Bajo el título “El eclipse de la Constitución”, el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) presentó este jueves 14 de mayo su Informe Anual 2025, en el que se documentaron 160 víctimas de desaparición forzada en el país.
El evento, realizado en el Auditorio Naranja de la Universidad Central de Venezuela (UCV), contó con la exposición de Oscar Murillo, coordinador general de la organización; Lissette González, coordinadora de monitoreo, investigación y medios; y también participaron Javier Tarazona, coordinador de FundaRedes y ex preso político; junto a Liz Hernández, representante de los pueblos indígenas.
Aunque el informe abarca la totalidad de los derechos humanos en el país, el análisis de Efecto Cocuyo se centra en dos ejes relacionados con la represión política, que son el derecho a la integridad personal y el derecho a la libertad personal.
Durante la presentación, los voceros de Provea destacaron que la estructura institucional que permite estos abusos permanece intacta. A pesar de los acercamientos recientes con el Ministerio Público para consultar leyes como la de fiscalización de las ONG, la organización insistió en que no basta con la apertura económica si no se desmantela el aparato represivo que hoy mantiene en “eclipse” las garantías constitucionales.
El auge de las desapariciones forzadas
Uno de los hallazgos más relevantes del informe es el crecimiento exponencial de las desapariciones forzadas durante el año 2025. Provea registró 160 víctimas en 95 casos durante ese año, lo que representa un incremento del 196% respecto al año anterior, cuando se registraron 54 víctimas, y un 841% sobre el promedio de los últimos 25 años.
Lissette González calificó este fenómeno como un patrón institucionalizado donde las personas pasan días o semanas incomunicadas tras su captura.
“Las desapariciones forzadas han pasado a ser parte de un patrón de las detenciones políticas; 91% de los casos registrados de desapariciones forzadas tienen esta motivación”, detalla el informe.
Óscar Murillo reforzó esta denuncia al señalar que este crimen deja en absoluta vulnerabilidad a la víctima, ya que durante ese periodo de ocultamiento no existe posibilidad de protegerla ni de brindarle asistencia legal o médica.
González enfatizó que el Estado aplica esta política para que los familiares ignoren qué cuerpo de seguridad realizó la detención o dónde se encuentra el recluido.
Dgcim y Sebin en el epicentro de la represión
Provea documentó 659 denuncias de violaciones al derecho a la integridad personal. En el caso específico de la tortura, la organización registró 54 víctimas plenamente identificadas.
Los cuerpos de inteligencia militar y civil, como la Dirección de Contrainteligencia Militar y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, se consolidaron como los principales responsables, sumando entre ambos el 66,5% de los casos reportados en 2025.
El informe describe métodos de tortura que buscan el quiebre físico y psicológico del detenido. “La mayoría de los castigos incluyeron golpizas, fractura de huesos, amputación de uñas, ahogamientos simulados, asfixia con bolsas, descargas eléctricas en partes íntimas, quemaduras y simulación de ejecuciones”, dice el documento.
Lissette González advirtió que los hombres jóvenes siguen siendo las principales víctimas de estos abusos. El documento incluye el testimonio de una víctima que no quiso ser identificada por temor a represalias, quien denunció haber sufrido descargas eléctricas en los testículos y fractura de piezas dentales mediante el uso de equipos de ortodoncia.
La selectividad política de las detenciones individuales
A diferencia de la represión masiva que caracterizó el ciclo poselectoral de 2024, el gobierno de Nicolás Maduro retomó en 2025 el empleo de mecanismos selectivos. Aunque las detenciones arbitrarias totales bajaron a 596 casos, el 86% de ellas tuvo motivaciones políticas, afectando a 513 personas.
“A la disminución de las detenciones masivas y colectivas corresponde un aumento de las detenciones individuales. Esto revela que actualmente hay una mayor selectividad en las detenciones ilegales y arbitrarias”, dice el informe.
González explicó que la represión ya no necesita ser masiva para ser efectiva; ya que el “terrorismo de Estado” logra el impacto deseado al capturar a líderes sociales, sindicalistas y periodistas.
La defensora de derechos humanos resaltó que las detenciones de civiles por motivos políticos aumentaron un 104% respecto al promedio histórico de la organización.
Ataques a la integridad
La represión en 2025 no solo afectó a los detenidos, sino que se extendió a su núcleo familiar. Provea denunció el ataque violento ocurrido en agosto contra el Comité de Madres en Defensa de la Verdad frente al Tribunal Supremo de Justicia. En esa ocasión, civiles armados y funcionarios de inteligencia actuaron con impunidad para disolver una vigilia pacífica de mujeres que exigían información sobre sus hijos.
“Nos patearon, nos empujaron, nos tumbaron las carpas con niñas adentro. A una compañera le arrebataron su bebé de los brazos”, según el testimonio de una de las madres agredidas, documentado en el informe.
Además de estos ataques públicos, las comunidades pobres continúan sufriendo operativos militares y policiales que, aunque menos noticiados que en años anteriores, mantienen el uso excesivo de la fuerza y la opacidad oficial. 336 personas fueron asesinadas por fuerzas policiales y militares, de las cuales el 54% tenían entre 18 y 30 años de edad, y el Ministerio Público, entonces encabezado por Tarek William Saab, “no investigó ninguna de estas muertes”, aseguró la activista.
González enfatizó que los medios de comunicación han reducido la cobertura de estos sucesos en las zonas populares, lo que contribuye a que muchos abusos no se documenten formalmente.
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15-05-2026
