asamblea Nacional presidida por Juan Guaidó asumió parte de las competencias del Poder Ejecutivo Nacional, con la finalidad de lograr una transición democrática que tuviera como punto culminante la realización unas elecciones libres. Desde ese momento, los actores que hacemos vida en el Frente Amplio Venezuela Libre Capítulo Mérida nos enfocamos en lograr el cambio político liderado por el Parlamento, incluso abriendo espacios para el diálogo institucional y político que permitiera lograr una salida democrática a la crisis. Lo cual inclusive permitió acordar el regreso de la representación del Psuv que había abandonado sus curules, para entre otras cosas lograr la designación de un nuevo CNE, basada en el consenso entre actores políticos.
5.- Sin embargo, durante el mes de junio del presente año, los partidos autorizados para el ejercicio político por el CNE controlado por Nicolás Maduro introdujeron una solicitud de declaración de omisión legislativa, que sirvió de excusa al TSJ para la designación express de rectores principales y suplentes del CNE, mediante una sentencia que no admitió lapsos procesales ni derecho a la defensa de una de las partes involucradas; en este caso la Asamblea Nacional declarada en presunto desacato desde el año 2016. Visto de otra manera, el TSJ no solo imposibilitó a la Asamblea Nacional para poder tomar decisiones previamente, sino que posteriormente sentenció en su contra al no tomar una decisión que según su propia doctrina jurídica sería nula de toda nulidad.
6.- No conforme con esto, dicha sentencia autorizó al CNE para modificar la legislación electoral conforme a un acuerdo minoritario entre el Psuv y los partidos antes señalados, dejando sin efecto garantías contenidas en la Constitución, así como lo consagrado en la Ley Orgánica de Procesos Electorales. Y como complemento con la judicialización del ejercicio de los derechos políticos, el TSJ dictó la designación de directivas ad hoc de los partidos políticos Acción Democrática (AD), Primero Justicia (PJ), Voluntad Popular (VP) y NUVIPA, del mismo modo que en 2015 lo hizo para arrebatar de su dirigencia y militancia legítima a COPEI y Bandera Roja (BR).
7.- Todo lo anterior deja claro que el fraude electoral parlamentario del 6 de diciembre del presente año, no solo vulnera nuestros preceptos constitucionales, sino que echa por tierra nuestro logro más preciado después de la Independencia, es decir la cultura democrática popular. Asimismo viene a sentar un grave precedente político al condicionar la participación de actores y partidos a la aceptación de la violación de la Constitución y todo principio de legalidad, así como al hecho de avalar como una práctica aceptable la judicialización de los asuntos internos de las organizaciones políticas nacionales secuestradas vía sentencias del TSJ. Es decir, no considera ni el menor estándar de calidad institucional, vulnera la institucionalidad legítima de partidos políticos, sin proponer ninguna garantía de reconocimiento de resultados por parte del régimen de Nicolás Maduro, ni de solución a los problemas más apremiantes que aquejan a la sociedad venezolana; es decir, la hiperinflación, el mal estado de los servicios públicos, la escasez de gasolina y gas, las violaciones sistemáticas de derechos humanos, y la destrucción continuada del ecosistema..
8.- Dicho fraude electoral parlamentario además hace caso omiso de la gravedad de la situación de la pandemia del Covid-19, destinando recursos que son indispensables para la protección vital del personal de salud, hacia el funcionamiento del Poder Electoral, privilegiando la compra de máquinas electrónicas de votación y no de las miles de ventiladoras mecánicas que requiere el sistema de salud ante la entrada de la etapa más crítica de la pandemia; todo esto sin considerar el estado crítico de la red hospitalaria y ambulatoria, las limitadas posibilidades de hospitalización y el rotundo fracaso en el control de la diseminación de la enfermedad con la aplicación de una cuarentena biopolítica dirigida por militares, policías y comisarios políticos, más no por profesionales capacitados en el área de la medicina y la administración de salud pública.
9.- Y no conforme con la ruina institucional a la que ha conducido al país la cúpula militar y civil del Psuv, Nicolás Maduro informó que la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente cesará funciones en el mes de diciembre, sin haber reformado artículo alguno de la Constitución Nacional, reconociendo tácitamente su ilegitimidad de origen, así como su exclusiva misión de sabotaje a las funciones de la Asamblea Nacional de Venezuela. Con lo cual queda claro que el fraude electoral parlamentario del 6 de diciembre no es más que el intento desesperado de un régimen político por lograr reconocimiento legal, usando los medios de la democracia a su favor, pero materializando uno de los más grandes delitos constitucionales de nuestra historia: el secuestro del voto universal.
