Por: Eleazar Ontiveros Paolini…
Grandes sectores venezolanos, en especial los universitarios y políticos, han reaccionado con estupefacción ante el hecho insólito de que se haya declarado traidor a la patria y llevado a los tribunales militares al economista Santiago Guevara, profesor jubilado de la Universidad de Carabobo, por el hecho de utilizar sus capacidades intelectuales para comunicar ideas, interpretar los hechos sociales, comunicar sus ideas y definir soluciones a determinados problemas; o sea, por ejercer su derecho a opinar públicamente.
El pecado del Profesor Guevara fue haber ha escrito y difundido opiniones sobre la actual situación venezolana, en especial en cuanto a los problemas económicos actuales y propuesto las soluciones especializadas posibles; pero como lo dicho desnudaba la incapacidad del régimen, este se sintió muy ofendido.
Con tal actitud, despreciable por lo demás, el régimen ha violentado el Art. 19 de la Declaración de los Derechos Humanos, que establece: “Todos los individuos tienen derecho a la libertad de opinión y expresión; este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el investigar y recibir informaciones y opiniones, y el difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión”. Quiere decir que nadie está inhabilitado para expresar sus pensamientos, sus dudas o revisar críticamente todo tipo de realidad o proposición. La opinión es, entonces, un juicio que se forma sobre algo cuestionable, es decir, el concepto que se tiene respecto a algo o alguien. Puede entonces ser con legitimidad, expresión, como sucedió con el Prof. Guevara, de disenso, y este como tal representa una conducta elemental de la democracia y válida expresión ciudadana sobre los debates del quehacer público.
Lo dicho con anterioridad se aprecia sin equívocos cuando nos percatamos de que a nivel universal el delito de opinión no está contemplado en ninguna legislación, causa por la cual, se entiende, no puede ser penada, salvo cuando se imponga la arbitrariedad y la consideración de que quien tiene el poder gubernamental lo puedo todo.
El corolario es deducible: los gobiernos totalitarios y militaristas cuando aprecian como inminente su derrocamiento, traducen su miedo y sus temores, creando, a la vez, miedo en la colectividad por efecto de las amenazas, la arbitrariedad y el desafuero, con lo cual tratan de asegurarse la sumisión pública.


