Por: Eleazar Ontiveros Paolini…
Cuando se genera alguna controversia entre la intención centralista del Gobierno y el interés democrático de la descentralización, tal como sucede en la actualidad con relación a los cupos universitarios, el primero, invariablemente, trata de justificar su intransigencia echando mano del argumento referido a la prioritaria importancia que para la revolución tiene la inclusión. Cuando argumenta sobre su obligatoriedad, parece que creyera que se trata de un mandato sobrenatural, como si en todos los casos no existieran condicionantes terrenales de todo tipo.
La inclusión es el acto de incluir, de sumar a alguien dentro de otra cosa, espacio o circunstancia específica. Por lo tanto, la exclusión será la acción de quitar a algo o a alguien de un lugar, rechazar, descartar o negar posibilidades. Ahora bien, la inclusión total, absoluta, no es posible en ningún caso. Factores biológicos, económicos, geográficos, religiosos, políticos, intelectuales, educativos, mentales y hasta legales, la limitan casi siempre. A esto se suma la exclusión voluntaria. También se da el caso de que no se conozcan o no haya interés por las ofertas, tal como sucede con el ingreso a la escuela primaria, a pesar de que se le considera obligatoria, es decir, que se trata de una inclusión impuesta.
Y el mayor condicionante está dado por la imposibilidad de recursos de todo tipo: humanos, económicos, de espacio, capacidad administrativa, etc. que determinan limitaciones y obligan a diseñar pautas de priorización y selección. Por ejemplo, se habla de un programa de inclusión revolucionaria en cuanto a la vivienda; pero ¿cuántos de los que aparecen en los listados y han hecho peticiones justificadas la alcanzan? Muchos quedan excluidos porque los recursos económicos y posibilidades humanas de construcción son limitados. Igual pasa con algo que es más accesible a la totalidad: la educación primaria y secundaria. Sin embargo lograr que el 100% haga tales estudios es imposible.
Y respecto a las universidades, que como tales ofrecen estudios complejos, decisorios en cuanto al futuro de quienes los hacen, a su participación responsable en la construcción del país y a la posibilidad de prestar servicios con sustentación científica, a las limitaciones ya anotadas, se le pretende agregar, por pura demagogia, tener que recibir oleadas de estudiantes sin ningún tipo de discriminación en cuanto sus conocimientos básicos, reforzando con ello el plan colectivo de banalización que sigue el Gobierno, obligándolas a atender, con consecuencias deducibles, a un número mayor de lo debidamente planificado. A muchos se le eriza la piel cuando se asegura que las Universidades existen para la formación de una élite; una élite intelectual, y que esa posibilidad empieza con la selección de quienes en ella ingresan. Piensan que su existencia aleja de la enfermiza utopía de la igualdad. Pero las élites son y serán. Se trata de estratos superiores al de la mayoría, reconocidos como tales: hay una élite de beisbolistas, de escritores, de políticos, de cocineros, de ladrones, de artistas, etc. Y la más sobresaliente por sus posibilidades de conducción social acertada, la élite intelectual, sustentada en el conocimiento, objetivo esencial de la universidad.


