Por: Eleazar Ontiveros Paolini…
Que la OPSU pretenda arrogarse la asignación del 100% los cupos para ingreso a las universidades, nos habla de un paso más en la urgencia gubernamental de conformar un estado omnipotente y totalizador. Su intención es abarrotarlas con los bachilleres que egresan de sus misiones, sin importar la calidad requerida. Hay 80.000 cupos garantizados para la Misión Sucre, sin otro requinto que pertenecer a ésta.
Sólo intereses subalternos o una ignorancia supina puede explicar que se trate de impedir que cada universidad establezca la selección de quienes aspiran a seguir estudios en ella, en aras de que su preparación sea el único factor que la determina. Por otra parte, cada universidad, dado que conoce a cabalidad sus recursos humanos, físicos y presupuestarios, es la única que puede determinar el número de bachilleres de nuevo ingreso a quienes atender apropiadamente. Y no se trata de una aspiración. El Aparte 9 del Art. 26 de la Ley de Universidades, establece que el Consejo Universitario tiene la potestad de “Fijar el número de alumnos para el primer año y determinar los procedimientos de selección según las pautas que establezca”. Las atribuciones que esa misma Ley le da a la OPSU, no muestran ni por asomo que ésta tenga atribuciones relacionadas con el cupo, a lo cual se suma que la CRBV establece en su Art. 137 que “La Constitución y la ley definen las atribuciones de los órganos del poder público, a las cuales deben sujetarse las actividades que realicen”.
La política de admisión es responsabilidad de cada Universidad. Ella debe fijar los requisitos, que también por su cuente la OPSU ha establecido, dándole sólo un 50% valoración académica. La institución debe darle un peso cuasi determinate a los conocimientos y luego de relacionarlos con la condición socioeconómica y la territorialidad, hacer la asignación con base a su capacidad. La OPSU ha dejando de lado estudiantes de instituciones privadas, con promedios altísimos, abriéndole el compás a lo que se saben afectos al proceso y que mañana serán votos estudiantiles. Lo que debería el Ministerio es equiparar la deficiente Educación Pública, con calidad a la que ofrecen reconocidos institutos privados. Por otra parte, éstos absorben una matrícula elevada, aliviándo la presión que ejerce el alud de aspirantes a estudios primarios y secundarios. La Universidad no debe ceder. Ya se cometió la debilidad de darle a la OPSU el 30% de los cupos. El 70% debe asumirlo cada institución, enfrentando con ello la arbitrariedad.