Por: Antonio José Monagas….
Lejos de estimular acciones que condujeran a la construcción de una “sociedad justa y amante de la paz” tanto como “al desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad”, el gobierno entró en una ácida lucha contra el país que propendió a distribuir pobreza.
No poca gente imaginó el escabroso camino por el que iba a transitar el país, luego del arribo al poder de un militar traidor a su juramento de fidelidad a la Bandera. Violó “el sagrado deber de defender la Patria, proteger la soberanía e integridad nacional”. Su manifiesta insurrección cometida el 4 Febrero de 1992 contra la institucionalidad democrática venezolana, puso en entredicho el deber de subordinación al cual se debe todo militar para respetar los principios y valores expresados en la Constitución de la República. Desde entonces, el país comenzó a desviarse del rumbo trazado en su ordenamiento jurídico. Particularmente, según su concepción como Estado democrático y social de Derecho y de Justicia.
Las pretensiones configuradas alrededor de repetidos discursos que exhortaban la virtud y la verdad como condiciones para alcanzar estrados de desarrollo y bienestar, quedaron desfiguradas en el discurrir de un tiempo rebosante de oportunidades de crecimiento y de exigencias. Los inicios del siglo XXI, constituyeron momentos de compromiso a partir de los cuales se crecieron naciones de menor impulso geopolítico que el que caracterizaba a Venezuela. Así, el país fue quedándose inerte pues entendió el significado de desarrollo económico y social a la inversa del sentido que su interpretación envuelve.
Las decisiones gubernamentales comenzaron a apartarse de la ruta que indicaba la Constitución Nacional cuando garantiza la creación de la riqueza, así como la “producción de bienes y servicios” atendiendo la obligación de forjar y promover el desarrollo integral del país. Lejos de estimular acciones que condujeran a la construcción de una “sociedad justa y amante de la paz” tanto como “al desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad”, el gobierno entró en una ácida lucha contra el país que propendió a distribuir pobreza.
La democracia se vino en picada. El régimen se replegó cobardemente con la excusa de ser víctima de una “guerra económica”. Aunque detrás de tan mórbido pretexto, estaba escondiéndose de críticas que pusieron al descubierto la ineptitud de altos funcionarios. Pero también, la elevada corrupción de la cual se han acusado a muchos de estos gobernantes encubiertos en una nefasta impunidad que ha dado espacio a toda inmoralidad cometida por estos personajes.
Ahora, el Ejecutivo Nacional se ha valido de forzosas alianzas internacionales buscando resarcir el daño causado al patrimonio nacional. Para ello, hipotecaron grosera e inconstitucionalmente la nación al Imperio Asiático a cambio del único recurso energético a partir del cual Venezuela pudo haberse zafado de los tentáculos del capitalismo salvaje representado por otros imperios igualmente hambrientos de la naturaleza que dispone la Venezuela caribeña, andina y amazónica.
Las realidades se invirtieron arrojando resultados totalmente anacrónicos. La política gubernamental dejó ver que sus intereses no gravitaban alrededor de ideología alguna que reivindicara la independencia, la soberanía, las libertades, la democracia y hasta el solapado socialismo. Al presente, las necesidades del régimen giran en torno al desmesurado capitalismo crudamente impugnado momentos atrás dada la euforia sembrada por el populismo cívico-militarista apodado: “socialismo del siglo XXI”. De modo que al régimen se le acabaron las mentiras sobre las cuales deparó su fortaleza política. Las realidades desnudaron el discurso hipócrita de gobernantes incendiarios. Ahora, no hay más disfraz que encubra más demagogia. Y esto, ¡no es cuento chino!
“Si quienes gobiernan viven atrapados en jaulas ideológicas, su gestión se convierte en una cacería de brujas donde impera la ley del maléfico. O sea de quien tenga el poder suficiente para aniquilar al otro”
AJMonagas
