La información oficial sobre las víctimas del doble terremoto que golpeó a Venezuela el 24 de junio permanece sin actualización, situación que llevó a la organización no gubernamental Provea a exigir al gobierno interino la publicación periódica de los registros de fallecidos y desaparecidos.
La ONG advirtió que han transcurrido más de 36 días desde el último balance oficial de personas fallecidas, que ubicó en 6.509 el número de víctimas mortales. Ese registro fue difundido el 24 de agosto, cuando las autoridades informaron además sobre más de 226.000 personas atendidas en hospitales y 60.785 inmuebles residenciales inspeccionados.
La situación es aún más prolongada en el caso de los desaparecidos. Provea señaló que el último dato oficial, de 157 personas en paradero desconocido, corresponde al 25 de junio, un día después de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5.
“Iniciativas ciudadanas han denunciado miles de personas con paradero desconocido, sin que exista un registro público que lo respalde”, señaló Provea.
Familiares buscan respuestas ante la falta de cifras oficiales actualizadas
El reclamo adquiere relevancia ante la falta de coincidencia entre los datos que han circulado sobre el impacto de la tragedia. En un informe publicado el 23 de septiembre, Amnistía Internacional señaló que el gobierno nacional mantenía como último balance 6.509 fallecidos, mientras que el gobernador de La Guaira, José Alejandro Terán, había estimado 7.265 muertes.
La organización internacional también señaló que las autoridades nacionales no han publicado una cifra oficial actualizada de desaparecidos. Como referencia, indicó que Terán había estimado 1.579 personas desaparecidas, mientras iniciativas ciudadanas habían recopilado más de 41.000 reportes. Amnistía advirtió, no obstante, que estos registros independientes presentan errores y duplicidades, por lo que no sustituyen una base de datos oficial.
La falta de información ha obligado a familiares de personas desaparecidas a efectuar búsquedas por sus propios medios en hospitales, morgues, refugios y edificios afectados, además de haber recurrido a carteles, redes sociales y bases de datos ciudadanas para intentar localizar a sus seres queridos.
“Exigimos al Estado venezolano actualizar y publicar ambas cifras de forma continua”, reclamó Provea.
El pedido se suma a cuestionamientos que Provea ya había formulado sobre la gestión de la emergencia. En julio, la organización denunció opacidad en el manejo de la información oficial durante las primeras horas posteriores a los terremotos y exigió que la reconstrucción estuviera acompañada de mecanismos de transparencia y acceso a la información.
Exigen al Estado priorizar el derecho a la información pública
Las autoridades han concentrado sus últimos balances públicos en las labores de recuperación. El reporte oficial del 24 de agosto indicó que se habían retirado 600.790 toneladas de escombros, mientras miles de personas permanecían en campamentos y refugios temporales.
Provea considera, sin embargo, que la reconstrucción no puede desligarse de la identificación de las víctimas y de la información que necesitan sus familiares.
“La información salva vidas y es una obligación del Estado con las víctimas, sus familiares y el país”, afirmó la organización.
Los terremotos del 24 de junio, de magnitud 7,2 y 7,5, provocaron una de las mayores emergencias registradas en Venezuela en las últimas décadas, con La Guaira como una de las zonas más afectadas. Tres meses después, organizaciones de derechos humanos continúan reclamando información pública, verificable y actualizada sobre las consecuencias humanas de la tragedia.
30-09-2026
