Por: Germán Rodríguez Bustamante…
Recientemente el Ministro de Defensa Padrino López, señalo que no quiere ver más a integrantes de la Guardia Nacional Bolivariana ejecutando “atrocidades”, lo cual en el fondo es una confección de la actuación brutal y cruel del componente militar en el marco de las protestas. El comportamiento abusivo no es exclusivo de las fuerzas de control del orden público del Estado, en la represión desproporcionada practicada en estos 70 días de reclamo; las barbaridades llegan también a la gestión pública en materia social, financiera y económica.
En estos años de revolución bolivariana la gerencia pública fue asaltada por un régimen de corte militarista que utilizo a los integrantes de las fuerzas armadas, como gerentes forrados de valores morales superiores y quienes con esa reserva tomaron la conducción de ministerios, empresas básicas e instituciones con resultados fatales para la salud del estado, que puede calificarse como “atrocidad”. Para todos es conocido el famoso Plan Bolívar 2000, que significo la asignación de recursos a los jefes de los destacamentos militares regionales, sin los controles para verificar la eficiencia del gasto y sin las rendiciones de cuentas obligatorias. Hasta el presente no se ha podido medir los beneficios del plan y los más grave no hay responsables por el manejo oscuro de los fondos. Lejos quedaron los valores del militar nuevo: de ser responsable en todo momento por sus actos u omisiones en los cuales incurra directamente o como consecuencia de sus funciones; ser justo en citrato con sus subalternos y no ordenar nada que atente contra la dignidad e integridad moral; ser honesto en todos los actos de la vida profesional y privada; entre otros. Las actuaciones de la gran mayoría de militares en funciones gerenciales han desnudado su incapacidad para tomar decisiones en ambientes complejos, es fácil manejar instituciones en abundancia, sin controles, sin medidas de rendimiento para evaluar la eficiencia de las acciones.
Desde la época del expresidente Chávez y en los años de Maduro, los militaristas han tomado el mando de instituciones sin la calificación requerida para impulsar procesos de mejoras continuas de las mismas. En estos últimos años de gestión de Maduro la situación se ha acentuado, tenemos militares activos al frente de la economía, las finanzas públicas, la salud, la alimentación, seguimiento y control del aparato burocrático, producción y distribución de cemento y cabillas, presidentes de fondos para el desarrollo, presidentes de bancos públicos, SENIAT, producción y paremos de contar. Pareciera que la capacitación demostrada para el ejercicio de un cargo en particular no es necesaria, es suficiente ser militar, estar vinculado con la proeza golpista de los años noventa y demostrar una subordinación a la banda que maneja el país.
La represión a los ciudadanos no se limita a la actuación en las calles, también se refiere al desempeño gerencial en la acción pública. Entendiendo está como la responsabilidad moral y política, concebida en términos jerárquicos y es el compromiso de las organizaciones públicas con respecto a la autoridad política electa, con una cultura organizacional para el abordaje de los problemas y las soluciones de la colectividad. Los militares en funciones de gestión actuaron de forma irresponsable, jamás entendieron la necesidad de anticipar, de prever para adecuar a las instituciones a situaciones imprevistas.
Perdieron la guerra económica, situación que produjo la especulación, el desabastecimiento, la escasez y la inflación, no lograron acabar con el bachaquero, con el especulador, con el delincuente, en consecuencia no existen diferencia entre la “atrocidad” derivada de la represión a nuestros jóvenes en las protestas, y la crueldad en el manejo de los recursos público que han producido los niveles de miseria de la población, que obliga a un porcentaje de la misma a buscar alimento en la basura y condenar a otros a “muerte” por falta de medicamentos.
Pareciera que las batallas gerenciales perdidas en estos años de revolución, impulsan los niveles de represión que usan en contra de los protestantes, para evitar la rendición de cuentas a la sociedad. Los costos de la improvisación gerencial militar en la conducción de la estructura pública son enormes, la decadencia de las empresas básicas y las públicas en general, llegan en algunos casos a situaciones irrecuperables, el despilfarro incubado en todos los sectores de la actividad pública en la cual actuaron militares, sancionan a la casta militar en gestión a deshonrosas bajas.
Los ahijados no han hecho caso al exhorto realizado por el Padrino, por el contrario la represión en los últimos días ha tomado dimensiones de aniquilación de los protestantes y por ende la protesta, utilizando procedimientos y herramientas que violan derechos fundamentales. El engaño de la llamada “constituyente” ha sido utilizada por la Dictadura como incentivo para buscar la unión de las fuerzas revolucionarias y la paz, sin embargo en la realidad la propuesta corta con el legado del comandante y en parte justifica su rechazo por el 85 % de la población. El Padrino y los ahijados intentarán regresar a los cuarteles sin asumir responsabilidades por las “atrocidades” cometidas, posiblemente con algunos kilitos de más e incrementos patrimoniales significativos difíciles de explicar.
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