Por: Eleazar Ontiveros Paolini…
El Gobierno se queja de la supuesta violencia que promueve la oposición, dado el hecho de que en algunas ciudades se han producido asaltos a algunos comercios, cuando se sabe que se trata de reacciones del pueblo, que se suceden y se sucederán con mayor intensidad, por efecto de lo que sí es una palmaria verdad: La sistemática violencia gubernamental.
Esta afirmación se sustenta en el hecho de que la violencia la constituye no solo la agresión física sino toda acción u omisión, directa o indirecta, que por cualquier medio menoscabe y limite ilegítimamente el libre ejercicio del goce de los derechos.
Así, la violencia se identifica con un gran número de situaciones e intenciones, pero predomina concebirla como la que ejerce el hampa, prevalida de la ineficacia del Gobierno para asegurarle a los ciudadanos la integridad personal y patrimonial, a lo que se suma, en muchos casos, la venalidad en la aplicación de los castigos, generándose con ello impunidad, que como tal estimula a los delincuentes al sentirse seguros. Y esta estimulación es en sí una manifestación de violencia.
También, no actuar adecuadamente contra la delincuencia, es por omisión un hecho violento del Gobierno, con lo que se estimulan otros tipos de violencia, generándose una cadena interminable.
La violencia va más allá de la agresión física y el asesinato. La hay también cuando se presiona psíquicamente; cuando no se aplica la ley a las faltas cometidas por incondicionales; con las expropiaciones; cuando alguien como el Presidente abusa de los medios de comunicación para inducir a prácticas indeseables y estimula sectorizaciones sociales en función del odio, de la rivalidad ideológica y de la política; las cadenas que atiborran con verborrea violenta; cuando por efecto de determinadas listas se discrimina en cuanto al empleo y los contratos; cuando se limita por diferentes vías la libertad de expresión; la sumisión a la tortura de las colas y de la escasez; privar de los medicamentos necesarios; cuando se aprueban leyes como la de Inteligencia y Contrainteligencia, pretendiendo que el pueblo se convierta en un nido de soplones, generado odio y desprecio; cuando se humilla, como en el caso de PEDEVESA, robándole las prestaciones y reteniendo el dinero de la caja de ahorros a los empleados; cuando la autoridad niega algo que legalmente le corresponde a determinado sector, como sucede con las Normas de Homologación en las Universidades; con la ostentación de nuevos ricos de muchos funcionarios gubernamentales; cuando se soborna la conciencia con prebendas; cuando se pretende imponer un sistema educativo anti dialógico, intencionalmente orientado; cuando la estabilidad laborar se paga con la incondicionalidad; cuando se pretenden inhabilitaciones y se ponen presos sin pruebas válidas a candidatos de oposición; cuando se priva por ineficacia de servicios públicos vitales; y lo que es más grave, cuando a la violencia de la imposición se superpone la violencia de considerar y vender, la idea de que el hecho destructivo tiene una finalidad sobresaliente, útil y deseable.
También la hay, cuando los actos violentos son utilizados por el Gobierno para fines político-demagógicos, pues en vez de asumir responsabilidades, hace una apología de los logros de la justicia revolucionaria y de cómo todo lo malo implicado es herencia de los necios de la IV República.
