A cinco meses de la masacre ocurrida en el Centro Penitenciario Yare III, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció que todavía no se conocen públicamente los resultados de la investigación sobre la muerte de cinco privados de libertad que se encontraban bajo custodia del régimen venezolano.
Los hechos ocurrieron el 20 de abril, luego de que los internos acumularan cinco días sin recibir agua potable ni alimentos. Según testimonios documentados por el OVP, mientras los privados de libertad participaban en una actividad religiosa, funcionarios del Servicio de Sistema de Máxima Seguridad (Sesmas), comandados por un funcionario conocido como “Apolo”, realizaron una requisa sorpresiva.
En medio de estas condiciones se inició una protesta para exigir alimentos, agua, la presencia del director del penal y el traslado a otros centros penitenciarios. De acuerdo con los testimonios recabados por el OVP, funcionarios del Sesmas, con apoyo del Grupo de Respuesta Inmediata y Custodia (GRIC), ingresaron al módulo II y dispararon balas y perdigones contra la población penal.
Como consecuencia del operativo murieron Keivin Eduardo Matamoros Matamoros, Eliecer José Córdoba García, Erkin Josué Ramos Flores, José Pascual Andrade Aguilar y Jean Carlos Jiménez Barrios. Además, un número no determinado de privados de libertad resultó herido.
Ese mismo 20 de abril, el Ministerio Público anunció una investigación y designó una comisión de fiscales adscritos a la Dirección de Protección de Derechos Humanos para esclarecer lo ocurrido. Un día después, el Ministerio para el Servicio Penitenciario confirmó las cinco muertes y calificó los hechos como una “riña entre privados de libertad que devino en un motín”.
Sin embargo, cinco meses después, no se conocen públicamente los resultados de las investigaciones, las actuaciones realizadas, los funcionarios investigados ni las responsabilidades determinadas.
La Defensoría del Pueblo tampoco ha ofrecido respuestas públicas sobre las cinco muertes. El 22 de abril, mientras familiares permanecían a las afueras de Yare III en busca de información, un funcionario de esa institución que pidió mantener su identidad en reserva confirmó que se estaban realizando traslados, aunque no pudo precisar cuántas personas serían movilizadas.
Más de 600 presos fueron trasladados
El OVP documentó que para el 28 de abril más de 600 privados de libertad fueron trasladados desde Yare III hacia centros penitenciarios de Aragua, Carabobo, Guárico y Lara. En ese momento no existía una lista oficial y numerosas familias desconocían el paradero de sus seres queridos.
La organización advirtió entonces que los traslados podían afectar el esclarecimiento de los hechos y borrar evidencias, al movilizar también a personas que pudieron haber sido víctimas o testigos de lo ocurrido.
El OVP sostuvo desde abril que el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo estaban incumpliendo su deber de actuar y cuestionó su responsabilidad por acción y omisión, al tiempo que exigió respuestas al Ministerio para el Servicio Penitenciario.
Cinco meses después, la organización insiste en que debe investigarse no solo a quienes efectuaron los disparos, sino también la cadena de mando, las órdenes impartidas y la actuación de las autoridades penitenciarias, así como cualquier acción u omisión que haya contribuido a impedir el esclarecimiento de las muertes.
El organismo también recordó que antes de la masacre ya había documentado en Yare III denuncias de torturas, tratos crueles e inhumanos, falta de agua potable, alimentación deficiente, dificultades para acceder a atención médica y golpizas contra privados de libertad.
Ante este escenario, el OVP exigió que se hagan públicos los resultados de la investigación, se identifique y lleve ante la justicia a los responsables materiales y de mando, se investiguen las denuncias de torturas y tratos crueles e inhumanos y se garantice la reparación integral de las víctimas y sus familiares.
Cinco meses después de los hechos, el balance señalado por el OVP es de cinco personas muertas, privados de libertad heridos, más de 600 presos trasladados y una investigación anunciada, pero sin responsables identificados públicamente.
23-09-2026
