Por: Antonio José Monagas…
Todo problema lo resuelve el régimen según su miopía ideológica la cual lo convierte en causa directa para arrogarse un infundado maltrato. Y de ello se vale para complicar aún más el país en todos sus ámbitos.
No todo lo que sucede en la vida, resulta de la sucesión ininterrumpida de eventos concomitantes o vinculados a situaciones particulares. Muchas veces, esas situaciones o condiciones son causadas por brincos que ocurren en el trazado de los objetivos que en principio las definen. Brincos o saltos éstos que se suscitan a consecuencia de la alternabilidad que, naturalmente, ocurren en un plano de circunstancias aisladas entre sí. No obstante, en el mundo de la política estos sucesos, aunque semejantes, se comportan con sucintas diferencias. Sobre todo, por causa de choques entre intereses a pesar de que estos se expongan a condiciones análogas. El problema surge cuando estas condiciones lucen marcados contrastes. Es ahí cuando el comportamiento de estos intereses tiende a modificarse haciendo que cambie no sólo la apariencia de la condición asociada a los mismos. También, su naturaleza.
Esta explicación adquiere sentido al situarla frente a la situación política venezolana determinada por el decreto renovado este mes por el presidente estadounidense, Barack Obama. Desde luego, que el ambiente político nacional vuelve a acalorarse. Pero sin alguna razón de peso o causa ciertamente acusadora que justifique el desvío de la decisión del gobierno norteamericano y que se tradujo en la exacerbación de los ánimos oficialistas. Específicamente, porque el régimen socialista no ha querido entender que dicho decreto sólo contiene “sanciones limitadas” a ciertos personajes quienes, a juicio de EE.UU., han mostrado un comportamiento deshonesto en Venezuela al desviar recursos económicos para fines personales: fortunas ilícitas y escandalosas obtenidas mediante procedimientos también ilegítimos y al margen de la decencia.
La declaración de una “emergencia nacional”, tal como lo señala la medida presidencial norteamericana, es una herramienta con la que cuenta el presidente de Estados Unidos para aplicar sanciones contra funcionarios que han sido protagonista de episodios de corrupción, violencia política o que han atropellado derechos humanos. De hecho, Max Toner portavoz adjunto de la diplomacia estadounidense, explicó que la descripción de “amenaza para la seguridad nacional” es simplemente una fórmula jurídica utilizada por los presidentes estadounidenses para tener la argumentación legal necesaria que les permita imponer sanciones en el ámbito exclusivo del territorio norteamericano. Así que realmente ello no constituye amenaza alguna para Venezuela pues no está dirigida ni contra el pueblo venezolano, ni contra su gobierno.
El problema tiene la borrosa connotación que pretende darle el embadurnado gobierno criollo pues raya en un show de pésimo espectáculo. Para ello suscribe su actuación a un agotado modelo de diplomacia radical que colisiona con la esencia de una democracia cimentada sobre valores de respeto consagrados por la Constitución nacional cuando exalta como derecho económico “la creación y justa distribución de la riqueza”. De un riqueza basada en el trabajo honrado y digno. Pero el concepto arrugado de “revolución” que sigue el régimen venezolano, no se plantea reconocer que la intención del gobierno norteamericano reside en la necesidad de motivar y compartir áreas de mutua convivencia y observancia de ley tal como es ansiado por los venezolanos. Es decir, la búsqueda de una Venezuela democrática, próspera y segura. De un país que respire bienestar, justicia, libertades y pluralismo político. Es así que este y otros muchos problemas, los resuelve el régimen aferrado a su miopía ideológica la cual utiliza como criterio para arrogarse un infundado maltrato del cual se vale para complicar más aún el país. En este caso, agrava la situación con el pretexto del presunto asedio norteamericano por vía del referido decreto.
Tan apesadumbrada reacción gubernamental, le acarrea mayor desconfianza al país perjudicándole todavía más su economía, ya bastante destartalada. Así que el renovado decreto del presidente Obama, a manera de confrontar la impunidad que desborda las acciones del gobierno venezolano, significa el establecimiento de límites que eviten tanta degradación al sentido de justicia que requiere el desarrollo de pueblos que se precian de actuar bajo un Estado de Derecho. Lo contrario, es simplemente vulgarizar una corrupción amparada por todo lo que un gobierno puede silenciar y ocultar bajo los efectos de la osadía de la ignorancia.
“Cuando la ignorancia se desparrama sobre el ámbito de gobierno, las decisiones elaboradas se encauzan o por la vía de la indolencia, a sabiendas del perjuicio que acarrean las medidas tomadas, o de la mano de la inopia a pesar de que los daños generados causen los mismos o peores problemas”
AJMonagas