ES POR ESO, QUE ACORDAMOS LO SIGUIENTE:
PRIMERO: no avalar ninguna elección que no cumpla con los principios de legalidad, justicia, verificabilidad, confiabilidad y competitividad, signadas además por la participación libre de los venezolanos y las venezolanas, al momento de postularse, de ejercer el voto, de cumplir rol como testigos electorales y una vez electos como funcionarios.
SEGUNDO: impulsar la presentación de una estrategia de organización y movilización ciudadana nacional, basada en un gran pacto unitario, que apunte a la integración de todos los factores democráticos e institucionales posibles, en aras de la realización de unas Elecciones Libres, la instalación de un Gobierno de Emergencia Nacional y la transición definitiva hacia una democracia basada en la concertación ciudadana, el respeto al estado de derecho y la autonomía institucional.
Acuerdo que suscribimos los partidos políticos democráticos, bloque juvenil democrático, movimientos estudiantiles, sociedad civil activa, colegios profesionales, gremios universitarios, representantes de cámaras empresariales, comerciales y de servicios, asociaciones de agroproductores[1], sindicatos regionales y sectoriales, federaciones de trabajadores, dirigentes independientes y agentes sociales que hacen vida en el Frente Amplio Venezuela Libre Capítulo Mérida.
En la ciudad de Mérida a los 19 días del mes de agosto de 2020.
Diputados de la Asamblea Nacional:
Alexis Paparoni, Circuito 1
Marisol Mora, Circuito 1
Mildred Carrero, Circuito 2
Williams Dávila, Circuito 3
Lawrence Castro, Circuito 3
Carlos Paparoni, Circuito 4
Carmen María Sivoli, Circuito 4
Milagros Valero, Lista
Alcalde del Municipio Ribas Dávila:
Nilson Peña
Por Acción Democracia:
Román Humberto Zambrano – Secretario General
Elsa Gámez – Secretaria de Organización
Por Primero Justicia:
Ing. Alexis José Paparoni – Coordinador Regional
Gerardo Molina Barreto – Secretario General
Por Un Nuevo Tiempo:
Liliana Guerrero – Secretaria General
Robiro Rangel – Vicepresidente
Por Voluntad Popular:
Lubin Díaz – Coordinador Político
Héctor Azuaje – Coordinador de Organización
Por Copei:
Jorge Carvajal Callejas – Secretario General
Alexander Morales – 1er Vicepresidente
Por Encuentro Ciudadano:
Edgar Uzcátegui – Presidente
Marco Fernández – Secretario de Organización
Por Cuentas Claras:
Alonso Villegas – Secretario General
Por Causa R:
Emma Carvajal – Secretaria General
Por Proyecto Venezuela:
Fermín Martínez – Secretario General
Rafael Blanco – Secretario de Organización
Por Alianza Generacional:
Alirio Arroyo – Secretario General
Por NUVIPA:
Carmen Arelis Aguilar – Secretaria General
Alirio Araque – Secretario de Organización
Por Bandera Roja:
Alba Volcanes
Secretaria General Regional
Florencio Porras
Ex Gobernador del Estado Mérida
Ing. José Oscar Ramírez
Ex Diputado Asamblea Nacional
Por La Asociación de Profesores de la ULA (APULA):
Dr. Virgilio Castillo – Presidente
Por el Sindicato de Profesionales ULA (SIPRULA):
Abog. Dionis Dávila – Presidente
Por el Colegio de Médicos:
Dr. Alexis Torres – Presidente y demás miembros de la Directiva
Por el Colegio de Abogados:
Dr. Jorge A. Pérez Leal – Presidente y demás miembros de la Directiva
Por el Colegio de Profesores:
Prof. Eulalia Duque
Por el Colegio de Odontólogos:
Od. Miriam Cala – Presidente
Por el Gremio de los Ingenieros:
Ing. Frank Vargas – Secretario General del Colegio de Ingenieros del Edo Mérida
Por la FCU de la Universidad de los Andes:
Ornella Gómez – Presidente
Joel Zerpa – Vicepresidente
Por la Sociedad Civil FAVL Mérida:
María Luisa Ávila – Coordinadora General
Luis Enrique Rodríguez – Delegado Regional Deporte y Cultura
Pltgo.Carlos Guerrero
Secretario General del SUNEPSAS y Coordinador del Bloque Gremial Intersindical
Prof. Carlos Gómez
Sindicato Unitario del Magisterio
Ramón Ali Contreras
Presidente del Sindica de Maestros del Estado Merida
[1] Los sectores empresariales, comerciales, de servicios, agroproductores y demás grupos con estructuras nacionales que forman parte del Frente Amplio Venezuela Libre Capítulo Mérida, a través de sus directivos y coordinadores han hecho pública su sintonía con lo aquí acordado, esperando los pronunciamientos oficiales de sus equivalentes nacionales para suscribir el presente documento del Estado Mérida.
