Por: Germán Rodríguez Bustamante…
El término “paraíso fiscal” es atribuido a un territorio o país donde existen ventajas fiscales para que se realicen inversiones. Pueden existir en los mismos: ausencia de impuestos o una tributación baja a las rentas por actividades económicas; carencia de información fundamentada en una legislación y prácticas administrativas, que permiten a las empresas y particulares beneficiarse de normas basadas en el secreto frente a fiscalizaciones de las autoridades, que limitan el intercambio de información con otros países y falta de transparencia en la aplicación de normas legales y procedimientos administrativos y financieros; mecanismos frágiles para exigir la actividad real de las empresas y particulares pues lo fundamental es la seducción de inversiones.
A pesar de las ventajas tributarias conferidas por un Estado en un territorio determinado, las mismas obedecen a una estrategia racional de captación de inversiones, lamentablemente también se puede utilizar para ocultar, lavar o legitimar capitales provenientes de actividades criminales.
La construcción de una red financiera internacional para diversificar las inversiones, y en consecuencia disminuir los riesgos potenciales, no puede calificarse como delito; es una decisión racionalmente correcta cuando los recursos derivados provienen de actividades lícitas. Se aprovecha el territorio con las ventajas fiscales para proteger inversiones y mitigar los riesgos financieros globales.
Lastimosamente el argumento financiero de proteger inversiones le sirve a otros actores quienes, aprovechando su posición, lograron amasar grandes cantidades de recursos originados por prácticas deshonestas. La corrupción es la actividad que infecta los paraísos fiscales en mayor proporción, cuyo objetivo es crear un laberinto financiero que impida el seguimiento de los flujos de dinero, creando una telaraña de empresas “offshore” por las cuales los dineros circulan lavando las manchas productos de actividades indecentes. Son los políticos y la clase corrompida quienes sustraen recursos de los presupuestos públicos de sus países y del tráfico ilegal que hacen de sus influencias.
La reciente filtración de los llamados “Papeles de Panamá” muestran actividades conocidas por autoridades fiscalizadoras del mercado financiero internacional, para las cuales no era un secreto; sin embargo la dimensión de las operaciones realizadas por el bufete Mossack Fonseca evidencian la vulnerabilidad del sistema financiero internacional para evitar la erosión de la base tributaria de los países a los cuales le sustraen los fondos y, por otra parte y más grave, la repercusión sobre la pobreza que estas prácticas tienen en esas naciones.
La concentración de fondos en estos territorios ha crecido de manera importante en los últimos años, fomentando prácticas corruptas en naciones motivadas por sus propias deficiencias institucionales y por la existencia de zonas ventajosas para ocultar lo sustraído; llegó el tiempo de establecer mecanismos para ponerle fin a la carrera de la baja tributación de los beneficios empresariales y particulares y la competencia desleal entre países. Se debe crear un organismo mundial con la participación de todas las naciones para fiscalizar la existencia de los paraísos fiscales y los flujos de dinero en circulación en los mismos. No pueden convertirse los espacios en terrenos fecundos para incentivar experiencias deshonestas.
Venezuela es un país que en los últimos 17 años ha recibido una cantidad importante de recursos que fueron, por actuaciones corruptas de burócratas revolucionarios, despilfarrados y pasaron a engrosar los fondos colocados en paraísos fiscales en todo el mundo. La debilidad institucional propició la existencia en nuestro país de escandalosos casos de corrupción, narcotráfico y blanqueado de capitales. En este marco era previsible que gran cantidad de funcionarios conectados con el gobierno revolucionario utilizaran las bondades de los paraísos fiscales para resguardar lo saqueado. La evasión y elusión fiscal por parte de las grandes empresas privó a los gobiernos de miles de millones de dólares, dando lugar a un rápido aumento de la desigualdad.
Es escandaloso que nuestro gobierno permita que tanto dinero se escape sin pagar impuestos, dejando fuera del lazo a aquellos individuos que más pueden contribuir a financiar los bienes y servicios públicos. Ante la caída de los ingresos el gobierno revolucionario afirma no tener más alternativa y recorta el gasto público y la ayuda al desarrollo; pero sí la hay, debe de realizar las gestiones para recuperar el dinero que hoy se esconde en los paraísos fiscales, esto generaría ingresos que duplican lo necesario para acabar con la pobreza extrema en Venezuela, contribuir con el financiamiento a la educación en general, a la salud y a la seguridad. En conclusión, nuestro país debe adoptar medidas urgentes para frenar la corrupción, con mayores niveles de transparencia en la gestión pública, así como mayores canales de participación, para mejorar el funcionamiento interno de las instituciones.
ULA – FACES
@germanrodri
@germanoveja
