De espaldas a las disposiciones constitucionales sobre los derechos económicos sociales y culturales y a las normativas laborales vigentes, las políticas públicas sobre el trabajo en Venezuela, aunque se han publicitado con consignas de protección y reivindicación, en realidad, han tenido impactos perversos.
Una política reciente es la creación del “Fondo de Protección Social” y el anuncio del aumento del “ingreso mínimo integral”, como demostración de buen comportamiento frente a la tutela por parte de Estados Unidos de los recursos provenientes de las ventas de petróleo.
La evaluación de la efectividad de las políticas públicas amerita realizar mediciones de primera ronda y de segunda ronda. Las de primera ronda comparan indicadores que miden objetivos a lograr antes y después de la política. En el caso de una política salarial algunos indicadores de primera ronda son la capacidad de compra de los trabajadores que ganan salario mínimo, el consumo, la tasa de desempleo, la tasa de empleo formal y de empleo informal. Los indicadores de segunda ronda, por otro lado, miden los incentivos al comportamiento de los agentes económicos (personas que trabajan o no y empresas); ejemplos de estos indicadores pueden ser la disposición al trabajo, el cumplimiento de tareas y horarios de empleados, la tasa de emigración, la disposición a estudiar o mejorar habilidades, el tamaño de las economías ilícitas, la frecuencia del cobros de coimas por parte de empleados públicos que se relacionan con los ciudadanos, entre otros.
En Venezuela, el gobierno acabó de facto con el salario y empezó a utilizar el término “ingreso mínimo integral” luego de haber modificado en procesos ilegítimos convenciones colectivas para eliminar las diferencias entre escalafones, crear compensaciones no salariales ajenos a la productividad y finalmente imponer el instructivo Onapre (en el sector universitario) en 2022, que el Tribunal Supremo de Justicia aseguró que no existía.
En una situación de total indefensión, la mayoría de los trabajadores del sector público hoy reciben 98% de un “ingreso mínimo integral”:77% bono de Guerra Económica (ajustado en marzo a 150 dólares oficiales) y 21% bono de Alimentación (40 dólares oficiales), en total 190 dólares que se pagan a todos por igual, independientemente de los años de formación, méritos, dedicación, responsabilidades, experiencia o productividad. Sólo el 2% del ingreso, el verdadero salario, tiene algo que ver con estos criterios, pero está expresado en bolívares que todos los días pierden valor, mientras que los bonos lo están en dólares.
Así las cosas, les invito a que hagamos la evaluación de primera ronda con las siguientes interrogantes: trabajadores, ¿cuál es la capacidad de compra del ingreso mínimo integral y del salario?, empresarios ¿cómo ha sido el consumo de los últimos años? Lamentablemente ni ustedes ni yo podemos tener certezas sobre los datos del trabajo formal en informal, no tenemos estadísticas.
En cuanto a la segunda ronda, pregunto ¿hay disposición a trabajar en Venezuela? ¿cuántos concursos han quedado desiertos en las universidades? ¿tiene usted algún familiar que haya emigrado aspirando a un mejor salario, aunque realice un trabajo para el que está sobrecalificado? ¿cómo ha sido la demanda de cupos en los centros de educación diversificada y universitaria en los últimos años? ¿qué está ocurriendo con la minería ilegal y el contrabando? ¿ha sido usted o algún conocido víctima de la exigencia de sobornos por parte de algún funcionario público?
Seguramente estaremos de acuerdo en la mayoría de las respuestas, así como en la urgente necesidad de que ocurra un cambio hacia el reconocimiento de las capacidades, la productividad, la responsabilidad y la ética en el trabajo, lo que implica que los salarios estén acordes a estas cualidades a partir de un umbral mínimo que permita cubrir necesidades esenciales. A la par, apremia acabar con los bonos creados para la dependencia y sumisión y focalizar las transferencias en grupos de población vulnerables.
No bastan las riquezas y bellezas naturales, no basta la llegada de capitales junto a las promesas de seguridad jurídica y retorno, sin el recurso humano acorde para desarrollar los proyectos, ofrecer servicios y superar el rezago tecnológico no ocurrirá la recuperación. Las reglas laborales eficaces junto con la restitución de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales atraerán o no a la diáspora; retendrán o expulsarán a los talentos que permanecen en el país; incitarán a la formación o a conectarse con la élite en el poder.
Después de más de 35 años de inflación no huelga insistir en que garantizar una moneda estable producto de la disciplina fiscal y monetaria es mucho más efectivo para proteger el salario que la creación de bonos y los aumentos recurrentes al margen de resultados.
Econ. Christi Rangel Guerrero
03-05-2026
