Por: Angélica Villamizar…
En Venezuela, los jóvenes no son simplemente «el futuro»: son actores clave en la construcción del presente. La Constitución de la República Bolivariana es clara al respecto: el artículo 79 no solo reconoce su derecho a participar activamente en el desarrollo nacional, sino que impone al Estado, la familia y la sociedad la obligación de respaldarlos. Este mandato no es una mera declaración de buenas intenciones; es un imperativo jurídico que demanda políticas públicas audaces, oportunidades tangibles y mecanismos reales de inclusión.
El país cuenta con un marco legal avanzado en materia de derechos juveniles. Desde la Ley Nacional de la Juventud (2002) hasta la reciente Ley de Participación Estudiantil (2023), se ha intentado garantizar no solo protección, sino también espacios de incidencia real. Iniciativas como la Ley para la Juventud Productiva (2014) buscan romper paradigmas obsoletos —como exigir experiencia previa a quienes recién inician su camino laboral— para integrarlos en la economía con dignidad. El Plan de la Patria (2025), por su parte, los define como el «motor central del desarrollo», planteando su incorporación estratégica en la construcción de un nuevo modelo económico.
Pero las leyes, por sí solas, no bastan. El verdadero reto está en su implementación. No se trata de crear más normas, sino de traducirlas en hechos: en empleos estables que permitan autonomía, en educación de calidad vinculada a las demandas del país, y —sobre todo— en mecanismos institucionales donde su voz no sea ornamental, sino decisiva. ¿De qué sirve reconocer su papel protagónico si no pueden incidir en la planificación de políticas públicas? ¿Cómo hablar de inclusión si persisten barreras estructurales que los relegan al desempleo o la migración?
Venezuela tiene una generación joven talentosa, crítica y comprometida. El Estado y la sociedad deben asumir, con urgencia, una tarea irrenunciable: convertir los discursos en acciones. Que su participación no se limite a ceremonias o consultas formales, sino que permee cada ámbito de la vida nacional. Como lo exige la Constitución, no son espectadores de su propio destino, sino agentes de cambio. Los jóvenes no esperan limosnas de oportunidades; las forjan. Y es responsabilidad colectiva asegurar que su potencial no se pierda en la retórica, sino que se concrete en transformaciones profundas. El país que aspiramos a construir depende de ello.
Correo angelica.clases.ec@gmail.com
12-06-2025 (134-2025)
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