Organizaciones no gubernamentales rechazaron la medida anunciada este jueves por el Gobierno de Venezuela de suspender las actividades de la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en Caracas, y consideran que la decisión deja en estado de «total vulnerabilidad e indefensión» a las víctimas de violaciones de garantías fundamentales.
La ONG recordó que la oficina del Alto Comisionado de DD.HH. solicitó al Gobierno en 2019 «garantías de respeto al derecho a la vida» ante los operativos de las Fuerzas de Acción Especial de la policía nacional (FAES), acusadas de ejecuciones extrajudiciales, una unidad disuelta tras la solicitud.
Además, recientemente, pidió respeto a los derechos humanos de la activista Rocío San Miguel, detenida el pasado viernes por, supuestamente, formar parte de una trama conspirativa para asesinar al presidente Nicolás Maduro y otros altos funcionarios.
Los pronunciamientos en rechazo a la detención de la activista, presidenta de la ONG Control Ciudadano, han sido catalogados por la Fiscalía como una «feroz campaña» internacional contra el sistema de Justicia venezolano.
EFE-15-02-2024