Por: Germán Rodríguez Bustamante…
La salud económica de un país suele estar determinada por su productividad laboral. La productividad laboral es la medida por hora de trabajo generada por cada empleado; en términos sencillos, qué tanto trabajo completa un trabajador en una hora promedio. Entre más trabajo produzca en una hora, el nivel general de productividad aumenta, lo que significa una economía saludable y en crecimiento.
En el caso venezolano la productividad laboral se encuentra en sus niveles más bajos, como consecuencia de un marco legal que alimenta la improductividad, a través de la jornada laboral reducida, inmovilidad, días de asueto por servicios en mal estado de prestación y paralización de discusiones de contratos colectivos. Como sí esto no fuese suficiente, la política de expropiación y nacionalización de actividades productivas dirigida por este gobierno en los últimos 14 años ha ocasionado disminuciones sustanciales de las capacidades operativas de las actividades, entiéndase empresas y fincas, lo cual contribuye a los niveles de desabastecimiento experimentado en muchos sectores, que anteriormente estaban en manos de privados y que en manos del sector público muestran ausencias laborales importantes; referencia de esto se puede verificar en las Empresas Básicas de Guayana, Cementeras, Agropatria, etc. En conclusión, sin la presencia de los trabajadores en sus sitios de trabajo y la no utilización de las capacidades instaladas del aparato productivo, la productividad laboral como elemento de desarrollo del país muestra sus peores resultados.
Estos resultados afectan la competitividad, la cual se puede puntualizar por la productividad con la que un país utiliza sus recursos humanos, económicos y naturales. La productividad depende tanto del valor de los productos y servicios de un país medido por los precios que se pagan por ellos en los mercados libres, como por la eficiencia con la que pueden producirse. Por tanto, la verdadera competitividad se mide por la productividad: esta permite a un país soportar salarios altos, una divisa fuerte y un retorno atractivo al capital. Lo que más importa no es la propiedad o las exportaciones o si las empresas son de propiedad nacional o extranjera, sino la naturaleza y la productividad de las actividades económicas que se desarrollan en un país determinado.
El índice de competitividad considera factores como: instituciones, infraestructura física, estabilidad macroeconómica, seguridad, capital humano, mercado de bienes eficiente, eficiencia en el mercado del trabajo, eficiencia en el mercado financiero, disponibilidad de tecnología, apertura y tamaño de los mercados, sofisticación de los negocios y la innovación. Este conjunto de variables hace que mejorar la competitividad sea un reto de vital importancia, porque no existe ninguna política o medida que por sí sola pueda crearla, sino que deben de haber muchas mejoras en muchos ámbitos distintos, mejoras que inevitablemente se producen en el mediano y largo plazo. El índice de competitividad mide la habilidad de los países de proveer altos niveles de prosperidad a sus ciudadanos. A su vez, esta habilidad depende de la productividad del país para utilizar sus recursos disponibles. En consecuencia, el índice mide un conjunto de instituciones, políticas y factores que definen los niveles de prosperidad económica sostenible hoy y a medio plazo.
Lamentablemente Venezuela en la publicación del Índice de Competitividad Global (Global Competitiveness Index, siglas GCI), elaborado por el Foro Económico Mundial para el periodo 2015-2016, aparece en el puesto 132 de 144 economías del índice general, únicamente superando a Haití (134) en Latinoamérica, y mundialmente por encima, para consuelo, de Burundi, Sierra Leona, Guinea, Mozambique y Mauritania. Al analizar los factores que intervienen es fácil de explicar el puesto: la destrucción institucional que ha derivado la subordinación de los poderes al ejecutivo; la condición precaria de la infraestructura física, expresada en vías de comunicación riesgosas, servicios vulnerables y parques industriales en total abandono; un entorno macroeconómico turbulento e incierto, con inflación galopante y restricciones cambiarias; una inseguridad jurídica y personal, con tasas de homicidios no envidiadas por otros países, expropiaciones y nacionalizaciones violentando el marco jurídico; las condiciones para el desarrollo del capital humano, limitando las áreas de conocimiento, universidades cercadas financieramente por vía presupuestaria y la fuga de talento; los mercados sometidos a controles que producen distorsiones perversas, con impactos negativos en la calidad de vida de los ciudadanos; la baja capacidad de innovación del país en su conjunto, que produce un incipiente nivel de su tecnología; y una corrupción inimaginable.
En conclusión, la población en general en los últimos días está sometida a un elevado desabastecimiento que los obliga a hacer colas permanentes e inhumanas para acceder a los mecanismos de distribución de bienes de la cesta básica y medicamentos, con la recompensa de conseguirlos a precios regulados y subsidiados, dejando la productividad nacional pegada a la suela de sus zapatos.
ULA – FACES
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