Un grupo de 15 organizaciones nacionales e internacionales defensoras de derechos humanos y de la democracia expresó su preocupación por el proceso de renovación parcial de magistrados y magistradas del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), así como por la reciente reforma de la Ley Orgánica de ese organismo y la selección de las autoridades de la Inspectoría General de Tribunales y la Escuela Judicial.
A través de un pronunciamiento conjunto, las organizaciones hicieron un llamado a la Asamblea Nacional y a las instancias encargadas del proceso para que la designación de las nuevas autoridades judiciales se realice bajo criterios de independencia, transparencia, imparcialidad y rendición de cuentas.
Las organizaciones advirtieron que la integración del máximo tribunal del país tiene efectos directos sobre el Estado de derecho, el acceso a la justicia y la protección de los derechos humanos. Por ello, señalaron que la escogencia de magistrados no debe responder a criterios de afinidad política, sino a una evaluación basada en méritos profesionales, trayectoria jurídica, independencia y solvencia ética.
En el documento, las organizaciones plantearon cinco exigencias para garantizar la legitimidad y transparencia del proceso.
La primera es la publicación de un cronograma detallado que permita conocer con claridad cada una de las etapas pendientes y los plazos establecidos para su ejecución.
También solicitaron que se haga pública la lista completa de postulantes, acompañada de sus hojas de vida y documentos de respaldo, para que la ciudadanía pueda verificar el cumplimiento de los requisitos legales y evaluar la trayectoria profesional de los aspirantes.
Asimismo, exigieron que el Comité de Postulaciones Judiciales establezca y divulgue previamente un baremo objetivo con criterios claros de evaluación. A su juicio, la selección debe sustentarse exclusivamente en el mérito profesional, la experiencia jurídica y la idoneidad ética, evitando decisiones discrecionales.
Otro de los puntos planteados es la creación de mecanismos efectivos para la presentación de impugnaciones. Las organizaciones consideran necesario que existan canales y plazos definidos para que ciudadanos y organizaciones puedan formular objeciones fundamentadas contra postulantes que no cumplan con los requisitos exigidos. Además, señalaron que las respuestas a estas impugnaciones deben ser públicas y debidamente motivadas.
Finalmente, reclamaron espacios reales de participación ciudadana durante todas las fases del procedimiento. Según indicaron, la sociedad civil debe tener acceso a información suficiente para hacer seguimiento al proceso, conocer los criterios de evaluación y verificar que las decisiones se ajusten a estándares nacionales e internacionales.
Las organizaciones subrayaron que la independencia judicial adquiere especial relevancia para las víctimas de violaciones de derechos humanos. En ese sentido, afirmaron que un TSJ autónomo es fundamental para garantizar el acceso a la verdad, la justicia y la reparación integral, así como para prevenir la repetición de abusos.
El pronunciamiento sostiene que esta discusión cobra mayor importancia en un contexto marcado por denuncias de criminalización de la disidencia, detenciones arbitrarias por motivos políticos y otras prácticas represivas frente a las cuales el Poder Judicial tiene una responsabilidad determinante.
Por ello, las organizaciones exhortaron a las autoridades parlamentarias a conducir el proceso conforme a la Constitución y a los estándares internacionales sobre selección de operadores de justicia.
También pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y a otros mecanismos internacionales que mantengan un seguimiento cercano a la renovación del TSJ, debido a sus implicaciones para la independencia judicial, la lucha contra la impunidad y la protección de los derechos fundamentales en Venezuela.
Entre las organizaciones firmantes se encuentran Acceso a la Justicia, Aula Abierta, Alerta Venezuela, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB), Cepaz, CIVILIS, COFAVIC, Espacio Público, Provea, WOLA, la Comisión Internacional de Juristas y el Robert F. Kennedy Human Rights, entre otras.
12-06-2026
