Por: Fortunato González Cruz…
Es evidente que la urgencia de decisiones pasa por cuatro, todas en manos de la Asamblea Nacional: La revocatoria de la elección de los magistrados designados en forma inconstitucional e ilegal el 23 de diciembre del 2015, la reforma de la Ley del Banco Central para reincorporar la representación parlamentaria en su directorio, la Ley de Amnistía y Reconciliación y la Ley de Repatriación de Capitales. Estas cuatro acciones urgentes tienen que pasar un tortuoso camino que ya debe haber sido analizado por los diputados y sus asesores.
Los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia son elegidos (no designados) por la Asamblea Nacional previo el cumplimiento de requisitos y procedimientos constitucionales y legales. Ese acto parlamentario (no administrativo) puede ser revocado en la misma forma como se produjo. Como la elección fue evidentemente inconstitucional cabe su inmediata revocación. Ya ese paso ha debido darlo la Asamblea Nacional e iniciado el procedimiento de elección con apego al procedimiento establecido. La consecuencia política de esta decisión va a ser una fuerte confrontación de poderes que es bueno que se produzca porque el TSJ se ha convertido en un macro poder que ha desconocido la voluntad popular expresada en forma inequívoca y contundente el pasado 6 de diciembre.
La gravísima crisis económica pasa por devolverle al Banco Central de Venezuela su categoría de ente regulador de la economía y pertrecharlo de la suficiente capacidad e independencia para que tome decisiones urgentes. El artículo 5 de su Ley dice que el objetivo del BCV es la estabilidad de los precios y del valor de la moneda. La población venezolana no aguanta más carestía y escasez, los productores están con las manos atadas y el comercio especulativo desatado. Hay desespero en la gente.
La Ley de Amnistía y Reconciliación permitirá la salida de las cárceles o el regreso al país el ejercicio pleno de los derechos ciudadanos de las víctimas de persecución política y, abre una etapa para el diálogo y la más nunca utilización de la justicia penal como arma para el ataque a los adversarios políticos.
Y la Ley de Repatriación de Capitales facilitará el conocimiento del gigantesco saqueo de los dineros públicos, de los capitales provenientes del tráfico ilegal de drogas y de la riqueza minera, del lavado de dinero; de su localización y del reingreso de esos dineros al tesoro público, y será como una lluvia de mayo para financiar la recuperación de la producción nacional.
Todas estas acciones son urgentísimas porque Venezuela es una inmensa olla de presión a todo fuego, y en medio de semejante crisis continúa la irracionalidad, la irresponsabilidad, el robo, la soberbia y la ignorancia de Maduro y su equipo.
