El Instituto Autónomo Hospital Universitario de los Andes (IAHULA), en Mérida, es una institución de nivel IV que va más allá de la asistencia básica. Es un centro de especialidades y formación académica para futuros médicos; sin embargo, su gestión muestra un panorama deficiente que involucra directamente el deber del Estado de garantizar la salud como un derecho constitucional.
Según un reporte de la ONG Provea, áreas críticas del IAHULA muestran filtraciones y falta de mantenimiento preventivo. No obstante, la carencia de insumos médicos es el factor que más afecta a los familiares, quienes enfrentan la incertidumbre hospitalaria.
El alcance del IAHULA trasciende las fronteras de Mérida, ya que recibe pacientes provenientes de Táchira, Trujillo, Barinas, Apure y el Sur del Lago, e incluso de la zona fronteriza con Colombia. Jesús Américo Rondón, licenciado en enfermería e instrumentista del área de quirófanos, señala que esta centralización de la demanda no es casual; sino que responde a la precariedad presupuestaria e infraestructural de centros adyacentes como los de Lagunillas o El Vigía. Al no contar con servicios especializados en sus localidades, las familias se ven obligadas a buscar atención médica en la capital del estado Mérida.
Sin embargo, ser el referente regional es una «espada de doble filo». El prestigio de su calidad humana y profesional choca frontalmente con la precariedad de recursos. Para el paciente que proviene de zonas cálidas, el traslado a Mérida supone un impacto de varias dimensiones: llegan sin preparación para el frío andino y el presupuesto familiar se diluye entre medicamentos y logística. Los familiares pasan días en pasillos o durmiendo en el suelo, enfrentando el hambre y el agotamiento mientras esperan la mejoría de su allegado, expresó Rondón.
Marino Alvarado, abogado y coordinador de Exigibilidad Legal de Provea, señala que la falta de transparencia estatal es notoria. Desde 2016, el Estado dejó de publicar estadísticas epidemiológicas para ocultar una realidad devastadora: la carencia de insumos y una «privatización no declarada» de los servicios, donde los pacientes deben costear su propio tratamiento. Según Alvarado, «la salud no es un favor del Estado, es un derecho; mientras el gobierno ignore esta premisa, seguirá perpetuando una crisis que ya ha costado demasiadas vidas».
El eco de la precariedad
La estancia en el IAHULA no se mide en horas, sino en el desgaste de la voluntad. Para quienes acompañan a un enfermo, el hospital se transforma en un territorio hostil donde la supervivencia del familiar corre en paralelo a la del paciente. «No fue una elección, fue una entrega total de 45 días», relata una persona que vivió el proceso de la hospitalización de un familiar, una experiencia que describe como un periodo lleno de conmociones y «un amargo recuerdo», que terminó con la pérdida de su ser querido.
Dentro del hospital, los roles cambian por necesidad. El acompañante debe transformarse en apoyo emocional y hacer todas las labores que implican fuerza física.
Un entrevistado que prefirió resguardar su identidad, mientras esperaba en los alrededores del hospital, lo explica: «Es una dinámica diaria donde el sistema recae sobre los hombros, ya cansados, de la familia».
La crisis hospitalaria también conlleva un costo humano que se traduce en humillaciones cotidianas, algo que se intensifica debido a la cantidad de pacientes que no tienen redes de apoyo en la ciudad de Mérida o en zonas cercanas y viajaron desde poblaciones lejanas en otros estados, e incluso en zonas rurales del estado Mérida, lo que implica largas distancias para trasladarse. Por ejemplo, una de las entrevistadas que resguardó su identidad para evitar retaliaciones cuenta la imposibilidad de mantener su propio aseo personal durante días, muchas veces tiene que dormir a la intemperie sobre el césped y depender de la caridad ajena para alimentarse.
Un artículo publicado por CEPAZ revela que el Ministerio de Salud mantiene silencio al no publicar los contratos suscritos, la lista de proveedores, el estado de las obras en ejecución ni el volumen de medicinas adquiridas en los centros hospitalarios nacionales. A este escenario de desinformación se suma la criminalización de defensores de derechos humanos y del personal sanitario que denuncia las carencias hospitalarias, un factor que agrava profundamente la crisis.
La categorización del IAHULA como hospital de referencia y centro de especialidades pierde sentido cuando lo más elemental —como los insumos para una cesárea— recaen sobre el bolsillo familiar. Desde el Sur del Lago del estado Zulia llegan pacientes buscando una asistencia que el sistema local no les puede proveer, solo para tropezar con la misma precariedad en otro estado. «No tenemos para cubrir los gastos», confiesa una madre residente de Santa Bárbara, cuya impotencia se manifiesta en lágrimas frente a la urgencia quirúrgica de su hija y su nieto recién nacido.
Por otra parte, la higiene en el hospital se ha vuelto un acto protocolar: se limpia superficialmente, pero no para la seguridad del paciente. Las fallas en el aseo son un factor de riesgo para quienes permanecen en el IAHULA. Como relata una familiar: «Limpian cuando saben que transitará más gente, pero no hay un aseo constante; eso solo empeora nuestra situación».
Lo poco que cuentan las decenas de familiares que esperan en los alrededores está marcado por las precauciones de ser señalado o ser objeto de retaliación y esto refleja la brecha entre la ley y la realidad. Mientras tanto, el acceso a la salud seguirá siendo un acto de heroísmo individual y de los recursos limitados de los bolsillos de las familias, pero no un derecho garantizado.
17-02-2026
