Por: Germán Rodríguez Bustamante…
Venezuela desde el descubrimiento del petróleo se convirtió en una nación dependiente de los flujos originados por el recurso, sometiendo a la dinámica económica interna a los vaivenes del mercado energético mundial. Esto permitió en algunos momentos de aumento de precios una expansión y crecimiento económico importantes, en comparación con otros países del hemisferio. Sin embargo, la fragilidad institucional facilito el despilfarro de recursos y algunas corruptelas que amputaron la capacidad de ahorro de la economía, para afrontar condiciones adversas del mercado.
La propuesta de la revolución bolivariana encabezada por Chávez (periodo 1.999-2.012), en conjunto con su heredero Maduro, (2.013-2.021), fulminaron la capacidad competitiva de la industria. En estos 22 años de revolución la empresa fue sometida a un proceso agresivo de politización, que desvirtuó el foco del negocio, encomendándole labores para las cuales no estaba preparada. El régimen venezolano secuestró a PDVSA para financiar programas sociales y una gran variedad de gastos gubernamentales con muy baja inversión productiva, este patrón de gasto fue insostenible sobre todo por: producción petrolera en caída abrupta, disminución de precios del crudo, corruptelas introducidas en revolución y obviamente el impacto de las sanciones.
A partir del año 2.012, se comienza a observar las consecuencias de las políticas implementadas por el gobierno revolucionario. La política petrolera perdió el balance entre los objetivos que se deberían tener en el largo plazo en función del interés nacional. Lamentablemente estos fueron impulsados por la orientación ideológica gubernamental, con fuertes raíces en la izquierda radical, hostil a la economía de mercado y a su promoción de relaciones internacionales guiadas por el antiimperialismo (anti-norteamericanas).
En este momento la empresa se encuentra en una posición vulnerable y frágil, que afecta su continuidad operativa y financiera colocándola al borde de la quiebra inminente. En consecuencia, la propia nación sufre los resultados de la dependencia total y absoluta de las divisas de la actividad petrolera. Expresadas estas en las lastimosas condiciones de vida de la población, marcada por una crisis económica de dimensiones humanitarias, calificada como apocalíptica. Las cifras de perspectivas económicas elaboradas por el FMI, Banco Mundial y Bancas Privadas de Inversión, desnudan la realidad producida por la ruina de la industria petrolera venezolana.
El futuro de Venezuela depende de forma inexorable al futuro de su empresa petrolera, por lo tanto, debe abordarse un proceso transparente de asociaciones y convenios con el capital privado tanto nacional como internacional, para la recuperación de la empresa y por ende del país, teniendo en cuenta que el Estado no pude continuar distrayendo recursos necesarios para otras áreas esenciales, para sostener una empresa en la ruina absoluta. Hay que dejar de un lado posiciones dogmáticas sobre la privatización de la industria, la realidad es concluyente los riesgos deben ser diversificados y el esfuerzo mayor para la recuperación debe hacerlo los inversionistas privados, sobre todo en un horizonte del mercado petrolero signado por su sustitución en el mediano plazo.
Venezuela fue el quinto país exportador de petróleo y es el poseedor de las mayores reservas probadas de crudo pesado del mundo, con 297.570 millones de barriles. Además, cuenta con las mayores reservas de crudo liviano en todo el hemisferio occidental. En 2.008, la producción de crudo en Venezuela fue la décima más alta del mundo con 2.394.000 de barriles diarios, convirtiendo a dicho país en el octavo exportador neto de petróleo más grande del mundo. A pesar de estas potencialidades el régimen revolucionario dilapidó esas potencialidades, colocándonos en la cola de las naciones petroleras del mundo ya para el año 2.017.
Las consecuencias de los errores cometidos en el pasado se muestran con claridad, en los estados financieros de la industria. Fue incomprensible la estrategia de venta de inversiones en el extranjero emprendida desde el año 2.007, materializada con la venta de las refinerías en Lyondell, Paulsboro y Savannah en Estados Unidos, Ruhr Oel, en Alemania, la mayoría de los recursos derivados de las ventas fueron al FONDEN, impidiendo que PDVSA pudiera orientar los recursos para mantener la capacidad de refinación producto de las reducciones, por las ventas realizadas. Estas acciones se ejecutaron con la ausencia de mecanismos de transparencia, de procesos licitatorios nacionales e internacionales, sin la participación de representantes del poder legislativo y ciudadano y lo peor, sin la rendición de cuentas por los recursos recibidos y su uso. Dilapidaron una cantidad importante de recursos, que con toda seguridad forman parte de las riquezas personales construidas en estos años de revolución.
Agotada la capacidad de contribución para el desarrollo social, el cadáver industrial avanza como el país: al fondo de una miseria colectiva. Los chispazos de crecimiento y prosperidad quedan apagados por el viacrucis que vive el pueblo en este momento, por las condiciones deprimentes de los servicios públicos que mantiene al país en la oscuridad total. La solicitud de alivio de las sanciones solicitada a la administración Biden, surge como un clamor desesperado para remediar la vía dolorosa, sin embargo, no será suficiente. Es necesario un compromiso de todos los actores tanto políticos, económicos como sociales para hacer la carga más ligera para la población. Un gran pacto de unidad nacional, con un plan que involucre a todos y todas sin excepción.
