Por: Germán Rodríguez Bustamante…
Esta semana los venezolanos con derecho a voto estarán por resolver un dilema, derivada de la participación en las elecciones parlamentarias organizadas por la Tiranía, o asistir a la consulta popular planificada por Guiado y la oposición mayoritaria aglutinada en la Asamblea Nacional. Ambas opciones están contempladas en el texto constitucional, los procesos de elección de diputados y diputadas deben de hacerse cada 5 años, artículo No. 192, es decir el 05 de enero de 2.021, se vence el periodo de los diputados y diputadas actuales, por otro lado el artículo No. 70 establece la consulta popular como un medio de participación del pueblo en materia económica y política. Lo cierto es que las propuestas políticas en la mesa no resolverán los problemas políticos, independientemente de sus resultados y mucho menos los económicos y sociales.
El régimen desde el 2.016 viene refinando un proceso de amputación de competencias de la Asamblea Nacional, visto el resultado electoral del 2.015. Una de las primeras sentencias impugnó sin carga probatoria, derecho a la defensa, ni sentencia firme a los diputados del estado Amazonas. De esta manera, además de cercenar a este territorio de representación parlamentaria se impedía la consolidación de la mayoría calificada, y con ello las facultades constitucionales que tiene este tipo de mayoría en términos de control político. La juramentación de estos diputados fue la excusa perfecta para declarar al parlamento en desacato y con ello anular todas las decisiones y el ejercicio pleno de sus facultades institucionales.
El forjamiento de un sistema electoral a la medida se convirtió en política de Estado, al punto de permitirse una convocatoria electoral inconstitucional, como lo fue la elección de la Asamblea Nacional Constituyente de 2017, la cual perseguía el propósito de redactar una nueva constitución. Sin embargo, en la práctica sólo se logró imponer un parlamento paralelo a la AN. Esta práctica empleada por el chavismo-madurismo, cuando algún resultado electoral le ha sido adverso, terminó vaciando el voto de sentido cívico como medio de expresión política y de cambio institucional.
Las expectativas de una transición democrática y la petición del cese de funciones de un gobierno clasificado como usurpador por la cuestionada elección, fue un nuevo marco estratégico para presionar un cambio político apoyado por más de 50 democracias. Con el establecimiento de un cerco diplomático y financiero al régimen de Maduro, la dirigencia opositora consideró que más temprano que tarde se precipitaría un quiebre interno, especialmente en las fuerzas armadas. Tristemente la estrategia no funcionó, ni tampoco los intentos posteriores de negociación con el régimen. Por el contrario, este error de cálculo sirvió para que el chavismo depurará sus filas de desertores y logró a su vez desarticular a la oposición del único escenario en el que ha sido exitosa: el ámbito electoral.
Si bien las condiciones electorales actuales no podrían ser peores, la abstención terminaría siendo un callejón sin salida, sin ningún valor estratégico de cara al futuro. Pues aún ante la derrota, el esfuerzo organizativo que implica toda elección podría permitirle a la oposición reconstruir la unidad estratégica perdida, renovar su liderazgo y recuperar progresivamente el respaldo social de una nueva realidad demográfica. Lamentablemente la ola del tiempo los revolcó y es muy poco lo que se puede hacer, las cartas ya están echadas.
A todo vapor el acorazado rojo a pesar de tener perforado todo su casco, busca legitimarse con la elección parlamentaria, el porcentaje de participación no les interesa para nada, con todo el chantaje del hambre buscaran a sus seguidores en las catatumbas, para que puedan salir transitoriamente a la superficie y ejercer el voto, obviamente totalmente asistido. La elección parlamentaria busca consolidar la transición hacia un régimen más restrictivo, un sistema político en el que se controlen hegemónicamente todos los poderes públicos, y se mantenga a la nueva oposición tutelada, presa, inhabilitada, exiliada y dividida.
La consulta popular surge como alternativa a la desmovilización producto del llamado a la abstención. El gobierno interino padece su propio viacrucis, producto de su incoherencia y la falta de olfato político para detectar las malas intenciones del régimen en las aproximaciones que se intentaron. La consulta a realizarse entre el 05 y 12 de diciembre indaga sobre: exigencia al cese de la usurpación de la presidencia de parte de Nicolás Maduro y convoca la realización de elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables, el rechazo del evento del 6 de diciembre organizado por el régimen de Nicolás Maduro y solicitar a la comunidad internacional su desconocimiento y adelantar las gestiones necesarias ante la comunidad internacional para activar la cooperación, acompañamiento y asistencia que permitan rescatar nuestra democracia, atender la crisis humanitaria y proteger al pueblo de los crímenes de lesa humanidad. Preguntas formuladas con algo de sesgo, pero que en definitiva intenta sostener el apoyo internacional captado hasta el momento.
No es fácil la decisión para los venezolanos: participa y vota conociendo los riesgos del acto, o asiste a una consulta popular cuyo desenlace en tan incierto como el proceso electoral. Por mi parte iré a los dos eventos conociendo los riesgos de ambos.
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