Por: Antonio José Monagas….
Los principios por los que se rigen las relaciones políticas sobre las cuales se depara el funcionamiento de un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, cayeron en desgracia.
Bastó que la omnímoda voz del poder gubernamental dictaminara sobre las variables a partir de las cuales se moviliza el discurrir político nacional, para confirmarse la charada bajo la cual sus advenedizos dirigentes vapulearan groseramente el ordenamiento jurídico a partir del cual se concibe el Estado venezolano. Particularmente, aquellos preceptos constitucionales que mejor han sido manipulados a instancia de conveniencias argüidas bajo intereses viscerales que, incluso, han servido al vigente sistema político para ungirlo equivocadamente cual democracia revolucionaria. O peor aún, socialismo del siglo XXI.
En medio de tan crudas equivocaciones, históricamente asentidas, el gobierno nacional sigue actuando obstinadamente. Tal comportamiento, tiene no sólo distintas lecturas. También, diferentes razones a partir de las cuales ha venido afianzándose a burdas presunciones que le han permitido arrogarse absurdos derechos. O abiertos abusos a partir de los cuales ha desaforado la institucionalidad democrática del sitial que por mandato constitucional debe ocupar. Las realidades son fiel testimonio de tan penosa situación.
Es indiscutible la desorientación que padecen quienes supuestamente tienen la tarea de dirigir el tan cacareado proceso revolucionario. En el fondo, existen problemas de interpretación histórica por conceptos que fundamentan el espíritu del socialismo tal como lo definiera Marx. La concepción subjetiva del valor, le ha restado fuerza emocional y organizacional no sólo a algunos de los cuales se jacta el socialismo. Al menos, en su teoría. Conceptos como el referido al “proceso social de producción”. Al de “mercado” o al de “mercancía”.
Tal desconcierto o azoramiento, ha desvirtuado no sólo el manejo del país desde una perspectiva macroeconómica lo cual ha desvariado cualquier objetivo de desarrollo y crecimiento de la economía apuntado por las líneas generales expuestas en los planes de la nación. Indistintamente de planes actuales o anteriores. Tanto o más grave, ha sido el efecto catastrófico al cual se ha visto zarandeada la política nacional. Y por consiguiente, la sociedad venezolana en toda sus manifestaciones y direcciones. Los principios por los que se rigen las relaciones políticas sobre las cuales se depara el funcionamiento de un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, cayeron en desgracia. Particularmente, desde el mismo momento en que el extinto presidente apeló a nociones políticas que no fueron acogidas por la letra constitucional lo cual constituyó una afrenta de todo talante que inspiró acciones gubernamentales al margen de la norma suprema.
Precisamente, en medio de lo que estas situaciones derivaron, el país político comenzó a vivir la fractura de su cuerpo moral. El propio gobierno, a través de decretos–leyes aprobados por efecto de habilitaciones legislativas en manos del presidente de la República, en su momento, devinieron en hechos de impunidad, violencia e inseguridad. Justamente, por causa de decisiones desordenadas que a su vez motivaron una agobiante corrupción, una inesperada y súbita inflación que pareciera haber determinado la ruina del país.
La ilógica decisión de arremeter contra la norma constitucional relacionada con la elección de los miembros del Poder Ciudadano (Contraloría de la República, Defensoría del Pueblo y Fiscalía General), representó una flagrante violación toda vez que la interpretación del artículo 279 se hizo según conveniencias de momento. La misma se concibió en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia como “encargo político” solicitado de cara al afán de conservar el poder sin medir consecuencias ni mediar procedimiento alguno. Tan ilegal determinación, flageló los principios democráticos que comprometen el pluralismo político así como el concepto de ética pública. Ambos, consagrados por la Constitución Nacional. Dicho adefesio jurídico, presumió considerar que la mayoría cambia si el correspondiente Comité de Evaluación no es convocado por el Consejo Moral Republicano obviándose así lo de una “mayoría calificada para designar a los representantes propuestos por fracciones partidistas”. Cabe decir que se impuso la tiranía de la ilegítima mayoría compuesta por sumisos al gobierno. O lo que es lo mismo, todo fue una bochornosa usurpación constitucional.
“Mientras haya mayor empeño de un gobierno en aparentar lo imposible, más insidioso y fatal será el daño que cause sobre el devenir de la nación”
AJMonagas
