Por: Eleazar Ontiveros Paolini…
Como es sabido, la Asamblea Nacional, claro que por parte del sector oposicionista, en su afán de darle respuestas al pueblo, ha venido cumpliendo con su deber de legisladora y de contralora de los demás poderes públicos. En función de ese su deber, instaló una Comisión Especial para que tratara en todas sus aristas la crisis universitaria de Venezuela, aún en el entendido de que las decisiones que legalmente se tomen, de una manera u otra, pueden ser saboteadas por ese operador político del PSUV llamado tribunal supremo de justicia (minúsculas nuestras).
Para considerar el tema convocó a gremios de obreros y profesores, a rectores de las Universidades Autónomas y de las Bolivarianas, a estudiantes, federaciones, educadores en general, especialistas y organizaciones relacionadas. Como era de esperarse, los rectores de la Asociación de Rectores Bolivarianos, ARBOL, no asistieron o se les prohibió hacerlo. Igual dejaron de hacerlo los diputados chavistas a la reunión de la Asamblea en la que se consideró el informe elaborado por la susodicha Comisión, en demostración fehaciente de su indiferencia por lo que representan socialmente las universidades, las cuales, de seguir todo como hasta ahora, tendrán inevitablemente que llegar a su cierre técnico.
Las decisiones más relevantes fueron: Lograr la sinceración de los presupuestos universitarios, hasta ahora aprobados con una metodología interesada, que ha evitado que los mismos se ajusten a lo planificado por las Universidades, desechando la prioridad que se le da como norma fundamental de ejecución a los créditos adicionales eventuales; Derogación del Decreto 2198 que centraliza las compras de lo requerido por las universidades en la Vicepresidencia, y con lo cual sólo se han logrado retardos desproporcionados e insuficiencias significativas; Reforma de la Ley orgánica de Educación para facilitar las elecciones de autoridades universitarias en un todo de acuerdo al Art. 109 de la Constitución, contrarrestado la hipócrita posición del voto paritario, cuando en la universidades del Gobierno y experimentales las autoridades son nombradas a dedo; Reforma de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, de manera tal que los aportes de las empresas vayan a las universidades para su programas de investigación; Diseñar la Ley de Bienestar Estudiantil para asegurarle al sector unas providencias satisfactorias: becas, comedores, transporte; Reforma de la Ley de Universidades para adecuarla a la situación actual y fijar satisfactoriamente lo referente programas de salud; y concretar la aplicación de las Normas de Homologación, para que haya justicia en cuanto a los sueldos de los profesores. Esperaremos ansiosos los resultados.
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