Realidades en la frontera Táchira-Norte de Santander ante la crisis económica venezolana (I Parte)

La política de frontera forma parte de la política doméstica y exterior de un país y es producto de una relación binomial que abarca el límite mismo y la zona fronteriza. Cabe destacar que en Venezuela como en otros países de América Latina, el concepto de frontera está relacionado a los procesos históricos de delimitación territorial; es decir está asociado al límite. Al respecto, Venezuela tiene límites territoriales con Brasil, Guyana y con Colombia, con quien comparte 2.219 kilómetros que se localizan en los estados Apure, parte de Amazonas, Táchira y Zulia y que constituyen el 35,8% del territorio nacional. Específicamente, el estado Táchira comparte con el Departamento Norte de Santander 477 kilómetros y fue considerada hasta 2015 (cuando se produjo el cierre del límite internacional) la frontera viva más importante de Sudamérica, por el intenso intercambio comercial, financiero y de personas.

El Estado venezolano desde 1999 ha construido todo un andamiaje institucional para atender de forma integral a las fronteras y en la Constitución Nacional se hace mención, explícitamente, en los artículos 15, 156, 327 y 329. Del mismo modo, en diciembre de 2015 fue aprobada la Ley de Fronteras. No obstante, la realidad de la zona escapa a esta normativa institucional; ya que el ejercicio de la política pública en los territorios fronterizos es significativamente complejo y multifactorial. Por tanto, obliga a considerar variables como la porosidad de la frontera, las irregularidades del terreno, el alto nivel de desempleo, el diferencial cambiario entre ambos países y las asimetrías en cuanto a visión de país, políticas sociales y económicas.

En tal sentido, la normativa nacional en materia de política exterior y de fronteras no ha contribuido a minimizar la problemática generada por las divergencias políticas presentes durante mucho tiempo entre ambos gobiernos y por la visión antisistémica de la integración del gobierno venezolano; lo cual no ha fomentado el desarrollo territorial en estas espacios fronterizos; ya que la dinámica propia de la zona ha desbordado la institucionalidad formal, especialmente, en los últimos años que se ha profundizado producto de la grave crisis política, económica, social e institucional venezolana, que ha obligado a millones de venezolanos a migrar en búsqueda de mejores oportunidades y que se ha hecho más evidente en estas zonas porque es un punto importante de salida hacia otros destinos internacionales; que ha permitido que un número significativo de venezolanos hayan utilizado, principalmente, el eje fronterizo entre el estado Táchira y el Departamento Norte de Santander como canal de escape; primero, hacia el Sur y luego, hacia el norte del continente.

En este último caso, las autoridades panameñas estiman que entre el 01/01/2023 y el 28/08/2023 han pasado por la Selva del Darién cerca de 200.000 connacionales. Esto ha conllevado a una severa crisis humanitaria en este eje fronterizo, producto del tránsito permanente de personas, que en muchos casos no cuentan con recursos económicos y que les obliga a pernoctar en esta zona de forma temporal y otras veces por un largo periodo, contribuyendo a colapsar los pocos y deteriorados servicios públicos disponibles, fomentar el tráfico ilícito de mercancías, la ilegalidad, la explotación laboral, la pobreza, la marginalidad y la trata de personas.

En términos económicos la zona presenta un patrón sistemático de incentivos hacia actividades ilegales como contrabando y tráfico de drogas, que se ha agravado en los últimos años y ha generado un deterioro significativo del aparato productivo y del comercio formal venezolano. Esto, en buena medida por la disminución del empleo formal, el proceso hiperinflacionario y la  tendencia a la pérdida continua del valor del bolívar; lo cual ha acelerado la dolarización en la zona, desplazándolo por el peso colombiano y el dólar estadounidense como monedas de intercambio.

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, se denota una situación compleja y conflictiva, básicamente debido a los desencuentros entre ambos gobiernos y al endurecimiento del límite internacional, que ha generado una profundización de los problemas económicos, sociales e institucionales y que ha conducido a un mayor empobrecimiento y a un considerable menoscabo de la calidad de vida de los pobladores y la flagrante violación de sus derechos humanos. Aunque si bien es cierto que a partir de la toma de poder de Gustavo Petro en 2022, se ha iniciado un proceso de diálogo bilateral, se ha acordado la flexibilización comercial y el progresivo movimiento de personas, bienes y vehículos. No obstante, es necesario llevar a cabo acciones para atender la crisis económica, social e institucional presente en esta zona. En tal sentido, este será un tema que abordaremos en próximas entregas.

Econ. Dyanna M. Ruíz U.

Economista. MSc en Fronteras e Integración. Editora-Jefe de la Revista Economía, IIES, FACES, ULA.

Econ. Betsabé A. Gómez O.

Economista Universidad de Los Andes e Investigadora.

10-09-2023