Nicolás Maduro y Cilia Flores reiteraron este jueves 19 de marzo ante el tribunal federal de Nueva York que no cuentan con los recursos financieros para costear su defensa en el caso de narcotráfico. Asimismo, afirmaron estar dispuestos a presentar pruebas de su situación financiera, si el juez lo solicitara, para reforzar su petición de desestimar la acusación.
Barry Pollack y Mark E. Donelly, abogados de Maduro y Flores, enviaron un documento al juez en nombre de sus representados. Según la defensa, la Fiscalía reconoce el derecho de ambos al solicitar que sea el Gobierno de Venezuela el que se haga cargo de los gastos legales. Estas declaraciones ante el tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York ocurrieron apenas unos días antes de su próxima audiencia, prevista para el 26 de marzo.
Hasta el momento, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro —encargada de administrar e imponer sanciones económicas y comerciales— no ha autorizado que el Gobierno de Venezuela pague a los abogados. En un documento enviado al juez federal Alvin Hellerstein, la defensa alega que esto interfiere con el derecho de los acusados a elegir su propio equipo legal.
La OFAC ha impuesto sanciones económicas a Venezuela desde el año 2015 con el fin de presionar un cambio político, asimismo, el Gobierno de EEUU no reconoce a Maduro como presidente legítimo. La defensa destaca que la negativa a permitir que el Gobierno venezolano sufrague los honorarios viola la Sexta Enmienda de la Constitución de EEUU, que establece el derecho a elegir la defensa, y la Quinta Enmienda, que ampara el debido proceso.
Los abogados recordaron que la OFAC ha permitido en otras ocasiones «que un tercero sujeto a sanciones pague los honorarios legales de una persona también sancionada». Además, señalaron que la propuesta del Gobierno de que acepten un abogado de oficio «no constituye en absoluto un remedio», puesto que se verían obligados a aceptar una defensa que no escogieron.
«Obligar a los acusados a aceptar un abogado de oficio que no es de su elección no es, por definición, una solución para la vulneración de su derecho a elegir a su propio abogado», señalaron. Por tal razón, la defensa pidió al juez Hellerstein que desestime los cargos por ser un proceso «inconstitucionalmente defectuoso» o, al menos, que se realice una audiencia para discutir el caso.
«El único remedio es el sobreseimiento, dado que este tribunal no puede permitir que el presente caso prosiga en violación de los derechos constitucionales del Sr. Maduro y de la Sra. Flores de Maduro», concluye el documento legal.
19-03-2026
