Por: Fortunato González Cruz…
Son cuatro asuntos distintos: Los dos primeros pueden acelerar el proceso de salida constitucional de Maduro y su banda, pero en el camino están los “juristas” del TSJ. El tercero y cuarto son más complejos.
Todos los cargos de elección popular son revocables pero no es casual que no se haya concretado ninguno en 17 años de vigencia de la Constitución. El artículo 72 de la Constitución dispone que luego de transcurrida la mitad del período, al menos un 20% de los electores podrán solicitar la convocatoria de un referendo para revocar su mandato, y éste se produce cuando igual o mayor número de electores que eligieron al funcionario hubieren votado a favor de la revocación, siempre que haya concurrido al referendo un número de electores igual o superior al veinticinco por ciento de los electores.
Maduro obtuvo 7.587.579 equivalente al 50,61%. La MUD en las parlamentarias acumuló 7.707.422 votos. No dudo que la mayoría de los venezolanos votarán por salir de Maduro y elegirán en un mes un nuevo presidente, pero en el camino se atravesarán el TSJ y el CNE.
La enmienda es un procedimiento para hacer modificaciones puntuales a la Constitución y si se trata de buscar un camino para salir de Maduro tendría que ser mediante una drástica reducción del período presidencial, pongamos por caso, a 4 años. La enmienda la puede proponer la mayoría simple de los diputados y de ser aprobada por el pueblo en referendo, el período constitucional terminaría el 9 de enero de 2017 y al día siguiente tomaría posesión el presidente electo. No dudo que la Sala Constitucional dirá que como los derechos son irrenunciables, el nuevo período se aplicará hacia el futuro y no afecta el actual mandato presidencial. Una vez más se atravesará el TSJ. La reforma es más complicada porque tiene objetivos más amplios, el procedimiento es un poco más complejo y, de optarse por esta fórmula, se estará abandonando la enmienda que es más expedita.
Hay una decisión previa indispensable: Revocar la elección de los magistrados, que ya debió hacerlo la Asamblea Nacional y generar un conflicto de poderes bien interesante.
Por último, la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente permite revocar todos los poderes, que los asumiría ella, cambiar la Constitución, emprender una drástica modernización del Estado, devolver los militares a los cuarteles, establecer nuevas bases para la convivencia ciudadana y elegir nuevos gobernantes desde las parroquias y municipios hasta la Asamblea Nacional, los magistrados y el presidente. Una gran oportunidad. Difícilmente se puede atravesar el TSJ. Me anoto en esta solución porque la refundación de 1999 fue un fracaso histórico vergonzoso y costosísimo, y puede ser la oportunidad para, como dijo Francisco en México, echarle ganas a una nueva Venezuela.
