Por: German Rodriguez Bustamante…
La transferencia de la propiedad parcial o total de activos en manos del estado a control de privados, tanto nacionales como internacionales surge como una necesidad urgente en el contexto económico y político en la Venezuela actual. La reforma legal de la Ley de Hidrocarburos abre la industria petrolera a empresas privadas y extranjeras, revirtiendo décadas de estatismo tras el colapso de PDVSA. El régimen en ejercicio del poder busca atraer inversión para aumentar la producción de crudo, permitiendo que inversores operen en solitario en algunas áreas de la industria. Esta apertura busca superar crisis crónicas y mejorar la eficiencia, aunque mantiene la propiedad de los yacimientos en manos del Estado. Lamentablemente, informes indican que este proceso de privatización petrolera está siendo controlado por figuras cercanas al poder, implementado a menudo fuera del marco legal formal. Una perestroika rusa, en la cual los jerarcas después de destruir el tejido industrial aparecen como inversores con recursos del propio saqueo.
Indudablemente esto no se limita al sector petrolero, los cementerios de empresas nacionalizadas, expropiadas o de reciente creación son la evidencia de la incapacidad, inoperancia y corrupción sistemática del modelo político que gobernó el país en los últimos 27 años. En este momento existen cerca de 500 empresas que pueden entrar en un proceso de privatización, lo que requiere un marco legal claro, transparente y público para evitar la asignación a dedo de las iniciativas, convirtiéndo el proceso en un blanqueo de capitales. El paquete incluye desde industrias básicas en Guayana (minería, aluminio), hasta sectores de telecomunicaciones, petroquímica, bancario, alimentos, medicamentos y gas. El marco legal actual limita o condiciona la participación de capital privado, la ley antibloqueo plantea mecanismos alternativos y alianzas estratégicas para el uso productivo de activos públicos. De igual manera la posibilidad de colocar en el mercado de capitales nacional hasta el 10 % del capital. Sin embargo estas opciones son manejadas de forma discrecional por el ejecutivo, incorporando oscuridad y dudas razonables sobre la selección de los potenciales inversores.
En la práctica debido a la inoperancia estatal, los servicios públicos (electricidad, agua, salud) operan en muchos casos mediante una privatización de hecho, donde los ciudadanos pagan a privados por servicios básicos. Existen áreas geográficas con beneficios legales y fiscales para la inversión privada, pero la infraestructura de soporte requerida se encuentra maltrecha, no son suficientes los incentivos, se requiere electricidad, agua y tejido vial en buenas condiciones. Las potencialidades de la nación ofrece condiciones y sectores atractivos para la inversión privada, su materialización exige un marco legal especial, definido para cada sector en procesos licitatorios internacionales y nacionales, dando transparencia a la selección de los favorecidos.
La reciente aprobación de la reforma de la ley de hidrocarburos y la tan anhelada, demanda y urgente ley de amnistía diferida su aprobación, son instrumentos jurídicos que pueden mandar señales positivas sobre la voluntad política del régimen en ejercicio del poder, sobre una sincera reconciliación nacional. La mejora de la imagen internacional requiere más que una barniz de obediencia. Las realidades internas no pueden ocultarse con paseos de actores internacionales en senderos energéticos preparados, la persecución se mantiene y las condiciones económicas necesitan más acciones concretas para que la expectativa se mantenga.
Las fases de un proceso de privatización requiere su concreción con un ejercicio público pulcro, los recursos derivados deben tener una marco para su aprovechamiento, sacos rotos como el FONDEN y otros creados en estos años desdichados de engaño revolucionario, no pueden repetirse. Recursos que sirvieron para el enriquecimiento individual en detrimento de la mayoría. Los rankings de corrupción del país son una alarma de pánico. Venezuela sigue ocupando los últimos lugares en el mundo, en el manejo transparente de los recursos públicos. La corrupción como enfermedad que hizo metástasis en toda la estructura de gestión pública, la cura requiere un tratamiento especial para poder extirpar. Un proceso de privatización necesita una nueva estructura institucional para ejecutarla.
Muchas potencialidades tiene el país, pero también muchos desafíos para que la propuesta se traduzca en una mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. El andamiaje institucional y legal deja muchas preocupaciones, la ley antibloqueo, la reforma del sector hidrocarburos y la ley de zonas económicas especiales no son suficientes, adicional que la estructura institucional de poder no garantiza, ni asegura la confianza exigida por los inversionistas, en términos de riesgos y rendimientos.
Queda mucho por hacer, las tres fases planteadas por Trump avanzan con cierta lentitud, la estabilización política requiere con urgencia la reconciliación nacional, justicia sin impunidad, la estabilidad económica exige marcos regulatorios estables a largo plazo y la transición demanda elecciones medianamente competitivas. En su tránsito el país requiere decisiones puntuales para disminuir las desigualdades construidas en revolución, la designación de autoridades integrantes del poder moral ajustadas a su cargo. La privatización es una oportunidad para incorporar productividad, eficiencia y rentabilidad a sectores con ventajas comparativas, y que los beneficios del proceso le lleguen a todos los venezolanos.
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16-02-2026
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