Por: Eleazar Ontiveros Paolini…
En general se considera, aunque no haya hasta el momento precisiones definitorias que sirvan como pauta de apreciación colectiva, que las elecciones del 6 de diciembre determinaron una solución de continuidad entre una Venezuela que se desvanece, que se le va de las manos a los chavistas por su infinidad de errores, y otra que emerge con nuevas perspectivas, sustentadas en un bagaje ideológico, sustancialmente democrático, obligado sin apelaciones de ninguna naturaleza a ser eficaz y eficiente, so pena de regresar a lo superado, máxime cuando a esta última circunstancia aspira un partido supuestamente socialista, sólidamente conformado por más de 5 millones de militantes, es decir, obviamente mayoritario.
Pero como dice el dicho: “Todo el que se está ahogando patalea”. Y una manifestación objetiva de tal pataleo, es que la actual Asamblea Legislativa, en los estertores de su extinción y sustentándose en la acostumbrada arbitrariedad anticonstitucional, decidió con mayoría simple, no con las dos terceras partes de los diputados como es lo establecido por la Carta Magna, nombrar a nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, pretendiendo con ello evitar que la nueva Asamblea, la que toma posesión el 5 de enero, protagonizara tal decisión. Para completar, a los magistrados que se cambiaron, les fue anticipada su jubilación, lo que sin duda es un acto flagrante de corrupción.
No es un secreto que a los magistrados nombrados los pretenden fámulos, es decir, sumisos servidores del Ejecutivo, con lo cual se genera un ambiente que facilitaría entorpecer las leyes que produzca la nueva Asamblea. Si esa nuestra apreciación no es distorsionada, no hay la menor duda que la nueva Asamblea debe tomar la determinante decisión de una vez instalada, declarar la nulidad del proceso seguido para las designaciones y, en consecuencia, reabrirlo de nuevo, en el entendido de que se espera sea ahora completamente democrático, ceñido estrictamente a lo pautado y sin ningún favoritismo; con objetividad
La Constitución es clara: los magistrados deben ser nombrados de entre los postulados por la mayoría calificada de las 2/3 partes de la Asamblea, lo cual no fue acatado por la actual. Hacemos énfasis en este aspecto, de paso trascendente, para que se empiece a demostrar, con los nuevos nombramientos, el interés y la voluntad ineludible de acatar estrictamente lo establecido en la Constitución y la leyes, demostrándose con ello el talante democrático que el país aspira se siga de ahora en adelante en los procedimientos y toma de decisiones.
