La versión más reciente del proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos incorpora un impuesto integrado y amplía exoneraciones fiscales y parafiscales para el sector. El texto profundiza el giro frente al marco vigente de 2006 y reduce controles institucionales sobre la constitución de empresas mixtas.
El texto, fechado 29 de enero el mismo día en que se tendrá su segunda discusión en la Asamblea Nacional, introduce cambios adicionales que profundizan las modificaciones planteadas en borradores anteriores y marcan una ruptura más clara con el marco legal aprobado en 2006. El nuevo texto consolida un esquema más favorable para operadores privados, amplía exoneraciones fiscales y redefine el régimen tributario del sector.
Uno de los principales ajustes respecto a versiones previas es la creación formal de un «impuesto integrado de hidrocarburos». El proyecto establece una alícuota de hasta 15% sobre los ingresos brutos y faculta al Ejecutivo a ajustarla proyecto por proyecto con el objetivo de preservar el «equilibrio económico-financiero». En la ley vigente, la carga fiscal del sector se estructura a partir de regalías, impuesto sobre la renta y contribuciones especiales, sin un esquema unificado de este tipo.
La versión más reciente también amplía y detalla exoneraciones fiscales y parafiscales. El articulado enumera tributos y contribuciones de los que quedarían exentas las actividades petroleras, incluyendo el Impuesto a los Grandes Patrimonios, aportes previstos en la LOCTI, contribuciones al deporte, a la lucha antidrogas y a la protección de pensiones, además de tributos estadales y municipales. Estas exenciones no están contempladas en la Ley Orgánica de Hidrocarburos original y tampoco se habían explicitado con este alcance en borradores anteriores.
En materia de regalías, el proyecto mantiene el tope de 30% establecido en la ley vigente, pero refuerza la potestad del Ejecutivo para modificar el porcentaje aplicable a cada proyecto según criterios como la naturaleza de la inversión, la economicidad y la competitividad internacional. A diferencia del texto de 2006, la reforma vincula de forma expresa estos ajustes a la necesidad de garantizar el equilibrio económico de los contratos.
Otro ajuste relevante es la mayor precisión sobre la comercialización directa de hidrocarburos por parte de empresas mixtas y operadores privados.
El nuevo articulado fija requisitos más claros en materia de precios de referencia, cumplimiento fiscal y ambiental, y atención del suministro interno. En la ley vigente, la comercialización es una atribución central de las empresas estatales y la participación privada en esta fase es limitada.
La reforma conserva, además, el recorte al control parlamentario ya planteado en borradores previos. Mientras la Ley Orgánica de Hidrocarburos exige autorización de la Asamblea Nacional para la constitución de empresas mixtas y sus condiciones esenciales, el nuevo texto mantiene un esquema de autorización presidencial con simple notificación al Parlamento, que queda relegado a una función de control posterior.
En cuanto a los contratos suscritos bajo la Ley Antibloqueo, la versión del 29 de enero va más lejos al ratificar expresamente su plena validez jurídica y fijar un plazo para su adecuación al nuevo marco legal, sin que ello implique una desmejora de las condiciones pactadas. Este blindaje no existe en la ley original y refuerza la incorporación de esquemas contractuales excepcionales al régimen ordinario del sector.
Las disposiciones derogatorias también se amplían. El proyecto elimina leyes y acuerdos aprobados entre 2006 y 2009 que regulaban la participación privada, los servicios conexos y modelos contractuales de empresas mixtas, desmontando parte del andamiaje jurídico construido tras la nacionalización petrolera.
En conjunto, la última versión de la reforma no solo ajusta lo planteado en textos anteriores, sino que consolida un cambio estructural frente a la ley vigente: mayor discrecionalidad del Ejecutivo en materia fiscal y contractual, más incentivos para la inversión privada y una reducción de los controles institucionales sobre un sector estratégico para el país.
29-01-2026
