Por: Antonio José Monagas…
El país se ha dado a la tarea de ocultar las cifras entendidas como
indicativos de la gestión gubernamental, como si de un juego macabro se tratara.
Todo desempeño administrativo-financiero, requiere necesariamente de registros que demuestren el discurrir operacional de todas las actividades asociadas a procesos contables, económicos, presupuestarios, estadísticos y evaluativos. Por eso, las leyes son insistentes ante tan estrictos requerimientos. Sin embargo, no conforme con tales determinaciones, estas obligaciones estimulan comportamientos sociales, políticos y económicos que buscan formalizar actitudes gubernamentales dirigidas a ordenar aquellas obligaciones de las cuales depende la funcionalidad sobre la cual se depara la eficacia y la eficiencia que llevan a un gobernante a preciarse de la transparencia que avala la razón del sistema político en el que descansa la gobernabilidad que su gestión procura alcanzar. Particularmente, si se habla de democracia.
A decir por las evidencias, el alto gobierno venezolano se empeña en mantener un estado de oscurantismo caracterizado por la ausencia de datos e información perceptible a partir de la cual puede asegurarse todo posibilidad de decisión sobre bases incuestionables. Por tanto, se minimizarían las dudas que pudieran surgir de referencias que al ser confrontadas con lo esperado, e interpretadas de acuerdo con criterios teóricos, se tomarían como testimonios ciertos de la evolución, estado y nivel que en un momento determinado exhibiría el desarrollo humano y la expansión y consolidación económica y administrativa del aparato gubernamental. Pero acá no es así.
El país se ha dado a la tarea de ocultar las cifras entendidas como indicativos de la gestión gubernamental. Mucho más, si se reconocen como instrumentos evaluativos capaces de medir avances del desarrollo propio de todos aquellos procesos que comprometen al gobierno en términos del avance, retraso o estancamiento de las variables que definen las realidades a ser controladas y fiscalizadas. A la actualidad, ya en las postrimerías de 2015, por ejemplo, no hay datos sobre inflación. Desde 2013, no hay información sobre índices de pobreza. Posiblemente, el grado creciente de la insondable crisis económica que vino acorralando al país político desde mediados de 2010, puso al descubierto importantes razones que dieron al traste con programas de subsidios sociales encauzados como paliativos por el populismo demagógico imperante. Eso hizo que tanto el Instituto Nacional de Estadística, como el Banco Central de Venezuela advirtieran las consecuencias de la situación. Así que para jugar a la confabulación con el gobierno central, dejaron de informar sobre tan significativos indicadores lo cual hizo que se ensanchara aceleradamente la brecha entre la capacidad gubernamental para manejar procesos sociales, y la complejidad propias de estos para ser conducidos hacia objetivos democráticos.
En medio de tan crudo problema, comenzaron a negarse cifras que evidencian el Producto Interno Bruto, así como de la cantidad que se eroga por importaciones, o del ingreso por exportaciones petroleras. Igualmente, en materia fiscal hay un espantoso desconocimiento que no permite tener alguna idea del déficit que hasta hoy se ha acumulado por la ineptitud y desidia de gobernantes que sólo parecen estar pendientes de asegurar su permanencia a riesgo de quebrantar las finanzas públicas en nombre de una revolución interesada en meras acciones de proselitismo. Como si actuando contra legem, beneficiarían al alto gobierno cuando lejos de tan arbitrarios procedimientos, sólo se consigue descalabrar más aún al país en general.
Toda esta situación ha llevado a la opacidad de la economía. Pero también, al fracaso de la política nacional pues en última instancia, debe reconocerse que la crisis que padece el Estado venezolano ha cundido los más apartados resquicios que configuran la trama de la sociedad. Como nunca, en la historia contemporánea, se había visto un desarreglo de tales desproporciones. Las comparaciones con base en indicadores internacionales, testifican tan aberrantes realidades. De hecho, el país ocupa primeros lugares en condiciones que revelan incertidumbre administrativa y contable, inflación, violencia, inseguridad, endeudamiento, desorden presupuestario, entre otros. Todas ellas, asentidas por el régimen y así declarar ante el mundo: no hay cifras. ¿Y qué?
“Un país carente de medidas de gestión pública, luce como un barco sin brújula. Expuesto a las azarosas contingencias que determine una naturaleza política, económica, social y moral, desbocada”
AJMonagas
