Por Antonio José Monagas…
Buena parte de los problemas provocados por la obcecación de hegemonías dictatoriales, son descriptivamente explicados según un adagio de Hanlon. Expone que “nunca atribuyas a la maldad lo que puede ser explicado por la estupidez”
Pareciera que el régimen se ha trazado como tarea casi única, hacer que las realidades se contravengan. Es decir, son forzadas a comportarse sujetas a lo que señala la Ley de Finagle sobre la “Negatividad dinámica”. O sea, lograr que “algo que pueda ir mal, vaya mal en el peor momento posible”. Pero comprender tan cruda afirmación, vale un ejercicio de sencillo análisis histórico. Así resultaría fácil deducir la razón que pudiera explicar la velocidad que alcanzó la crisis social, política y económica que minó a Venezuela en un período bastante breve. Ocho escasos años bastaron para voltear el país. Para ponerlo “patas arriba”. Aunque la crisis venía incubándose desde antes. Exactamente, desde el momento en que el militarismo penetró para entonces profanar la estructura civilista propugnada por la Constitución de 1999. Lo mismo había sucedido en el ámbito en que rigió la precedente Carta Magna de 1961.
Resulta paradójico advertir una de las más recientes decisiones del régimen. A través del Ministerio del “Poder Popular para la Educación”, justificándose en el contexto de la pandemia, ordenó el cierre de las escuelas a cambio de hacer posible un principio de dudosa cabida y fructífera aplicación. En consecuencia, decide convertir “una familia en una escuela”. Como si fuese fácil e inmediato crear transmitir, y reproducir conocimientos capaces de incidir en la transformación sistémica de las realidades. Peor aún, desdeñando todo lo que las ciencias, las tecnologías, las humanidades y las artes impartidas en la escuela pueden enseñarse desde casa.
Culminar un año signado por las precariedades provocadas por la crisis económica y social, que además arrastra una crisis de servicios públicos, inducida por la pésima gestión de un régimen profundamente cuestionado por ignominioso, corrompido y arruinado, representa una abierta afrenta. Y que esto ocurra en los predios de la crisis sanitaria causada por los estragos de la pandemia del Convid-19, es un absurdo total. Al lado de esto, queda expuesta una procacidad que la propia narrativa expuesta por el manido “Plan de la Patria”, pone de bulto a través de presuntamente “socialistas y revolucionarios” que llevan las realidades educativas al completo caos.
Toda esta maraña, exhibe un paralelismo con la Segunda Ley de la Termodinámica, conocida como “entropía”, cuando refiere que “la perversidad del Universo tiende hacia lo máximo”.Aunque en medio de esto, cabe el conocido Principio de Hanlon o “Navaja de Hanlon” para explicar lo que el régimen político pretende cada vez que elabora una decisión sin más medida que la incitada por sus oscuras tramoyas. Y precisamente, bajo los efectos de una violencia solapada y ocultando disposiciones en argucias jurídicas, toda esta situación termina revelando la usurpación de la que se vale el régimen político para continuar enquistado en el poder.
Tan desastrosos hechos pudieran razonarse desde el adagio que Hanlon expone cuando dice que “nunca atribuyas a la maldad lo que puede ser explicado por la estupidez”. Razones de esta índole, permitieron a estos gobernantes de marras ordenar el exabrupto de desnaturalizar la función de la escuela.
Estos mismos gobernantes, no han tenido claro que la “escuela es aquella institución que se dedica al proceso de enseñanza aprendizaje entre alumnos y docentes” (Definición del DRAE). Tampoco han entendido que la especificidad de la escuela, reside en el hecho que la persona recibe una instrucción elemental y básica que servirá de sustento y palanca a lo que luego la vida exija de ella. O porque continúe su formación en los niveles inmediatos superiores. O porque el conocimiento adquirido en la escuela, pueda considerarlo suficiente para integrarse a la vida económica en virtud de las necesidades que se le plantean.
