La enmascarada pretensión del régimen por seguir enredando al país con determinaciones que violentan el Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, ha rendido frutos rojos. Pero de rojo sangre.
Engorroso dilema éste, cuyas razones no siempre se hallan en el ejercicio de la política. Hay otras causas que explican la disyuntiva en la que se debate la democracia, o se impone la tiranía. Sobre todo, por el peligro que encausa un sistema político perturbado por la anomia dominante. Es decir, afectado por la grosera incapacidad que exhibe el estado de desorganización social dominante al inducir al aislamiento del individuo de manera que su comportamiento luzca al margen del civismo y de la moralidad.
En Venezuela, padecer las angustias que esta dualidad ha generado, devino en situaciones de serias y peligrosas implicaciones. Así se ha vivido, y sigue viviéndose, a pesar de lo establecido por la normativa constitucional y buena parte de leyes orgánicas que dictaminan formas y normas de convivencia democrática. Pero más ha podido la falta o incongruencia que adolecen las reglas sociales, para que Venezuela haya sucumbido ante las exigencias del desarrollo que pauta el discurrir de la democracia.
Desde el mismo 4-F, 1992, fecha ésta en que algunos militares pretendieron subvertir el ordenamiento constitucional con la machacona excusa de “(…) recuperar la funcionalidad institucional del país, tanto como de la administración del erario nacional”, se escucharon voces agoreras que presumían exhortar actitudes de rescate de la democracia. Sólo que los procedimientos empleados, pusieron el descubierto el talante conspirativo y de envalentonamiento de quienes se dieron a la tarea de usurpar el estado de derecho con la amenaza de bayonetas. Pero bajo el efecto del plomo escupido por fusiles y ametralladoras. Noviembre de ese mismo año, fue fiel testimonio de ello. Aunque vale destacar que muchos de quienes para entonces se ufanaron de un comportamiento ungido de rebeldía patriótica, después mostraron, y continúan haciéndolo, una conducta totalmente cuestionable dado el grueso de mañas que adquirieron en las alturas de un poder casi omnímodo. Este desenfreno se vivió, al amparo de los recursos provenientes de la exagerada renta petrolera que tuvo el país durante los dos primeros quinquenios del siglo XXI. Y que fue aprovechada a favor del populismo implantado el cual degeneró en un autoritarismo de infausto discurrir.
La estructura social, aunque llegó a trazarse importantes metas, que además vino bosquejando la sociedad venezolana, terminó convirtiéndose en especie de “mascarón de proa” para avanzar propuestas de desarrollo. Pero sin viso alguno de libertades, capaces de permitir la expansión de proyectos personales y empresariales, la soberbia del régimen pudo más el clamos popular. Lejos de permitir ideas enmarcadas por intenciones políticas diferentes, el alto gobierno ni siquiera tuvo la gallardía y el civilismo de dar una tregua en el fragor de una feroz ofensiva contra la democracia.
La arremetida que el Ejecutivo Nacional y los poderes públicos subordinados al cenáculo asentado en Miraflores han declarado cuando hablan de “radicalizar la revolución”, se plantea como que si gobernar fuera un asunto particular. Como que si ello estuviese supeditado al visto bueno de una cúpula sorda ante los clamores populares. De ahí que las crisis política y económica que agobian al país, se explican en la fractura que se tiene entre la base social y la alta gerencia política nacional. Cada vez que el entorno social plantea cambios significativos en economía, por ejemplo, no hay forma alguna de que esa cúpula gubernamental responda de forma expedita a tales solicitudes. No hay voluntad de respuesta ni de atención. Es solamente, el criterio del alto gobierno el que se impone. Además, con ínfulas monárquicas.
La enmascarada pretensión del régimen por seguir enredando al país con determinaciones que violentan el Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, tal como lo estipula la Constitución Nacional, ha rendido frutos rojos. La crisis alimentaria, de salud, los saqueos y la anarquía, están a la orden del día. Por eso, muchos gobiernos sugieren a su gente no viajar a Venezuela ante la ola de problemas que tiene encima. Y no es que no tenga cómo resolverlos. Más grave aún, teniendo la forma de evitarlos, se hace la vista gorda lo cual hace que las situaciones se exasperen sin que la ciudadanía pueda frenarlas.
Ahora, con la decisión de un Tribunal Supremo de Justicia obediente al dictamen presidencial, la situación política se ve enardecida. La confrontación que se ha generado entre poderes de equivalente ascendencia política y autoridad constitucional análoga, aunque con distintos escenarios, puede ser anuncio de pretendido un autogolpe de Estado. El TSJ está abalanzándose contra el propio texto constitucional. Esto hace ver a un régimen cuyo sentido de actuación, conforme al ordenamiento jurídico constitucional, pareciera resbalarle. De hecho, sus decisiones tienden a desconocer la autonomía del Poder Legislativo lo cual terminaría por desgarrar los principios sobre los cuales se cimienta la concepción de un Estado respetuoso de la preeminencia de los derechos humanos, la ética y del pluralismo político. Lo contrario, sería un atentado contra principios morales y valores políticos. Por eso, cualquier infracción encubierta o disimulada desviada de la razón constitucional, será una manera de preguntarse hacia cuál destino político y económico se conduce el gobierno nacional. ¿Democracia o tiranía?
“Aún cuando hay quienes piensan que entre democracia y tiranía hay ciertas semejanzas, es preferible la democracia a vivir oprimido por un pensamiento único y un partido único.
Porque mientras en democracia las libertades son derecho, bajo un régimen despótico
son excepciones. Y eso, para unos pocos… cuando adulan al gobernante”
AJMonagas
