Por: Germán Rodríguez Bustamante…
En estos 17 años de revolución nuestra principal industria PDVSA fue sometida a una gestión empresarial nefasta que eliminó sus capacidades competitivas: en primer lugar los despidos masivos, producto del paro petrolero, descapitalizó intelectualmente a la empresa, gran cantidad de profesionales capacitados fueron sacados de cargos de dirección y sustituidos por camaradas sin ninguna o poca formación y conocimiento del negocio; en segundo lugar, la empresa asumió responsabilidades vinculadas con el desarrollo social que desvirtuaron sus objetivos fundamentales, en este marco con ingresos extraordinarios derivados del elevado precio del petróleo, el gobierno presionó a la empresa y se despilfarraron recursos orientados a gasto público y no al incremento de capacidades, en consecuencia en estos momentos de precios bajos, la empresa no tiene mecanismos para compensar la caída de ingresos; en tercer lugar se comprometió la producción a través de convenios comerciales, obviando las autorizaciones de la Asamblea Nacional; como si esto no fuera suficiente, se liquidaron activos en el extranjero en procesos oscuros, socavando la estructura patrimonial de la industria.
Adicional, la política de solidaridad experimentada por Venezuela brindó créditos a largo plazo y cuotas de petróleo preestablecidas a los países más débiles de la región, contribuyendo no solo a fortalecer alianzas estratégicas de carácter geopolítico, sino disminuyendo supuestamente, además, las asimetrías existentes en las naciones latinoamericanas; por otro lado se establecieron principios políticos que rigen las acciones como son: integración, solidaridad, cooperación, complementariedad, seguridad energética, desarrollo económico y el uso soberano de los recursos energéticos, con una visión sustentable en el aprovechamiento de los recursos naturales. Todo esto suena muy plausible, sin embargo los venezolanos vivimos las consecuencias de dicha solidaridad: PDVSA ha visto disminuir su flujo de caja por ventas de crudo a precios subsidiados y a periodos de financiamiento superiores a los estándares de mercado; periodos de crédito de 10 y 20 años tienen repercusiones financieras enormes para la industria petrolera, como observamos en las pérdidas por descuento de facturas realizado a República Dominica, que significó cerca de 2.500 millones de dólares. Los delirios geopolíticos orientados hacia el establecimiento de mecanismos de cooperación e integración, utilizando los recursos energéticos de Venezuela, han generado consecuencias dañinas en la salud comercial, financiera y administrativa de PDVSA.
La gestión revolucionaria de la empresa de nuevo se dirige a la renta y la distribución de la misma en programas sociales de entrega de dinero físico o mercancías, que no garantizan la generación de empleos sostenibles y el fortalecimiento de la infraestructura interna del país a todos los niveles, con el agravante de que no se previeron las condiciones del mercado del crudo, el cual podría sufrir una caída de precios, consecuencia de la baja actividad económica global, y que en este momento coloca en duda la continuidad de la estrategia de distribución de renta. Algunos de los daños consumados por la gestión revolucionaria en PDVSA son irreparables: la fragilidad de la estructura financiera que la coloca en posición desventajosa para captar financiamiento, la pérdida patrimonial por la venta de activos en el extranjero y la incapacidad técnica para enfrentar las condiciones presentes y futuras del mercado petrolero son elementos que presionan hacia la insolvencia financiera de la empresa, expresada en el corto plazo en su incapacidad de poder cumplir con los compromisos asumidos; en consecuencia, este gobierno o el que venga deberá afrontar un proceso de reestructuración de la empresa para poder sacarla del foso que la situó la gestión revolucionaria. La visión anacrónica del socialismo del siglo XXI produjo las catástrofes que observamos en todos los segmentos de la actividad económica y particularmente en la industria petrolera.
El 16 de septiembre del presente año PDVSA invitó a los tenedores de los Bonos PDVSA 2017 a participar en un proceso voluntario de intercambio de títulos con un nuevo vencimiento en el 2020, con una garantía sustentada en un colateral de 50,10% de capital de Citgo Holding, Inc. Sin embargo, hasta la presente los inversionistas privados no han reaccionado positivamente a la propuesta, fundamentalmente por la ausencia de información financiera que les permita cuantificar los riesgos derivados del canje. El factor político posee un peso substancial en la determinación del riesgo país: Venezuela se encuentra en desventaja alejando a los inversionistas, ya que el hecho político ha invadido todos los aspectos de la vida nacional, condicionando la percepción de riesgo de los inversionistas castigando al país con tasas muy elevadas, situación que implica menores flujos de fondos, mayores tasa de interés global, tipo de cambio real al alza, disminución de las perspectivas de crecimiento, distorsión de los precios y presiones inflacionarias cada vez más elevadas.
Este gobierno, de forma intencional, consiente la existencia de deficientes sistemas de gestión financiera que debilitan la calidad de las erogaciones y la administración de los flujos de recursos, situaciones que perciben los tenedores de bonos. La fiesta del socialismo del siglo XXI la pagaremos todos los ciudadanos con mayores impuestos y restricciones, mientras una élite se apropió de recursos que ahora forman parte de sus patrimonios.
ULA – FACES
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