El 25 de enero de este año se desarrolló la sesión sobre Venezuela del tercer ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Un total de 116 países expresaron su preocupación sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela y dieron un total de 328 recomendaciones, basadas en el informe presentado por el régimen de Nicolás Maduro y las comunicaciones de 174 partes interesadas.
De los países participantes,14 se refirieron al derecho igualitario a la educación de calidad en todos los niveles, a la autonomía universitaria, a la libertad académica y a los derechos laborales de los docentes, expresando recomendaciones para garantizar el cumplimiento de los mismos. Estos fueron Singapur, Eslovenia, Togo, Tanzania, Uruguay, Bangladesh, Brunéi, Esuatini, Santa Sede, Indonesia, Kuwait, Países Bajos, Omán y Rumania. En total, se hicieron 14 recomendaciones específicas sobre el derecho a la educación en todos los niveles.
El pasado primero de junio el Consejo de Derechos Humanos de la ONU incluyó en su Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal, publicado el 11 de abril, las observaciones sobre las conclusiones y/o recomendaciones, compromisos voluntarios y respuestas del Estado examinado, es decir, Venezuela. El régimen de Nicolás Maduro apoyó 119 de las 328 recomendaciones; aseguró que 102 cuentan con el apoyo del Estado venezolano porque han sido implementadas o ya se están implementando; tomó nota de 48 y desestimó las otras 59. Entre estas últimas, dos se refieren a la educación universitaria y los derechos de los docentes.
Sistema paralelo universitario y derechos de los docentes
Por primera vez en un EPU, un país expresa su preocupación por el sistema paralelo universitario creado en Venezuela por los regímenes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Se trató de Uruguay, cuyo representante señaló la importancia de garantizar que las instituciones que conforman dicho sistema sean autónomas. Además, este país recomendó a Venezuela cesar la intervención de las universidades y los institutos de educación superior.
Dicha recomendación fue identificada en el Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal con el número 31.179, quedando redactada así: “Poner fin a la intervención en las universidades y otros institutos de enseñanza superior, y transformar sin demora el sistema paralelo de universidades no autónomas para que alcancen la plena independencia y la libertad académica”.
Esta es una de las 59 recomendaciones que no cuentan con el apoyo del Estado venezolano, incluidas en las observaciones de Venezuela al Informe del Grupo de Trabajo sobre el EPU 2022. Otra recomendación que el régimen venezolano no apoya es la identificada con el número 31.206, sugerida por los Países Bajos en estos términos:
“Poner en práctica las acciones y medidas apropiadas para garantizar un entorno de trabajo seguro para la sociedad civil, incluidos los defensores de los derechos humanos, las organizaciones de la sociedad civil, los docentes y los trabajadores del ámbito de la salud y de la ayuda humanitaria, sin temor a amenazas, represalias, persecución y encarcelamiento arbitrario ni restricciones injustificadas a la libertad de asociación”.
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Cuatro recomendaciones “implementadas o implementándose”
De las otras 12 recomendaciones sobre el derecho a la educación en todos los niveles, Venezuela apoyó ocho e indicó que las otras cuatro “cuentan con el apoyo del Estado venezolano porque han sido implementadas o ya se están implementando”. Una de ellas propone adoptar medidas jurídicas y administrativas para garantizar, entre otros, el derecho a la educación. Otra plantea reforzar políticas para garantizar el acceso a una educación holística de calidad. Una tercera pide implementar medidas que garanticen la continuidad de la educación en medio de la pandemia de COVID-19 y la última recomienda adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la efectividad del derecho de todos los niños a la educación.
Organizaciones de la sociedad civil, gremios del sector educativo, padres, madres y representantes de escolares, así como estudiantes universitarios han denunciado con evidencias en reiteradas ocasiones que el derecho a la educación gratuita y de calidad, establecido en la Constitución nacional y tratados internacionales, no se garantiza efectivamente en Venezuela. Escuelas, liceos y universidades públicas están en ruinas, sin contar con los servicios básicos indispensables para prevenir el contagio de COVID-19. La educación virtual en el país es un fracaso por el pésimo funcionamiento de los servicios eléctrico y de telecomunicaciones.
La Emergencia Humanitaria Compleja que atraviesa Venezuela ha causado la migración forzada de más de 6 millones de venezolanos, entre ellos miles de docentes que se han ido por los precarios salarios que reciben. Así mismo, cientos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes han abandonado las aulas de clase porque no cuentan con los recursos mínimos necesarios para poder continuar sus estudios.
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Desconocimiento de la autonomía universitaria como principio constitucional
El régimen venezolano alega que las 59 recomendaciones que no apoya “se alejan del espíritu constructivo del EPU y constituyen muestra concreta del uso politizado de los derechos humanos para atacar a un Estado soberano, en contravención de los principios del derecho internacional. Además, muchas de estas recomendaciones son incompatibles con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el ordenamiento jurídico interno”.
El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) ha denunciado reiteradamente que la creación de un sistema de educación superior paralelo viola el artículo 109 de la Constitución nacional, porque el mismo está constituido por universidades e institutos universitarios que no son autónomos, donde priman la ideologización y la politización de la enseñanza. Este observatorio ha documentando y atendido denuncias de estudiantes y trabajadores víctimas de discriminación por razones políticas en esas instituciones.
El ODH-ULA lamenta que el régimen venezolano no acepte las recomendaciones relacionadas con la indispensable garantía de la autonomía universitaria y la libertad académica y que mienta sobre la supuesta implementación de otras cuatro recomendaciones referidas al derecho a la educación, cuando la realidad del país demuestra con evidencias que no es así. De igual forma, hace votos para que el Estado venezolano adopte verdadera y oportunamente las nueve recomendaciones en materia educativa que sí apoyó, así como las otras 110 sobre las que también manifestó su apoyo.
Prensa ODH-ULA
