Por: Germán Rodríguez Bustamante…
El artículo 337 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece las razones por las cuales el Presidente en consejo de ministros puede decretar un estado de excepción, así como las limitaciones para restringir las garantías consagradas en la propia constitución. Entre las circunstancias que promueven el estado de excepción se encuentran las económicas y las sociales, que puedan afectar la seguridad nacional; para todos los venezolanos está claro que los hechos que ocurren en la frontera entre Venezuela y Colombia, como son el narcotráfico, el contrabando y la violencia, no son situaciones nuevas, las mismas han ocurrido con la mirada cómplice de las autoridades creadas para combatirlas.
Es inadmisible pensar que estos hechos ocurren por la habilidad suprema de los actores, que impiden que los custodios de la soberanía nacional se den cuenta de su existencia. Lamentablemente la ignorancia para entender y comprender las dinámicas económicas y sociales que se producen de manera natural en zonas fronterizas, generaron los fenómenos y el país no diseño políticas para mitigarlos, por el contrario, se instrumentaron subsidio a los bienes que originaron negocios altamente lucrativos, derivados de la existencia de precios diferenciados de bienes en los países que comparten frontera, razón por la cual la existencia del contrabando fundamentalmente es la consecuencia de esta distorsión de precios, pretender atacar el problema con un estado de excepción es hacer más lucrativa la actividad.
Este gobierno en su fantasía histórica de buscar un culpable, consiguió en el contrabandista y el bachaquero a los actores ideales para hacerlos responsable del problema de inflación, escasez y desabastecimiento presente en todo el país, su estrategia es propagar la tesis que las colas en los establecimientos de venta de alimentos, medicinas y gasolina en los municipios sujetos a la medida de excepción desaparecieron, en consecuencia el gobierno revestido de la mayor sensibilidad social, toma la medida correcta para atender de forma oportuna el problema y trasladar la mayor suma de felicidad posible al pueblo; es indudablemente que las colas en las estaciones de servicio de gasolina disminuyeron, eso era previsible gran cantidad de venezolanos y colombianos con vehículos que circulan en las ciudades de frontera en Colombia, ya no podían abastecer sus vehículos; sin embargo en los locales de alimento y medicinas la mejora fue efímera, ya las colas retornaron con la misma intensidad que a nivel nacional, es decir la medida busca un dividendo político y no un beneficio económico o social, el gobierno busca desesperadamente en el corto plazo un acuerdo diplomático con el vecino país, por la inviabilidad de la medida en el largo plazo.
Los ciudadanos sufrimos las consecuencias de la improvisación como gestión pública, los pacientes que no conseguían tratamiento en el país lo buscaban en Colombia, situación similar presentan los productores agropecuarios por falta de insumos, los talleres mecánicos para los repuestos y autopartes y cualquier segmento que a nivel nacional no tenga disponga de materia prima y componentes, la opción de Colombia era una alternativa a valorar.
En definitiva el estado de excepción esconde el fracaso del modelo económico que empobreció a la población, arruinando al sector privado, destruyendo la institucionalidad, acabando con las empresas públicas viejas y nuevas; y en resulta sepultaron la esperanza de un pueblo que confió ciegamente en una propuesta revolucionaria, diseñada para resolver las injusticias, la desigualdad, la pobreza, la inseguridad, la inflación y la corrupción; fenómenos económicos y sociales que han crecido como la yerba mala en estos 16 años de gestión revolucionaria.
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