Por: Antonio José Monagas…
Venezuela ya no puede más con tanto problema a cuesta. A decir de los
hechos, todo pareciera estar a punto de implosión o de explosión.
No es de extrañar que cualquier imposición o decisión ejecutada a la fuerza, termina generando más problemas de los que en principio pensaron solucionarse. Ya lo explicaba Murphy, cuyos aforismos dejan ver que si algo tiene la posibilidad de salir mal, saldrá mal. Quizás la historia ofrece una mejor explicación a este respecto. Particularmente, al demostrar que los errores se repiten a pesar del esfuerzo en contrario. Sobre todo cuando por afán de poder, el ejercicio de la política cae en manos inescrupulosas o irrespetuosas de la razón, la moralidad y la ética pública. En estos casos, no hay duda de que “las cosas que pueden ir mal nunca terminan”. Y no es por mirar el mundo con pesimismo. Se trata de reconocer que ciertamente nada luce tan fácil o sencillo como pudiera parecer. Pues debajo de la esencia de las realidades, siempre es posible que desaciertos y desatinos consigan guarecerse de la justicia, y demás virtudes que dan sentido a valores y principios de vida.
Desde sus inicios, en 1999, el entonces gobierno militarista no supo qué hacer con tanto. El país disponía de suficientes recursos para terminar de paliar la crisis política y económica que venía desaforando la institucionalidad democrática. La década de los noventa, no condujo a los objetivos que el Noveno Plan de la Nación tenía trazado. Ni siquiera sus lineamientos sirvieron de advertencia en torno a lo que ya venía descomponiéndose. Esta fue, precisamente, la razón que animó el apoyo popular a partir del cual se dio el cambio político-gubernamental. Cambio éste que si bien despertó saludables expectativas, también devino en crudas contrariedades que comenzaron a exasperar buena parte de la población venezolana. Inclusive, a quienes se identificaron con la causa política que había afrontado el problema que para entonces copaba la escena nacional. O sea, la cuestionada antipolítica o rechazo a los partidos políticos toda vez que desdeñaron compromisos establecidos con sus correspondientes militancias.
El tiempo transcurrido no impidió que los problemas inducidos por un modelo económico que no se ajustó a las exigencias de realidades que operaban a instancia de un desarrollo enmarcado bajo nuevos paradigmas, indujeran a otros de mayor gravedad. Tanto fue así que las amenazas que incitaban su coacción, no se superaron lo cual influyó en la recaída de la popularidad del régimen. Por otra parte, la ineptitud gubernamental para sortear los obstáculos que dichos riesgos ocasionaban al ámbito operacional de la administración pública, determinó el ensanchamiento de la crisis económica que venía afectando la movilidad nacional. Fue así como la empresa estatal de mayor abolengo financiero, Petróleos de Venezuela, S.A., vio constreñida su funcionalidad. Asimismo, las empresas básicas radicadas en Guayana.
Para compensar el desfalco que esta aberración esgrimía contra el país, el gobierno se dio a la tarea de exfoliar y expropiar al sector productivo privado nacional. Como si al hacerlo, se revertiría el daño ocasionado al patrimonio del Estado venezolano con las decisiones tomadas a este respecto. Las consecuencias dejaron ver cuánto de negativo había logrado el gobierno central con sus equivocadas decisiones. Ni siquiera el esfuerzo realizado a fin de resarcir o recuperar el daño ocasionado al patrimonio económico de la nación, tuvo algún efecto. La magnitud del desastre, ya había horadado la estructura y organización del país. Sin embargo, el problema no alcanzó a concienciar la actitud de gobernantes que, basándose en la percepción del sordo vocablo “revolución”, arremetieron aún más contra la nación, contra sus instituciones y su economía. Pensaron que radicalizando la “revolución” emprendida, obtendrían el apoyo interno y externo necesario a los fines de redimir los valores a partir de los cuales reivindicarían el sentido de “patria”. Y por tanto, la importancia que para el proyecto revolucionario tiene el concepto de “soberanía”.
Pero nada así sucedió. Contrariamente, el país se hizo añicos luego de 2012 a lo cual contribuyó el encrespado presidencialismo por cuyo autoritarismo se procedió a subordinar los poderes Judicial, Ciudadano y Electoral. Ello, con el perverso propósito de acentuar el presidencialismo. Y que luego del 6-D pasado, se magnificó para así reducir al máximo las atribuciones que la Constitución le confiere al Poder Legislativo toda vez que le corresponde actuar como elemento de contrapeso y control del poder público nacional en todas sus manifestaciones.
No obstante, aunque el país no ha sido estremecido por guerra alguna, su devastación asombra a quienes lo conocieron como referencia latinoamericana de democracia, transparencia administrativa y de desarrollo humano. Indiscutiblemente, el país ya no puede más con tanto problema a cuesta. Pareciera estar a punto de implosión o de explosión. Es intolerable el nivel de malversación, corrupción, inflación, carestía y de desorganización que vive. Es como si el desgobierno que azota a Venezuela, lo hace desde una barricada contra la razón.
“Cuando se omite la razón como criterio de gobierno, se agrieta la dinámica funcional de un país. Y en consecuencia, se desfigura el ordenamiento jurídico a partir del cual se instituye no sólo la movilidad administrativa del Estado. También, el ejercicio de la política por cuyos fundamentos adquiere sentido al pluralismo entendido como condición que estimula la libre expresión del pensamiento de sus ciudadanos”
AJMonagas
