15 organizaciones no gubernamentales, tanto de carácter nacional como internacional, emitió un pronunciamiento conjunto este viernes 12 de junio de 2026 para exigir que el proceso de renovación parcial de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se ejecute bajo condiciones estrictas que aseguren la independencia judicial, la transparencia, la imparcialidad y la rendición de cuentas pública.
Las agrupaciones civiles enfatizaron que la designación de las máximas autoridades del Poder Judicial en Venezuela debe responder a una evaluación técnica y ética, y no a dinámicas de subordinación partidista.
Entre las organizaciones firmantes del documento destacan el Centro de Derechos Humanos Robert y Ethel Kennedy, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y la alianza internacional Civicus. En el texto difundido a través de las plataformas digitales, los portavoces sostuvieron que la selección de los nuevos integrantes del máximo tribunal no puede estar sujeta a factores de lealtad política, sino que debe sustentarse en un examen riguroso de los méritos profesionales, la trayectoria jurídica comprobable, la probidad y la solvencia moral de cada uno de los aspirantes.
Las ONG elevaron una solicitud formal a los integrantes de la Asamblea Nacional (AN) y a las comisiones técnicas encargadas de la conducción del proceso. La petición contempla la obligatoriedad de publicar un cronograma detallado que precise las etapas pendientes con sus respectivos plazos legales, así como la difusión de la lista completa de los ciudadanos postulados junto a sus hojas de vida digitalizadas para el escrutinio público. Plantearon la urgencia de diseñar y divulgar un baremo de calificación objetivo que establezca los criterios de ponderación antes de que se inicien las entrevistas y las fases evaluativas.
Las agrupaciones argumentaron que estas garantías de transparencia se corresponden con los estándares internacionales en materia de derechos humanos y resultan vitales para las personas que han sido víctimas de abusos de poder o violencia institucional en el país. El comunicado subraya que la conformación de un Tribunal Supremo de Justicia autónomo e independiente constituye el único mecanismo institucional viable para asegurar el derecho al acceso a la verdad, la aplicación de la justicia sin sesgos ideológicos y la reparación integral de los daños, funcionando además como un dique de contención para prevenir la repetición de irregularidades procesales.
De acuerdo con las 15 organizaciones, el saneamiento de la administración de justicia adquiere una relevancia crítica en el actual contexto nacional, caracterizado por la persistencia de medidas judiciales que derivan en la criminalización de la disidencia y en detenciones arbitrarias ejecutadas por motivos políticos. Frente a estas prácticas restrictivas, señalaron que los jueces tienen el deber de actuar como garantes del debido proceso y de la Constitución. Finalmente, los firmantes exhortaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y a los distintos mecanismos de relatorías internacionales a mantener un monitoreo permanente sobre el desarrollo de las sesiones y resoluciones de la Asamblea Nacional en torno a las designaciones de los magistrados.
16-06-2026
