Durante años, una parte del debate energético ha estado atrapada entre dos simplificaciones. Una anuncia el final inmediato del petróleo, como si la economía mundial pudiera desmontar en pocos años una infraestructura construida durante más de un siglo. La otra supone que los países productores pueden seguir dependiendo de los hidrocarburos sin modificar sus instituciones, sus tecnologías ni sus políticas fiscales. Ambas lecturas fallan por exceso. La descarbonización no borra de un plumazo al petróleo y al gas natural, pero sí cambia las reglas bajo las cuales esos recursos seguirán siendo valiosos.
El problema para las economías dependientes de hidrocarburos no es únicamente ambiental. Es fiscal, externo, productivo y geopolítico. Cuando un país obtiene buena parte de sus ingresos públicos, divisas, inversión y estabilidad macroeconómica de la renta petrolera, cualquier alteración del mercado energético se convierte en un asunto de Estado. No se trata solo del precio del barril; se trata de presupuesto público, balanza de pagos, empleo, endeudamiento, tipo de cambio, importaciones y capacidad de inversión.
La transición energética no debe entenderse como sustitución automática, sino como selección progresiva. El petróleo seguirá siendo necesario en actividades donde la electrificación avanza con mayor lentitud, como aviación, transporte pesado, petroquímica, fertilizantes y ciertos procesos industriales. Sin embargo, no todos los productores competirán en igualdad de condiciones. Los barriles con menor costo, menor intensidad de carbono, mayor confiabilidad contractual y mejor trazabilidad ambiental tendrán ventajas crecientes. La abundancia geológica seguirá importando, pero ya no será suficiente.
La Agencia Internacional de Energía estima que la demanda de petróleo tendería a estabilizarse cerca de 2030 bajo las políticas actualmente anunciadas, mientras la Organización de Países Exportadores de Petróleo mantiene una visión más expansiva hacia mediados de siglo. Esa diferencia no es menor. Muestra que el futuro energético está en disputa y que los países productores deben prepararse para escenarios inciertos. Apostar todo a una demanda creciente indefinida sería tan riesgoso como renunciar de forma prematura a ingresos que aún pueden financiar desarrollo.
El nuevo mapa energético incorpora criterios que antes eran secundarios. La reducción de emisiones de metano, la eficiencia operativa, la quema de gas, la calidad de los datos ambientales, la estabilidad regulatoria y la capacidad de reportar riesgos climáticos ya forman parte de las decisiones de inversión. Bancos, aseguradoras, compradores industriales y reguladores observan cada vez más la huella de carbono de los proyectos. El petróleo no solo compite por precio y calidad; también compite por aceptabilidad financiera y ambiental.
Esta transformación abre una pregunta incómoda para los países rentistas: ¿qué hicieron con la renta cuando todavía había margen para transformarla en capacidades productivas? La historia latinoamericana ofrece demasiados ejemplos de ingresos extraordinarios convertidos en gasto corriente, subsidios mal diseñados, importaciones, endeudamiento y obras sin productividad. La descarbonización vuelve más costoso ese error. Cada año de postergación reduce la capacidad de convertir una riqueza agotable en educación técnica, infraestructura, innovación, industria, servicios especializados y exportaciones no petroleras.
La transición justa debe ocupar un lugar central en esta discusión. No basta con anunciar energías limpias desde las capitales mientras las regiones productoras absorben desempleo, pérdida de ingresos locales y deterioro de proveedores. Los territorios petroleros no son simples puntos en un mapa de extracción. Son economías vivas, con trabajadores, comunidades, empresas de servicios, municipios y expectativas construidas alrededor de la actividad energética. Una transición mal administrada puede producir fracturas sociales tan profundas como las que busca evitar.
La captura, uso y almacenamiento de carbono puede ser una herramienta útil, pero no debe venderse como salvación tecnológica. Puede ayudar en sectores difíciles de descarbonizar, como cemento, acero, refinación, gas natural y petroquímica. También aprovecha capacidades propias de la industria petrolera, como conocimiento geológico, perforación, monitoreo del subsuelo e ingeniería de yacimientos. Sin embargo, requiere capital, regulación confiable, medición rigurosa, infraestructura y responsabilidad de largo plazo. Sin instituciones sólidas, esa tecnología corre el riesgo de convertirse en promesa costosa.
Noruega, Canadá y Arabia Saudita muestran rutas distintas de adaptación. Noruega ha utilizado su capacidad institucional y técnica para desarrollar almacenamiento geológico de dióxido de carbono en el Mar del Norte. Canadá ha creado incentivos fiscales para hacer viables proyectos de captura. Arabia Saudita intenta preservar su centralidad petrolera mediante diversificación, reducción de emisiones e inversión tecnológica. Ninguno de estos casos es una receta universal, pero todos enseñan algo elemental: la transición no se improvisa. Requiere Estado, financiamiento, empresas capaces y reglas creíbles.
Venezuela enfrenta este debate desde una posición particularmente difícil. Tiene una historia económica profundamente asociada al petróleo, una base de crudos pesados y extrapesados relevante, infraestructura deteriorada, restricciones de inversión, sanciones y una pérdida prolongada de capacidades operativas. Su dilema no es escoger entre petróleo o transición energética. Esa es una falsa disyuntiva. Venezuela necesita recuperar producción para estabilizar ingresos y actividad económica, pero no puede hacerlo como si el mercado mundial no hubiese cambiado.
Una recuperación petrolera venezolana sin reforma productiva sería apenas una restauración frágil. Podría generar alivio fiscal temporal, pero mantendría la dependencia externa, la vulnerabilidad cambiaria y la exposición a ciclos de precios. Una recuperación estratégica tendría otro sentido: reconstruir integridad operacional, reducir emisiones, recuperar gas, mejorar transparencia contractual, fortalecer información energética y financiar sectores productivos no petroleros. El petróleo debería ser puente, no jaula.
La descarbonización no elimina la importancia de los hidrocarburos; elimina la comodidad de depender de ellos sin estrategia. Los países productores que entiendan este cambio podrán usar la renta remanente para financiar diversificación, tecnología y estabilidad social. Los que lo ignoren quedarán atrapados entre menores márgenes de inversión, mayores exigencias ambientales y pérdida gradual de relevancia geopolítica. El futuro no pertenecerá necesariamente a quienes tengan más petróleo, sino a quienes sepan convertirlo, a tiempo, en desarrollo.
Prof. Rafael Rosales
Escuela de Ingeniería Geológica ULA
Doctorando en Economía Aplicada IIES-ULA
14-06-2026
