El economista venezolano, investigador del Oxford Institute for Energy Studies, ofreció un conversatorio en FACES-ULA donde analizó la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos y advirtió sobre los riesgos de repetir errores históricos. Ante estudiantes y profesores, cuestionó la sostenibilidad del nuevo esquema tributario en un contexto de debilidad institucional.
Con una exposición crítica y sustentada en más de tres décadas de experiencia asesorando a compañías petroleras internacionales, gobiernos e instituciones financieras, el economista venezolano Orlando A. Ochoa dictó el conversatorio virtual “Reforma a la LOH y el rol del petróleo en la recuperación económica de Venezuela”, organizado por la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Los Andes (FACES-ULA).
La actividad reunió a profesores y estudiantes en un espacio de reflexión sobre los desafíos y oportunidades que enfrenta el país para construir un futuro económico sostenible. Durante su intervención, Ochoa ofreció un diagnóstico sobre las recientes modificaciones al marco legal del sector hidrocarburos.
Ochoa es Doctor en Economía por la Universidad de Oxford (Brasenose College), con maestría en la Universidad de Buckingham y título de economista en la Universidad de Los Andes; además suma a su formación académica una especialización en América Latina por la Universidad de Brasilia. Ha sido becado por Foreign & Commonwealth Office del Reino Unido, PDVSA, Rotary International y el gobierno brasileño.
Desde noviembre de 2025 es Visiting Senior Research Fellow del Oxford Institute for Energy Studies (OIES), labor que combina entre Caracas y Oxford, y desde 2016 integra pro-bono el Grupo de Expertos para Venezuela del IFIT, enfocado en recuperación económica e hidrocarburos. Ha asesorado al Congreso venezolano, petroleras y bancos globales; participado en foros internacionales; sido consultado por Bloomberg, WSJ, FT, BBC y CNN; y ejercido como profesor asociado en la UCAB. Es autor de publicaciones académicas y una voz autorizada en política energética, macroeconomía e institucionalidad en Venezuela.
El especialista centró su análisis en los artículos 42 y 43 de la nueva ley, que establecen que, una vez concluida la vigencia del contrato, la empresa operadora deberá transferir al Estado los bienes incorporados, construidos o adquiridos, así como los datos obtenidos, generados y procesados, sin derecho a pago de indemnización alguna. “Es el mismo error del régimen de regalías de 1971”, sentenció.
Recordó que la participación del Estado, que originalmente oscilaba en 30%, fue reducida —aunque sin llegar a 20%— y posteriormente se elevó del 16,66% histórico al 30% actual. “Esa participación pudo generar un fondo soberano como el de Noruega o Arabia Saudita, pero en Venezuela, en los años 70, los recursos se desviaron para financiar empresas públicas, luego se diluyeron y terminamos endeudados”, advirtió.
Ochoa destacó que la ley permite ahora modificar no solo la regalía —que puede alcanzar hasta 30% sobre volúmenes extraídos— sino también todos los impuestos vigentes en materia de hidrocarburos: impuesto de superficie, consumo propio, consumo general, extracción y el impuesto para fiscalización, que puede llegar hasta 15% de los ingresos brutos mensuales. “El artículo 56 faculta al Ejecutivo, mediante el ministerio con competencia en finanzas y previa opinión del ministerio del área, para reducir la carga tributaria en función del equilibrio económico del proyecto”, explicó.
Sin embargo, su principal preocupación radica en la asimetría entre esa flexibilidad y la capacidad real del Estado. “Antes teníamos una tarifa del 50%. Ahora se puede fijar caso por caso la regalía, el impuesto integral y el ISLR. Pero esto, con un aparato estatal disminuido en sus ministerios, no es la receta para hacerlo bien. En los años 1950 y 1960 teníamos ministerios capaces; hoy no”, enfatizó.
Durante la ronda de preguntas, estudiantes y docentes profundizaron en aspectos operativos de la reforma. El especialista fue enfático al señalar que la ley establece 180 días para evaluar y adecuar los contratos de las empresas mixtas y los convenios de servicios. “Es un plazo muy corto dadas las limitaciones técnicas del Estado. Además, los CTP y contratos de servicios fueron asignados —muchos de ellos— a empresas pequeñas y desconocidas, en campos de alta calidad. La ley ordena revisarlos, pero también dice que no se pueden desmejorar los derechos adquiridos. Habrá que ver cómo se resuelve esa contradicción”, cuestionó.
Aunque reconoció que la norma va en la dirección correcta al permitir esquemas flexibles, insistió en que se trata de una pieza dentro de un rompecabezas mucho más complejo. “Necesitamos una ley de gas, una estrategia de estabilización macroeconómica y, sobre todo, una recomposición institucional profunda. Esto es parte de una agenda mayor que incluye la reforma del Estado y la recuperación de la capacidad técnica en los ministerios de hidrocarburos, economía y finanzas”.
Atribuyó esa rigidez a una “ideología de izquierda radical” que, según su análisis, permeó incluso a partidos tradicionales como Acción Democrática y Copei durante los años 60 y 70, como herencia de las confrontaciones con las multinacionales. “Nuestra historia petrolera fue benigna: en 1943 nos volvimos influyentes, en 1948 éramos el primer exportador mundial y enseñamos al resto del mundo cómo cobrar impuestos. ¿Por qué esa aversión a lo que funcionó?”, se preguntó.
Ochoa planteó que la Constitución debería reformarse para facilitar una mayor participación privada —venezolana y extranjera— en el negocio petrolero, siempre bajo una regulación robusta y ejercida por ministerios con capacidad técnica. “¿Estamos preparados para eso? Bueno, Inglaterra exportó lana durante 350 años antes de industrializarse. Nosotros llevamos 100 años exportando petróleo. Ojalá no tengamos que esperar 250 años más para entender que el control del interés nacional no exige soberanía en la propiedad. Eso es ideología. Soberanía es capacidad de regular, cobrar impuestos y planificar”, sentenció.
El conversatorio, que se extendió por más de una hora, permitió a los asistentes contrastar sus perspectivas con las de un especialista que ha seguido de cerca la evolución del sector desde la academia. Para finalizar el especialista propuso recuperar la institucionalidad, mejorar la infraestructura, diversificar las alianzas, flexibilizar sin renunciar a la rectoría del Estado para modificar los términos, condiciones y la estructura de costos, y, sobre todo, despojarse de ataduras ideológicas que durante décadas han secuestrado el debate sobre el principal recurso del país, porque “la ley ayuda; pero no puede resolverlo todo”.
María Fransheska Mora E.
Estudiante de Comunicación Social ULA
franfran232@gmail.com
12-02-2026