Un atentado consumado “sin ambages”
El que la educación, según la Ley Orgánica de Educación (LOE), sancionada en Agosto 2009, sea reconocida como “un derecho humano y deber social fundamental orientada al desarrollo del potencial creativo de cada ser humano (…)” (Del artículo 4), no significa que su praxis deba atentar contra los principios que destacan su importancia. Cabe asomar acá el artículo 104 constitucional, cuando refiere que “la educación estará a cargo de personas de reconocida moralidad y comprobada idoneidad académica” Por tan fundamental razón, el mismo precepto destaca que “el Estado la asumirá como función indeclinable y de máximo interés en todas sus modalidades como instrumento del conocimiento científico, humanístico y tecnológico al servicio de la sociedad”
¿O acaso es intachable la LOE cuando alude que “las familias tienen el derecho, el deber y la responsabilidad en la orientación, y formación en principios, valores, creencias, actitudes y hábitos (…)” (Del artículo 17). Y entonces, ello es garantía plena para asegurar el éxito del proceso educativo correspondiente al nivel de desarrollo correspondiente al alumno en cuestión?
Una cosa es el proceso de “educación ciudadana” de acuerdo con los principios contenidos en la Constitución de la República y en la ley propia. Y otra, es inculcar en el intelecto del niño y del adolescente todo lo referente a lo que estudian las corrientes del pensamiento en las esferas de las ciencias exactas y no exactas. Léase, matemática, física, química, biología, historia, geografía, lengua y literatura, fundamentalmente. Incluso, los principios del “ideario bolivariano”.
¿O es que sólo ser padre o representante, es condición de confianza para asegurar y certificar la culminación exitosa y aprobatoria del año escolar en curso? ¿O es que además los docentes de los niveles primarios y secundarios de la educación venezolana, están formados académica y técnicamente para formular y conducir planes, programas y proyectos escolares según las pautas conceptuales y metodológicas que rigen las tecnologías de educación a distancia?
¿O acaso Venezuela posee una adecuada base tecnológica para avalar la comunicación digital mediantes las redes de la Internet o grillas de programación de televisión o radio que faciliten la integración del proceso enseñanza-aprendizaje tal como lo prescribe la Constitución o lo sermonea el discurso político en boga? Porque hasta donde se sabe, la Internet cubre apenas un 56% del territorio nacional. Aparte que en muchas entidades reginales, los estudiantes carecen de los recursos y equipos de computación necesarios para recibir clases “a distancia”.
Es indudable que la pretensión pautada por el artículo 108 constitucional cuando determina que “el Estado garantizará servicios públicos de radio, televisión y redes de bibliotecas y de informática” que permitan el acceso universal a la información, se estrelló trágicamente con las realidades. Más cuando dice que “los centros educativos deben incorporar el conocimiento y aplicación de las nuevas tecnologías, de sus innovaciones(…)”. Estafa ésta que la servido al régimen para abusar, “en igualdad de condiciones y oportunidades”, de la candidez de venezolanos ilusos. Y que bien demuestra la alevosía que maneja.
Estos gobernantes se valen de su desvergüenza para desconocer el impacto de una ineficaz prestación de servicios de electricidad, gas doméstico, agua, gasolina. Y por supuesto, de recursos de comunicación e información. Es así como la educación escolar tiene firmada su sentencia de expiración. Razón literal ésta para aducir que tan igual como lo que deviene de la crisis del Convid-19 con la irrupción del CoronaVirus, también sucede cuando busca al mismo tiempo dar con una Educación contagiada “a distancia”.
“Uno de los objetivos sobre los cuales toda tiranía descarga su furia en aras de arrasar su esencia, es la educación. Más, cuando la educación consciente y crítica enfila sus baterías contra la oscuridad que busca irradiar todo proyecto político de dogmática y sectaria inspiración”
AJMonagas
