Por: Antonio José Monagas…
El ejercicio democrático asumido como razón política de funcionalidad nacional, como la tan aludida construcción de una sociedad justa y amante de la paz, o como la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, pasan a verse como meras declaraciones sin sentido ni mayor significación.
El más elemental análisis que pueda hacerse de la Constitución de la República, da cuenta de la enorme brecha que ha venido forjándose entre las capacidades gubernamentales para ordenar y desarrollar el país, y la complejidad creciente que presenta el sistema económico, político y social para ser dirigido hacia objetivos adoptados democráticamente.
De hecho, advertir lo que constitucionalmente está decretado en torno a valores considerados superiores, dado los derechos que instan libertad, justicia, igualdad, solidaridad, democracia y pluralismo político, deja ver algo que resulta de suma gravedad y peligro para lo que representa el Estado democrático y social de Derecho y de Justicia.
En consecuencia, el ejercicio democrático asumido como razón política de funcionalidad nacional, como la tan aludida construcción de una sociedad justa y amante de la paz, o como la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, pasan a verse como meras declaraciones sin sentido ni mayor significación.
En medio de tan agrias realidades, se fraguan situaciones de crisis cuyo grado de incidencia e implicación en el ámbito nacional, anima complicaciones y rarezas de todo tenor. Es cuando se suscitan razones a partir de las cuales se improvisan decisiones. Pero también, para canalizar acciones entre contradicciones sin atender las secuelas que de dichos problemas pueden derivarse. Sin embargo, para ese momento el gobernante demagogo no alcanza a comprender el tamaño del error cometido pues para entonces ha primado la inmediatez por encima de la inteligencia.Es precisamente, el momento en que convergen condiciones que asientan la anomia entendida ésta como la incapacidad de la estructura social de favorecer la solidaridad orgánica. Justo acá, la institucionalidad tiende a mermarse ante la falta de valores normativos lo que alienta la ausencia de igualdad de oportunidades sociales dificultándose la superación de problemas de orden social, económico y hasta político.
En el marco del alboroto que esta situación acarrea, la gestión de cualquier gobierno de tendencia autoritaria se reduce a engorros y acendradas confusiones que le impiden otear escenarios diferentes de los que su miopía ideológica y ceguera política escasamente permiten ver. Es exactamente lo que acontece en el país como resultado de esta causa arriba explicada. El tratamiento preferencial y además diferenciado que el alto gobierno venezolano concede a sectores, gremios y factores políticos afectos o cómplices de su gestión, evidencia la desigualdad que establece según las coyunturas a las cuales debe hacer frente.
El aventajado trato conferido a los militares, no sólo revela la desproporción que caracteriza la creciente brecha entre necesidades sociales y discursos embriagados de populismo, que de ser seguir creciendo terminarán por derrumbar la poca institucionalidad democrática que apenas está quedando. También pone al descubierto la incomodidad y molestia del resto de venezolanos al sentirse primeramente desplazados y marginados. Asimismo, desterrados de sus derechos. Perdidos en su propio espacio patrio. Invisibles ante “la justa distribución de la riqueza” en tanto que derecho económico contemplado constitucionalmente. Pero además, magullados por la ironía de gobernantes sectarios, intolerantes y desvergonzados.
La intempestiva decisión de aumentarle el sueldo a los militares (45%) muy por encima del incremento que habrá de recibir el grueso de venezolanos (15%), ha sido contraproducente para la popularidad del Ejecutivo Nacional y sus dirigentes. Además de tenerse advertida su razón, no lució estar justificada tal decisión, por varias causas. La primera y más importante de todas, es que el desarrollo económico y social de una nación, no depende de los militares. Menos en países con un demostrado nivel de atraso por cuanto el trabajo militar no actúa con base en la investigación en ciencia y tecnología. Apenas son usuarios subalternos del efecto científico y tecnológico. Otra causa, se relaciona con su ausencia del trabajo social. Apenas, su labor es represiva y de fisgonear lo que concierne al propósito de coadyuvar a que gobierno se afiance en el poder. Tan es así, que por el carácter político que ahora ostenta y divulga, las FF.AA. perdieron la confianza de otrora.
Por ello, han ganado la repulsión del pueblo democrático. De manera que el susodicho aumento del 45% para las fuerzas armadas, es impropio e improcedente pues acentúa la división entre venezolanos de cara a la situación política y económica que sobrelleva el país. Es insensato que esta medida se imponga sobre otras con una dosis fuerte de insidia. Más, cuando pareciera que el gobierno prefiere al militarismo antes que educación, salud, producción y alimentación. Es caso como decir: ¿militares si, civiles no?
“Cuando el militarismo desplaza las responsabilidades institucionales de un gobierno civil en una nación donde se habla de democracia, es porque está decretándose la irrupción de las libertades y el derrumbedel Estado de Derecho”
AJMonagas


