Por: Antonio José Monagas…
El concepto de responsabilidad ocupa el terreno donde descansa el bien del pueblo. O sea, el bien común.
Ciertamente, la responsabilidad es un concepto que trasciende los límites que regulan y marcan los cimientos de la política. No tiene sentido alguno pensar una democracia exenta de lo que implica actuar con la responsabilidad que exige el manejo de tantas variables cuya conjugación le imprimen condiciones de justicia a prácticas de libertad y de correlación entre reclamación de derechos humanos y acatamiento de deberes civiles.
Políticamente hablando, el concepto de responsabilidad ocupa el terreno donde descansa el bien del pueblo, el bien común. Asentida la responsabilidad como valor moral y principio político, se convierte en razón para activar el ejercicio político de la gente. No sólo al asumir la ciudadanía con sentido de moralidad. También, con conciencia para defender su modo de vida y reafirmar su poder.
Debe saberse que el problema que deriva del concepto de responsabilidad, termina exponiéndose cuando el ejercicio de la política se realiza a desdén de consideraciones que trastornan severamente la democracia como sistema político. Particularmente, dado el efecto de fractura o rotura de las “cadenas de responsabilidad política” cuya orientación se da desde las instituciones políticas de gobierno hacia abajo.
Si el poder político en democracia se ejerce en función de las demandas orientadas con base en el clamor popular en conciliación con los planes de gobierno, entendidos como referencias para la gestión política, entonces la responsabilidad se resuelve en los escalones inferiores de la jerarquía política. Pero si el régimen político es antidemocrático, por la hegemonía del poder político dominante, el resultado es contrario. Por lo tanto, la responsabilidad se torna una competencia determinada por la verticalidad del poder de lo cual se vale la gestión gubernamental para elaborar sus decisiones según su sesgada visión del entorno.
Tal cual así sucede en Venezuela toda vez que el régimen oportunista, depredador y usurpador impone sus dictámenes en desacato con lo que prescribe la Constitución Nacional. Incluso, ésta utilizada como “mampara de proa” para validar ilegalidades ajustadas a necesidades trazadas unilateral e impúdicamente por el régimen. Sobre todo, cuando requiere arremeter represivamente contra quienes buscan resguardar proyectos y reivindicar propuestas en nombre de las libertades y los derechos humanos.
El problema de la electricidad que últimamente ha venido arreciándose y hasta justificándose grosera e impertinentemente, es exacta consecuencia de lo contrario a lo que se ha comprendido como “responsabilidad”. Indistintamente de su concepción y alcance moral, político, ciudadano o democrático. Pero en el caso que representa Venezuela, es expresión absoluta y fehaciente de “IRRESPONSABILIDAD”. O sea, ausencia o carencia total de responsabilidad.
Es decir, no es otra cosa que la incapacidad del régimen para asumir no sólo el ejercicio de la política. Sino también, de la moral la cual inoportunamente se arroga para justificar discursos que se quedan en el más remoto vacío conceptual y metodológico. Pues no tienen la fuerza dialéctica para superar los escollos de las coyunturas y sus descalabros. Por esta razón, los mismos son meras verborreas atrapadas por la improvisación manejada con el sarcasmo y la alevosía de cual cobarde y miserable tiranía.
Para excusarse, el régimen usurpador venezolano acudió al empleo de excusas tan pírricas y ridículas, propias de comics de mal gusto, como las que pudo inventarse con una “guerra cibernética”, apoyada por ataques de rayos electromagnéticos. Sin embargo, no conforme con la declaración de tan tristes alegatos, cómplices de una crasa irresponsabilidad demostrada a los “cuatro vientos”, ideó entonces la de sabotajes. Sólo que el tamaño de su incongruencia, realzó la capacidad profesional de tan misteriosos saboteadores cuya sagacidad los hizo invisibles ante la “seguridad” brindada por las fuerzas militares dispuestas en plantas termoeléctricas e hidroeléctricas, estaciones y subestaciones, encargadas de la generación, trasmisión y distribución de la energía eléctrica.
Así que soportado en el sentido de irresponsabilidad que adopta el régimen como criterio para ponderar su gestión de (des)gobierno, el país comenzó a despojarse de todo aquello que pudo haberlo favorecido en su afán de alcanzar un relativo desarrollo económico y social procurado con el esfuerzo de instituciones y organismos públicos y privados. Pero en la actualidad, ha quedado a merced de la improvisación que regula su movilidad. Aunque ello le proporciona un extraño halo de razones mal habidas y tomadas de la incoherencia que alimenta cada decisión presidencial.
Y es lo que incita a que sea la irresponsabilidad del régimen oprobioso, lo que es capaz de lograr que todo pueda suceder en medio de una vulgar anomia social y de un desfachatado libertinaje que desordena todo a su “rojo” paso. Pudiera inferirse que el régimen se apegó a la irresponsabilidad como recurso funcional, pues así consiguió zafarse de obligaciones que exigían actitudes de gobierno para las cuales no ha tenido ni tiene ni la aptitud, ni el interés. Más, porque desde la óptica de sus realidades, lo comprometería para una gestión que sabía iba a ser imposible de llevar adelante. Fue entonces cuando comenzó a actuar con la irresponsabilidad propia que sus charlatanerías le permitieran. El régimen vio al país como un espectáculo, cuyos actores eran payasos de mala racha. Por eso accedió a ver en la irresponsabilidad, un criterio usurpador.
“Una tiranía, al mejor estilo revolucionario, no podría disimular que sus decisiones son cómplices de la irresponsabilidad que busca ocultar tras medidas elaboradas a la sombra de la improvisación”
AJMonagas
