El Populismo de los precios acordados

Por: Germán Rodríguez Bustamante…

El Populismo se usa para designar a la estrategia de las corrientes ideológicas, que sostienen la reivindicación del rol del Estado como defensor de los intereses de una población, a través del estatismo, el intervencionismo y la seguridad social con el fin de lograr la justicia social y el Estado de bienestar.En general se caracteriza por: rechazo a los profesionales de la política, desconfianza en las instituciones públicas existentes, diálogo directo entre la dirección del movimiento y la base social, fuerte voluntad de movilización y participación, retórica nacionalista y liderazgo caudillista. En Venezuela cada una de estas características exhibe rasgos incuestionables.  

El gobierno en su manía equivocada de pretender evitar el incremento de precios de bienes y servicios, ha intervenido el mercado a través de regulaciones, lo cual produjo la destrucción de las capacidades de producción de la estructura nacional. Comenzaron con la armazón de una estructura legal para respaldar los controles de costos, precios y de ganancias, con la justificación de asegurar el desarrollo armónico, justo, equitativo, productivo y soberano de la economía nacional.Instrumentando la fiscalización efectiva de la actividad económica y comercial, a fin de proteger los ingresos de las familias especialmente el salario de los trabajadores y trabajadoras.Combatiendo la usura y la especulación para garantizar la estabilidad de precios, velando por el desarrollo humano integral de la población y contribuir  a elevar su calidad de vida.

Toda esta justificación quedó en puros deseos muy plausibles pero poco reales de cumplir, las normas tienen desfases significativos, algunas providencias administrativas para fijación de precios tienen años sin actualizarse. En este contexto y ante la cruel realidad de desabastecimiento y escasez en alimentos y medicamentos, sumado a la hiperinflación presente, que en su conjunto configuran el estado de miseria colectiva de la población. La ANC inconstitucional tiene la brillante idea de establecer una ley para unos supuestos precios acordados, entre los productores, comercializadores y el gobierno. Esquema que asoma, más como una imposición forzada, que una negociación convenida. Los supuestos precios concertados existen en el imaginario de los revolucionarios, con las distorsiones existentes en la economía nacional es imposible que estos precios se mantengan en el tiempo,en consecuenciala ley deberá ajustarse de forma permanente con la misma velocidad que se dé la hemorragia de incrementos del salario mínimo. Siendo el resultado de una concepción equivocada de la problemática y no de una temida guerra económica. 

Pueden establecer preciosa nivel de importador, distribuidor y consumidor final, sin embargo de no realizarse estudios permanentes para adecuarlos a las presiones de costos de producción  de las cadenas y adicional a establecer políticas para estimular la productividad en la producción nacional, quedarán en el papel. Las fiscalizaciones realizadas contribuyen al desabastecimiento, los empresarios son sometidos a expoliación de las mercancías obtenidas, las cuales son liquidadas a precios alejados de los costos de adquisición sin ninguna posibilidad de defensa. Inexorablemente esto desestimula la actividad dejando a los ciudadanos desprovistos de los canales para adquirir los bienes y los servicios. No dudo la existencia de especuladores en los diferentes eslabones, quienes deben ser castigados con todo el peso de la ley; pero no todos los empresarios están en esa categoría. 

Pretender ocultar la verdad endosando la responsabilidad por los problemas que vivimos los venezolanos a enemigos externos, es una ficción artificiosa que esconde el profundo grado de deterioro de la gestión pública, el desabastecimiento, la escasez y del incremento brutal de los precios de los bienes y servicios, son la consecuencia de políticas adoptadas. Las instituciones no cumplen con su labor de contrapeso de la gestión, en este estado de impunidad el despilfarro, la desviación y otras modalidades de corrupción son fáciles de incubar.

Los controles de precios no pasan de ser buenas intenciones, en la práctica son absolutamente inútiles, sirven únicamente para la actuación desmedida de funcionarios quienes con providencias administrativas en mano, actúan impunemente exigiendo precios que no existen.Las inspecciones colocan al burócrata en una posición de fuerza para chantajear y extorsionar alimentando el círculo vicioso de la corrupción. Las destrucciones experimentadas de las cadenas productivas y de comercialización, derivadas de las  expropiaciones y nacionalizaciones, socavaron las posibilidades del sector privado de ser un motor del desarrollo del país. La planificación centralizada adoptada por este gobierno recargo la estructura pública, con un conjunto de actividades para las cuales el Estado no está preparado, incorporando elevadas ineficiencias. En consecuencia los precios acordadosson una ficción, que terminará de acabar con lo poco que queda del aparato productivo nacional. Las realidades sociales y económicas que vivimos los venezolanos no se resolverán con bailes desaliñados de poca melodía y cadencia.    

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