Por: Germán Rodríguez Bustamante…
En la última semana el Centro de Convenciones Mukumbarila se hay convertido, en un mercado en el cual venden de forma muy particular productos de la cesta básica, cuyo origen es el vecino país de Colombia. La promoción publicitaria habla de una oferta de bienes a precios justos.
Lamentablemente el término justos se convierte en un espejismo, los ciudadanos que han visitado el mercado han podido verificar que los precios son menores a los vendidos por los llamados bachaqueros pero muy superiores a los regulados en gaceta oficial; en conclusión son justos en comparación con cuales precios. A pesar que el gobierno regional ha intentado desvincularse con la propuesta, es difícil creer que la misma se haga en un espacio físico controlado por la Gobernación de Mérida, sin el conocimiento de funcionarios regionales y nacionales.
Indudablemente que existe un lucro en la comercialización de los bienes, la duda está, sí en ella, están funcionarios tanto civiles como militares involucrados. Sí la actividad que hacen los bachaqueros se califica como delictiva, pareciera que la venta en Mukumbarila también lo es. Los entes encargados de aplicar la estructura legal para respaldar los controles de costos, precios y de ganancias, brillan por su ausencia.
Entramado jurídico que fue constituido supuestamente para asegurar el desarrollo armónico, justo, equitativo, productivo y soberano de la economía nacional, instrumentando la fiscalización efectiva de la actividad económica y comercial, a fin de proteger los ingresos de las familias especialmente el salario de los trabajadores y trabajadoras; combatiendo la usura y la especulación para garantizar la estabilidad de precios, velando por el desarrollo humano integral de la población y contribuir a elevar su calidad de vida.
Queda en evidencia que estos objetivos supremos no se cumplen en el mercado persa de Mukumbarila, no existe soberanía nacional, la fiscalización es nula, la usura crece como monte y los salarios de la clase trabajadora quedan pulverizados por los supuestos precios justos de bienes colombianos; en consecuencia la oferta pareciera engañosa y tristemente el Estado no hace nada, por el contrario pareciera que consintiere la actividad. Adicional aparece la sombra sobre elorigen del financiamiento requerido en divisas, para realizar la importación y a que tasa de cambio pudo obtenerse, ( DICOM o controlada); en cualquier caso las ganancias son importantes, sosteniendo una estructura corrupta en detrimento del pueblo.
