Este domingo, varias ONG se pronunciaron a favor de San Miguel, entre ellas el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), que afirmó que, durante estos doce meses, la activista ha sido sometida a un proceso que tacha de «viciado», «plagado de irregularidades» y «violaciones» a las formalidades legales,
La mayor coalición opositora del país, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), denunció que a la activista Rocío San Miguel, quien cumple este domingo un año detenida, «se le siguen violando sus derechos a la defensa y al debido proceso».
A través de X, la PUD indicó que también se «le ha negado la atención médica que requiere con urgencia».
«Exigimos que se le respeten sus derechos y que se le libere, al igual que todos los presos políticos en Venezuela», manifestó el bloque opositor, que pidió una medida humanitaria para la también presidenta de la organización no gubernamental Control Ciudadano.
San Miguel resultó acusada por la Fiscalía de tener un supuesto vínculo con una conspiración que incluía un presunto plan de magnicidio contra Nicolás Maduro y otros altos funcionarios, y quedó detenida el 9 de febrero de 2024 en el aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, cuando se disponía a viajar en compañía de su hija.
Este domingo, varias ONG se pronunciaron a favor de San Miguel, entre ellas el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), que afirmó que, durante estos doce meses, la activista ha resultado sometida a un proceso que tacha de «viciado», «plagado de irregularidades» y «violaciones» a las formalidades legales.
Siguen posponiendo su presentación
En diciembre pasado, el abogado de San Miguel, Juan González Taguaruco, dijo que ella sufrió una fractura en agosto que se le diagnosticó a finales de 2024.
Al respecto, Provea indicó este domingo que San Miguel no puede someterse a una intervención de parte de «quienes demoraron cuatro meses en diagnosticarla», al tiempo que señaló que en reclusión «no hay condiciones para el postoperatorio ni una rehabilitación digna», por lo que solicitó a la Administración de Maduro que la activista pueda operarse en libertad.
Según el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, San Miguel «entregó información» sobre sistemas de defensa militar a un embajador de la Unión Europea y a embajadas de otros tres países, datos que no precisó.
La ONG Acceso a la Justicia advirtió que, el pasado diciembre, la audiencia de juicio de la defensora de derechos humanos fue pospuesta para febrero de este año.
EFE 09-02-2025
