Por: German Rodriguez Bustamante…
La transferencia parcial o total de propiedad del sector público al sector privado, se entiende como privatización. Este proceso conlleva el cumplimiento de algunos requisitos, para que el mismo no se utilice como la repartición de un botín de guerra. Sobre todo en el contexto venezolano, en el cual se estableció una estrategia previa de toma agresiva por parte del Estado, de muchas empresas e iniciativas privadas, con el argumento de hacerlas más productivas, justas y vinculadas con el desarrollo del país. En la práctica esta promesa fue un absoluto engaño, que destruyó tejido industrial, produjo desabastecimiento en sectores y derivó en niveles de corrupción escandalosos. En Venezuela en este momento el proceso se hace de forma opaca, bajo la sombra, ejecutada mediante la transferencia directa de activos estatales a manos privadas, sin controles democráticos.
Caracterizado el mecanismo por la eliminación de licitaciones públicas, los concursos se realizan seleccionando a los nuevos operadores a dedo, bajo criterios de afinidad política o conveniencia financiera. La base legal para la entrega son leyes especiales, como la ley antibloqueo, que permiten declarar la información y el propio medio, como reservado o confidencial para evitar los controles previstos en la constitución. Se utiliza la entrega de la gestión, las operaciones y los beneficios económicos, a través de contratos de riesgo compartido o comodatos a largo plazo, de igual manera en una total oscuridad. Para agregar mayor opacidad, no existen registros públicos accesibles, sobre el valor de los bienes transferidos, la identidad exacta de los nuevos consorcios, ni el destino de los fondos recibidos.
Bajo estos esquemas el régimen en el poder, ha devuelto formalmente o transferido la gestión de decenas de activos confiscados a sus antiguos dueños, o a nuevos operadores privados. Esta revocatoria de las expropiaciones, que fueron ejecutadas en su momento de forma ruidosa y altamente difundidas, se hacen en total silencio, revestidas de cortinas que esconden a los beneficiarios, por la entrega de esos activos, y sin difundir los beneficios financieros para la Nación. Indudablemente se busca reactivar infraestructuras colapsadas, e inyectar capital sin que el sector público deba financiar la reconstrucción, acciones totalmente justificadas, pero los ciudadanos necesitan información pública, auditable sobre la forma como se realizan. Los casos de: Sambil La Candelaria, Agropatria, Hoteles de la cadena Hilton, Centrales Azucareros, Plantas de Alimentos, Lácteos Los Andes, Abastos Bicentenario, Fundos, partes del Sistema Eléctrico Nacional entre muchas iniciativas, requieren información detallada sobre la forma, beneficiario, recursos y métodos financiero y jurídicos utilizados, para medir los beneficios para el país. Las tinieblas que cubren estas acciones, alimentan la desconfianza y la posibilidad que el mecanismo sea una siembra más para cosechar la corrupción, flagelo que arropa toda la gestión de este régimen desde su origen.
La ley constitucional antibloqueo, fue aprobada en un contexto distinto al actual. La aplican como medio para repartir empresas quebradas, saqueadas y destruidas por la gerencia revolucionaria, sin determinar la responsabilidades gerenciales por lo ocurrido. Como si no fuera suficiente la catástrofe de las expropiaciones, por los recursos perdidos o robados, se revierte el proceso en entregas, bajo confidencialidad y secreto. Al no haber licitaciones públicas, ni rendición de cuentas ante el parlamento o entes de control, se desconoce cuánto dinero percibe el Estado por estos alquileres o ventas, y si los nuevos administradores están calificados para operar los activos.
Dadas las condiciones actuales de la economía venezolana y la naturaleza del régimen que la ejecuta los procesos, es difícil proyectar un éxito en la entrega de activos al sector privado, dado la ausencia de un estado de derecho de ofrezca las debidas garantías legales, con clara fortaleza de los derechos propiedad privada, y naturalmente respeto a los derechos humanos. De ahí que se haya señalado, que este proceso sólo se asoma conveniente para los aliados del régimen o capitales de dudosa procedencia. Más que privatización, parece una redistribución de fondos del Estado entre amigos. Ya ocurrió con las alianzas estratégicas en las minas, que terminaron en manos de compañeros de estudio, familiares del alto gobierno y aliados internacionales.
Cuando los procesos de privatización de empresas públicas se realizan bajo esquemas transparentes, con reglas claras y condiciones financieras acordes a las condiciones del mercado, presente y futuro. Se convierten en una eficiente estrategia para: reducir el gasto público, pues se disminuyen los pagos por nóminas y se mitigan las pérdidas por mala o ineficiente gestión; potenciar la capacidad productiva en el mediano plazo; incrementar los ingresos del fisco por los impuestos a recaudar y sobre todo mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, pues en empresas productivas se favorece los aumentos de remuneración asociados a la productividad. Por el contrario, si los mismos se caracterizan por la opacidad e ineficiencia, fomentan la corrupción, la consolidación de grupos de poder, concentración de la riqueza, falta de competencia y mayor pobreza y desigualdad.
Desafortunadamente, las alianzas actuales se basan mayoritariamente en decretos presidenciales y contratos temporales de concesión o usufructo, generalmente por 5, 10 o 15 años. Al no existir reformas constitucionales de fondo, ni una separación de poderes sólida, quienes participan temen que un cambio político o un giro en la retórica oficial, ponga fin a los acuerdos de la noche a la mañana, perdiendo todo el capital invertido en recuperar las plantas en ruinas. Esos son los riesgos por participar en procesos, sin garantías suficientes.
@germanrodri
27-07-2026
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