Por: Angélica Villamizar…
En los últimos años, ha habido un aumento alarmante de casos de ansiedad, depresión, trastornos alimenticios y suicidio entre nuestros jóvenes. La pregunta es inevitable: ¿estamos haciendo lo suficiente para proteger la salud mental de las nuevas generaciones?
La dimensión real de la crisis carece de un rostro numérico oficial. No existen cifras públicas consolidadas, ni un termómetro estatal que mida con precisión la fiebre emocional de nuestra juventud. La evidencia, por tanto, no brota de los fríos registros gubernamentales, sino del grito silencioso que se acumula en los consultorios y en las líneas de ayuda. Son las propias organizaciones de la sociedad civil, aquellas cuya misión es acompañar y sostener, las que reportan una demanda en ascenso imparable de atención psicológica y psiquiátrica entre adolescentes y jóvenes.
Sus testimonios se ven reforzados por los reportes del hospital y la universidad, y se reflejan, de manera cruda y periódica, en las noticias de prensa que documentan casos de ansiedad, depresión y tragedias prevenibles. La ausencia de datos oficiales no niega la realidad; por el contrario, la subraya y la convierte en una urgencia de doble filo, atender la emergencia y, al mismo tiempo, empezar a medirla para combatirla con estrategias certeras.
Frente a este panorama, las políticas públicas actuales resultan insuficientes, reactivas y desarticuladas. No basta con lamentar cada tragedia ni ofrecer paliativos temporales. Se requiere un enfoque integral, preventivo y basado en evidencia, ejecutado con la urgencia que la situación amerita.
Se requiere de voluntad política, asignación presupuestaria específica y, sobre todo, la participación activa de los propios jóvenes en el diseño de las soluciones. No se trata de imponer programas desde un escritorio, sino de co-crear respuestas con aquellos que conocen de primera mano la realidad que enfrentan.
La salud mental es el cimiento sobre el cual se construye una vida plena, una educación efectiva y una comunidad resiliente. Cada día que retrasamos la implementación de políticas robustas en esta materia, perdemos oportunidades de intervención temprana y permitimos que el sufrimiento se profundice.
Mérida tiene los recursos, el capital humano y la capacidad organizativa para convertirse en un referente nacional en el cuidado de la salud mental juvenil, proteger el bienestar emocional de nuestros jóvenes es proteger el futuro mismo de nuestra ciudad.
Organizaciones de la Sociedad Civil merideñas han presentado iniciativas concretas para atender estas situaciones pero que lamentablemente se quedaron en las gavetas de las comisiones legislativas o aun están esperando turno para su discusión. Esta parálisis legislativa es una forma de negligencia. Los gobernantes, tanto del Ejecutivo como del Legislativo, tienen la responsabilidad de revisar, priorizar y enriquecer urgentemente estos proyectos con la visión de la sociedad civil y la evidencia técnica.
No se necesitan nuevos diagnósticos ni más discursos de preocupación; se necesita voluntad política para sacar del cajón las soluciones ya planteadas, discutirlas con seriedad y convertirlas en acción. La salud mental de nuestros jóvenes no puede seguir en espera de un consuelo burocrático; merece y exige decisiones concretas, hoy.
29-01-2026 (161-2026)
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