La Junta Directiva de la Seccional de Profesores Jubilados de APULA manifiesta su contundente rechazo y condena la oprobiosa acción tomada por el Ministerio para la Educación Universitaria Ciencia y Tecnología ( MPPUCT), al aprobar un instrumento para ser aplicado al sector universitario, cuyos «Criterios Generales » violan flagrantemente la Constitución Nacional, la Ley del Trabajo y los términos de la vigente Convención Colectiva, así como la normativa interna de las universidades autónomas para su personal docente y de investigación.
Esta política de continuo y permanente acoso del Régimen contra las universidades, en su empeño por someterlas y controlarlas mediante una asignación extremadamente irrisoria, condenandolas al colapso, ahora introduce un elemento adicional y aberrante, al excluir al personal jubilado de un llamado » Complemento de Estabilización Económica Temporal», que viola la igualdad de derechos de activos y jubilados, contemplados en las Normas de Homologación, Actas Convenio y Contratación Colectiva y, específicamente el artículo 80 de la Constitución que obliga al Estado a asegurar la calidad de vida.
Esta desviada acción del régimen establece un complemento equivalente al 40 % del salario base y sin incidencia salarial. En términos reales, la medida representa para un Profesor Titular, un incremento de Bs. 30.000 aproximadamente, lo que significa una porción extremadamente baja si se compara con el costo de la canasta básica, y alcanza al 1.5% del referido costo.
Se trata de una afrenta más que estimula el desaliento para quienes tenemos la altísima responsabilidad de formar a los profesionales y científicos del país. Además, que al darle la condición de no incidir en el salario, menoscaba las prestaciones sociales de los universitarios.
Es evidente que el régimen, al establecer dicho complemento y definirlo, reconoce que existe una desestabilización económica en el país, que afecta por igual a todos los ciudadanos, resultando un contrasentido la exclusión de los jubilados, quienes representan el sector de la población que con más rigor sufre las consecuencias de la mencionada desestabilización económica.
Nuestro rechazo se extiende al Consejo Universitario de la Universidad de Los Andes, al aceptar y aplicar, en consulta virtual y sumisamente, el mencionado instructivo, introduciendo unas modificaciones menores, sin tomar en consideración el régimen autonómico, propio de nuestra Universidad, y las demás leyes previamente citadas, especiamente el artículo 265 del Estatuto del Personal Docente y de Investigación de la ULA, que le otorga al Profesor Jubilado un conjunto de beneficios, específicamente el numeral 8 de ese artículo que señala taxativamente: «Cualquier otro que establezcan los respectivos Consejos de Facultad o Núcleo, o el Consejo Universitario». Éste artículo faculta al Consejo Universitario para tomar una decisión favorable para todos los Profesores Jubilados, sin discriminación alguna y sin violar nuestros derechos.
De tal manera que nuestro máximo organismo de gobierno universitario, de manera obediente, prefirió aplicar unos criterios injustos e impuestos por el sector oficialista, sin reparar el hecho de que nuestro gremio no participó ni firmó ese instructivo.
Nuestro rechazo firme y contundente a la violación de los derechos y a la flagrante discriminación de los Profesores Jubilados por parte del MPPEUCT, así como a quienes internamente avalan esas acciones.
En Mérida, a los doce días del mes de abril de dos mil diecinueve.
David Díaz Miranda
Presidente de la SPJ
Hector Del Castillo Pérez
Secretario de la SPJ
