Por: Angélica Villamizar…
Más allá de la emergencia económica y política, en Venezuela persiste una crisis más profunda que es la desintegración acelerada de su tejido social. La desconfianza, la polarización y el sálvese quien pueda se han instalado en el día a día, erradicando los valores y la sana convivencia. En este escenario desafiante, se está viendo nacer una fuerza potencialmente transformadora, la participación activa y protagónica de los jóvenes.
Históricamente, la juventud venezolana ha sido vista como el futuro del país, sin embargo, la urgencia del momento exige que sean reconocidos como actores fundamentales del presente. Son ellos quienes, desde su resiliencia y adaptabilidad, han creado redes informales de apoyo, han impulsado emprendimientos en condiciones adversas y han utilizado las herramientas digitales para visibilizar problemáticas y organizar iniciativas comunitarias, desde los muy jóvenes en los colegios y liceos, hasta los que ya están en su etapa inicial de la adultez en las aulas de clase de las universidades.
Esta energía, creatividad y anhelo de cambio, y con la esperanza de vivir aquello que la mayoría desconoce, una auténtica democracia, son la materia prima indispensable para cualquier proceso de reconstrucción nacional.
Pero esta participación no puede quedar relegada al voluntarismo individual o a la acción aislada. Es imperativo que los gobiernos en sus tres niveles, nacional, estatal y municipal, asuman su responsabilidad y comiencen a elaborar políticas públicas que no solo incluyan a los jóvenes, sino que estén diseñadas con ellos y para ellos, reforzando y amplificando su acción.
Así pues, las políticas deben surgir de procesos genuinos de diálogo y no de imposiciones verticales. Se necesitan consejos locales de juventud con incidencia real, presupuestos participativos específicos para proyectos juveniles y mesas técnicas donde los jóvenes expertos en comunidades, tecnología o cultura aporten soluciones concretas a problemas públicos.
Los municipios, como el gobierno más cercano, pueden crear programas que formalicen y apoyen el trabajo comunitario juvenil. Esto implica reconocimiento académico (pasantías, servicios comunitarios con valor curricular), microfinanciamiento para proyectos sociales, y acceso a espacios públicos para que sean gestionados como centros de innovación social.
Por su parte, el gobierno nacional debe reformular el enfoque educativo que fomente habilidades como la mediación de conflictos, la gestión de proyectos, el emprendimiento social y el uso de tecnología para el bien común.
Reconstruir el tejido social empieza en la escuela y la universidad, formando ciudadanos capaces de dialogar, colaborar y construir consensos.
Los gobiernos estatales y nacionales tienen el deber de crear un entorno seguro para la participación. Esto significa proteger a los líderes juveniles de cualquier tipo de persecución o estigmatización, garantizar el libre acceso a la información pública y facilitar los trámites para la constitución de asociaciones civiles y ONG dedicadas al trabajo social.
La reconstrucción del tejido social venezolano no será el resultado de un decreto ni de un plan burocrático. Será, un plan compuesto por miles de acciones locales.
Invertir en su participación no es un gasto, es la más estratégica de las inversiones. Es apostar por una ciudadanía renovada, crítica y comprometida. Los jóvenes no son solo beneficiarios de un futuro mejor; son los arquitectos que pueden, aquí y ahora, comenzar a levantar los pilares de una Venezuela donde la confianza, la cooperación y la esperanza vuelvan a ser la norma.
Los gobiernos deben abrir canales genuinos de participación, ceder espacios de decisión y convertir la energía juvenil en política pública estructurada.
05-02-2026 (162-2026)
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